El gobierno boliviano presentará hoy una querella contra el acaudalado empresario Branko Marinkovic por el atentado al gasoducto Yacuiba-Río Grande, en Tarija (sur), en septiembre pasado. De acuerdo con el fiscal Isabelino Gómez, la acusación que pesa sobre Marinkovic, presidente del comité cívico de Santa Cruz, incluye delitos de terrorismo, sedición y conspiración, entre otros. […]
El gobierno boliviano presentará hoy una querella contra el acaudalado empresario Branko Marinkovic por el atentado al gasoducto Yacuiba-Río Grande, en Tarija (sur), en septiembre pasado.
De acuerdo con el fiscal Isabelino Gómez, la acusación que pesa sobre Marinkovic, presidente del comité cívico de Santa Cruz, incluye delitos de terrorismo, sedición y conspiración, entre otros.
El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, precisó a Prensa Latina que ahora la Fiscalía tiene la obligación de iniciar las investigaciones para establecer las responsabilidades individuales.
Marinkovic prepara un viaje a Europa, pero antes deberá enfrentar a la justicia por esos hechos violentos que antecedieron a lo que el Ejecutivo calificó como un golpe de Estado cívico.
Entre las pruebas presentadas al Ministerio Público sobresalen declaraciones del cívico de la localidad de Entre Ríos, Domingo Moreno, que confirman la participación ideológica y material del empresario en el sabotaje.
Marinkovic pasó a la clandestinidad y se desconoce su paradero después de que la fiscalía le abriera una investigación, en tanto la agrupación extremista Unión Juvenil Cruceñista, otros dirigentes opositores y partidarios del gobierno le solicitaron presentarse ante la justicia.
El ministro de gobierno, Alfredo Rada, señaló que «cuando llega el momento de rendir cuentas con la justicia, lo fácil es ocultarse», mientras el senador por el gobernante Movimiento al Socialismo Félix Rojas dijo que el esconderse y huir es admisión de culpa.
Según estadísticas oficiales, en agosto y septiembre pasados la toma violenta y saqueo de instalaciones públicas causaron a Bolivia daños económicos por 200 millones de dólares.