Gases y palos para avalar los despidos

El Gobierno terminó el jueves en PepsiCo el trabajo que había empezado a hacer cuando convalidó el procedimiento preventivo de crisis del que se valió la empresa para cerrar su planta de Vicente López y dejar a sus 600 empleados en la calle: desalojó a los trabajadores que tomaban la fábrica en reclamo de la continuidad en sus puestos. La administración macrista apeló para ello a los palos y los gases de la infantería de la Policía Bonaerense, que arremetió con violencia contra los despedidos en el marco de un operativo que fue seguido a cada momento por la gobernadora María Eugenia Vidal, según reveló su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, quien reivindicó el accionar de la fuerza de seguridad y dijo que «la policía actuó como tiene que actuar». Dirigentes políticos, sociales y sindicales repudiaron la represión y responsabilizaron a Mauricio Macri, quien en una nueva muestra de que los conflictos laborales no son prioridad en su agenda miraba fotos en el Museo de la Casa Rosada mientras la policía cargaba contra los trabajadores. El jueves mismo hubo varias manifestaciones en solidaridad con los despedidos de PepsiCo y la CGT anunció que hará una movilización de protesta el 22 de agosto.

Carta de las trabajadoras de Pepsico: http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/carta-de-las-trabajadoras-de-pepsico-la-gobernadora-maria-eugenia-vidal

La represión en fotos: https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/68997-la-represion-a-pepsico-en-fotos 

El conflicto

La represión en PepsiCo cierra el círculo abierto el pasado 20 de junio. Ese día la empresa bajó la persiana de la fábrica y se los comunicó a sus empleados con un cartel en el portón de ingreso en el que les informaba del «cese de operaciones» y los «libraba de brindar servicio».

En ese mismo momento los despedidos montaron una vigilia en la puerta de la planta para defender sus puestos de trabajo. Fue la primera de una serie de medidas de lucha que ahora prometen seguir ya fuera de la fábrica. «Nos desalojaron pero la lucha va a seguir. Esto no se termina acá, nos van a ver en (la planta de PepsiCo de) Mar del Plata y en la Panamericana», avisó Camilo Mones, delegado de los trabajadores.

PepsiCo cerró su planta de Vicente López en el contexto de caída del empleo y de la actividad industrial que se registra como resultado de las políticas del Gobierno. Con otros establecimientos en San Luis, La Rioja y Mar del Plata, argumentó que razones operativas y de logística la obligaban a relocalizar su producción. Los empleados advirtieron desde un comienzo el objetivo no era otro que reducir personal y avanzar con la flexibilización laboral.

La empresa siguió el manual de todo conflicto y apostó al paso del tiempo para desgastar a los trabajadores. A su favor jugó el Ministerio de Trabajo, que avaló el procedimiento preventivo de crisis que presentó la empresa para justificar los despidos y no dio respuestas a los empleados, quienes denunciaron la maniobra como «ilegal y fraudulenta».

En sintonía con PepsiCo, el ministro Jorge Triaca, de quien ahora piden que vaya a rendir cuentas del caso en el Senado, explicó entonces que «el proceso de producción de la planta de Vicente López está migrando hacia la planta que la empresa tiene en Mar del Plata. La compañía nos dice que va a incorporar 150 trabajadores ahí». Los despedidos tampoco consiguieron nada cuando recurrieron en busca de una solución a la intendencia de Vicente López, conducida por Jorge Macri, primo del Presidente.

La represión

En los últimos días, la represión y el desalojo parecían anunciados. Los empleados que resistían los despidos dentro de la planta habían pedido por ello que fuesen al lugar a apoyarlos.

Durante la madrugada del jueves hubo un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la planta que dio la pauta de lo que vendría. Del operativo participaron, según precisó después Ritondo, un centenar de gendarmes y 300 policías bonaerenses.

Amparados en la orden de desalojo de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, fueron los miembros de la infantería de la Policía Bonaerense quienes avanzaron minutos después de las ocho de la mañana sobre los trabajadores y los manifestantes. Los policías pegaron con sus palos, arrojaron gas y rompieron el campamento que los despedidos habían montando fuera de la fábrica. «Lo único que queremos es trabajar. No queremos que nos peguen. Somos mujeres y estamos pidiendo por nuestro trabajo», imploraban las trabajadores ante la violencia policial.

«Llegaron y avanzaron sin mediar palabras. Nos empezaron a golpear y a tirar gas pimienta», relató el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, uno de los políticos que se acercó a acompañar a los trabajadores. Entre otros, también estaban Myriam Bregman y Victoria Moyano, de ese mismo espacio; Leonardo Grosso, del Movimiento Evita; y Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad. Dialogaron con el jefe del operativo para tratar de que no reprimieran, pero no lo consiguieron.

