A su regreso de la promoción mercantil de México por China y Australia -una especie del Buen Fin globalizado de nuestra economía doméstica- Enrique Peña Nieto condenó los actos de violencia y vandalismo por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Aseguró que su gobierno agotará el diálogo para evitar el […]
A su regreso de la promoción mercantil de México por China y Australia -una especie del Buen Fin globalizado de nuestra economía doméstica- Enrique Peña Nieto condenó los actos de violencia y vandalismo por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Aseguró que su gobierno agotará el diálogo para evitar el uso de la fuerza para restablecer el orden, pero que el Estado está legítimamente facultado para hacer uso de ésta. Nos preguntamos: ¿Con qué criterios Peña Nieto considera que el diálogo estaría agotado? ¿Qué es lo que considera como facultades legítimas? ¿Se trata de una amenaza abierta para reprimir cualquier manifestación pacífica de protesta estudiantil y popular? ¿Gasolina para apagar el fuego?
La prioridad del gobierno actual no es la búsqueda de una paz fincada en el bienestar social y en la democracia sino una política económica que siga redituando grandes ganancias a los grandes capitales locales y extranjeros ¿Un régimen político ilegítimo como resultado de un proceso electoral viciado y muy cuestionable tiene la legitimidad para hacer lo que pretende hacer? Más aún, aunque tuviera alguna legitimidad, ¿es necesario hacer uso del monopolio de la violencia para reestablecer «el orden»? ¿Es qué ha habido orden alguno? ¿Se puede reestablecer algo que no existe desde hace décadas? Un gobierno sin reconocimiento ciudadano difícilmente puede apelar a la legitimidad. Desde la visión del Estado todo se puede justificar, hasta la aplicación a escala nacional de la llamada Ley Bala, como la del gobernador poblano asesino. También habría Razón de Estado para desatar muchas represiones como la que Peña Nieto realizó como gobernador del Estado de México contra los pobladores de San Salvador Atenco hace ocho años. Pero al desatarse la violencia «legítima» del Estado también se estaría «legitimando» los crímenes de Estado.
La puesta en escena de una política de mano dura nos haría regresar a un ominoso pasado diazordacista típico de un régimen priista genocida intolerante a cualquier manifestación contestataria estudiantil y popular, ésta sí por razones muy legítimas. Existe una profunda crisis política la cual no ha sido provocada por la sociedad civil, y una salida muy «fácil» es el recurso de la fuerza bruta con los aparatos represivos. Peña Nieto reconoce que hay quienes se han manifestado «en paz y expresando verdaderos sentimientos de dolor, con quienes nos hemos solidarizado»; pero también afirma que «esto se complica cuando quienes expresando solidaridad lo hacen fuera del orden… no podemos aceptar [a quienes] han recurrido al uso de la violencia, al ataque a las instituciones». Es necesario tener muy clara esta retórica. El problema no reside entonces en quienes protestan legítimamente y de manera pacífica, es decir, una mayoría participante en las movilizaciones estudiantiles y populares, sino en quienes cometen acciones «violentas» y vandálicas. Por ejemplo, el caso de la quema de la puerta de Palacio Nacional, pero es fehaciente que fue una acción perpetrada por agentes gubernamentales con el propósito de hacer creer a la sociedad que este vandalismo es realizado por estudiantes extremistas. La intención perversa es descalificar las protestas legítimas. ¿Se trata de criminalizar más toda protesta social?
Se puede hacer la conjetura de que en los últimos años ha habido acciones criminales que el propio Estado no puede ejecutarlas abiertamente por razones políticas -apariencia democrática- y que las asigna a grupos paramilitares o a sicarios de los cárteles narcos complices. Este es un hecho histórico muy bien documentado en todo el mundo y en México especialmente con los «Halcones» paramilitares durante el echeverriato y su crimen impune en el Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971. ¿Acaso no entregó la policía de Iguala a los 43 normalistas de Ayotzinapa a los sicarios de los llamados Guerreros Unidos para su desaparición y su probable asesinato? En muchas ocasiones el «trabajo sucio» lo realiza las mafias del crimen organizado a cambio de favores políticos otorgadas por ciertas esferas del poder dominante. Cuando no puede entrar en escena el monopolio de la violencia «legítima» entra en la escena la violencia mafiosa. A final de cuentas las máscaras pretorianas encubren el mismo rostro de la violencia y del terror del poder y del dinero. El capital también así se reproduce históricamente.
Enrique Peña Nieto afirmó que «las manifestaciones violentas realizadas en los últimos días por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos «pareciera» que responden a un interés de generar desestabilización, desorden social y atentar contra el proyecto de nación» impulsado por su administración. Sin embargo, señaló que el gobierno de la República está firme en la construcción de su proyecto y aseguró: «No nos vamos a detener». Más aún: «pareciera que algunas voces unidas a esta violencia y a esta protesta fueran aquellas que no comparten este proyecto de nación, que quisieran que el país no creciera, que frenara su desarrollo». [MILENIO, 19/11/14]. Muy cierto, habemos millones de mexicanos que no compartimos en absoluto este proyecto oligárquico neoliberal despótico e injusto, además, el país hace mucho tiempo que está desestabilizado por una crisis sistémica que deriva en un desorden social muy violento por este «proyecto de nación» que no es tal, sino el de un proyecto mercantilista subordinado a los grandes capitales, que atenta contra el pueblo.
Millones de mexicanos apelamos a un derecho legítimo constitucional: «El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno».
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