Los prefectos de cuatro de los nueve departamentos de Bolivia, entre ellas la rica y poderosa Santa Cruz, llamaron este lunes a la «desobediencia civil» contra un recorte de su presupuesto anual decidido por el presidente Evo Morales para financiar una renta para ancianos. Los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando instruyeron a […]
Los prefectos de cuatro de los nueve departamentos de Bolivia, entre ellas la rica y poderosa Santa Cruz, llamaron este lunes a la «desobediencia civil» contra un recorte de su presupuesto anual decidido por el presidente Evo Morales para financiar una renta para ancianos.
Los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando instruyeron a sus regiones para «iniciar la resistencia democrática que incluye categoría de persuasión y protesta, desobediencia civil e intervención no violenta» de oficinas públicas, según un documento divulgado este lunes.
La medida sigue a la determinación de la administración Morales de recortar hasta en un 56% los presupuestos regionales provenientes de un impuesto a los hidrocarburos (IDH) para financiar el bono para los ancianos mayores de 60 años. Los dineros que se recortan a las prefecturas fueron redistribuidos además entre los municipios, en una aparente decisión para restar poder a los nueve departamentos, seis de los cuales -entre ellos las cuatro firmantes de la desobediencia civil- son firmes opositores a Morales.
Las autoridades regionales, que deliberaron entre domingo y lunes, acordaron también «iniciar todas las demandas legales contra las autoridades del Gobierno que hayan incumplido las normas vigentes sobre este asunto, pretendiendo confiscar los recursos del IDH a todos los departamentos del país».
Además los prefectos de esas cuatro regiones, puntales de la oposición a Morales, acordaron también aprobar una «carta constitucional por todas las instancias sociales que conforman nuestros departamentos, que normará el régimen descentralizado y autonómico».
Los prefectos rebeldes advirtieron también que en caso «de aprobarse una nueva Constitución Política del Estado al margen de la Ley (en el marco de la Asamblea Constituyente), desconoceremos su vigencia asumiendo la desobediencia civil frente a ella».
Los cuatro prefectos, ligados a la oposición de derecha, respaldaron también el pedido de organizaciones civiles del departamento de Chuquisaca de fijar en su capital, Sucre, la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en desmedro de La Paz.
Fuertemente polarizada la Constituyente intenta rearticularse y reiniciar este lunes sus deliberaciones luego de tres meses de receso forzado a causa de sus desaveniencias internas.
El documento demanda «a la Asamblea Constituyente para que en su sede legal (Sucre) se debata todo los asuntos sin exclusión alguna (entre ellas el tema de la sede de los poderes) conforme a la ley. Cuando impera la razón y el derecho, no habrá intento antidemocrático que lo pueda vencer».
«La democracia y el ansia de libertad de mujeres y hombres bolivianos terminarán imponiéndose al totalitarismo. Nuestros pueblos y las naciones del mundo pueden estar seguros, la paciencia tiene un límite y el límite lo ha fijado el pueblo», señaló el documento.
El pronunciamiento sigue a una denuncia del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, de que el gobierno del presidente Evo Morales «planea un autogolpe» y pretende «declarar un Estado de sitio para meternos presos».
El prefecto de Santa Cruz es un fuerte opositor a Morales y se caracteriza por sus duros ataques al gobierno. Hace poco llamó «macaco mayor» al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por su supuesta injerencia en asuntos bolivianos y esta semana calificó de «estúpido» al ministro de Hacienda, Luis Arce.
Los departamentos que ahora declaran la desobediencia civil han chocado con el presidente Morales desde que éste asumió el mando en enero de 2006 debido a que éste se opone a un proceso de autonomías políticas y económicas que que estas cuatro regiones reclaman.