Tras despejar la calle, los policías forzaron el ingreso y fueron por quienes estaban dentro. «Entraron rompiendo todo. Vidrios, puertas y ventanas. Palos y gases. Y amenazas. Amenazas de todo», relató Mones.

Frente al avance policial la veintena de despedidos que tomaba la planta se resguardó en una de las terrazas, desde donde arrojaron algunos elementos contra los infantes de la Bonaerense. «Sólo queríamos negociar. Pedíamos trabajo», destacó el delegado gremial, quien responsabilizó de la violenta represión a «la gobernadora Vidal, que mandó a reprimir a las obreras; porque el 70 por ciento del personal son mujeres».

Una de las razones por las cuales los trabajadores decidieron abandonar el lugar fue porque los policías pisaron en su avance un caño de gas y lo rompieron. Fue un momento dramático y quedó registrado en una nota que Mones le estaba dando a C5N. «Es un caño de gas presurizado. Bajen. Vamos a volar todos», se lo escuchó gritar con desesperación al delegado, que cortó abruptamente la entrevista.

«La policía actuó como tiene que actuar», justificó después Ritondo la represión y argumentó que se cumplió la orden impartida por Mentasty, de cuyo desempeño en el caso los diputados bonaerenses del Frente para la Victoria sospechan por «sus vínculos con Cambiemos». Como el jefe del operativo, que en medio del mismo afirmó «acá nadie le está pegando a nadie», el ministro de Seguridad también pasó por alto las imágenes que mostraron la brutalidad policial y el hecho de que la cantidad de gases que se arrojaron obligó a evacuar un jardín de infantes y un colegio primario vecinos a PepsiCo. En defensa de la fuerza de seguridad, acusó de violentos a los despedidos, habló de varios policías heridos y consideró que se «actuó acorde a los protocolos».

Ritondo reveló que Vidal siguió las alternativas de la represión en todo momento. «A la gobernadora son temas que le preocupan, por eso la tuve al tanto desde las primeras horas, ni bien se dictó la orden de desalojo», contó Ritondo. Macri, por su parte, dedicó el primer tramo de la mañana a recorrer la muestra de fotos que se montó en el Museo de la Casa Rosada por el 70 aniversario de la ley que habilitó el voto femenino.

La reacción

La represión dio lugar a la convocatoria a la tercera movilización de la CGT contra el gobierno de Macri y a varias reacciones ayer mismo. También fue repudiada por políticos de la oposición, dirigentes sociales y organismos de derechos humanos.

La CGT tomó la decisión de movilizar el próximo 22 de agosto durante su reunión de Consejo Directivo. En ese encuentro se resolvió también que en el plenario nacional del próximo 28 de julio se presentará un «documento crítico» a las políticas de Macri.

«El diálogo está fracasando», advirtió el líder del gremio de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, quien enmarcó la represión en PepsiCo en «una cadena de acontecimientos que empezó en el Congreso con la Escuela Itinerante» e hizo responsable al Gobierno de una eventual «escalada de violencia». «Vamos de mal en peor», sintetizó Carlos Acuña, que comparte con Schmid y Héctor Daer el triunvirato que conduce la CGT.

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) también le apuntaron a la administración macrista. «Brindan protección al vaciamiento de la empresa por parte de la multinacional que ahora importa desde Chile los productos que se hacían acá. Una vez más, palos para los trabajadores y gobierno de los ricos para los ricos», afirmó el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Pablo Micheli, de la CTA Autónoma, escribió en Twitter: «Las multinacionales te echan a la mierda del trabajo, l@s trabajador@s defienden dignamente la comida de sus hijos y Macri lo resuelve con violencia.»

Tras la represión, los trabajadores el tren Sarmiento realizaron un corte de vías por algunas horas en solidaridad con los empleados de PepsiCo. Los estatales de ATE sumaron a la masiva marcha que hicieron al Ministerio de Modernización a varios los despedidos y se solidarizaron con ellos y con los cesanteados de Atucha.

También hubo despedidos de PepsiCo en la habitual ronda de los jueves que realizan la Asociación Madres de Plaza de Mayo y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

La agrupación Naranja del sindicato de la Alimentación y el Partido Obrero, el MAS y la Izquierda al Frente por el Socialismo también se movilizaron a la Plaza de Mayo «en repudio al ajuste y la represión de Mauricio Macri».

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/50046-gases-y-palos-para-avalar-los-despidos