El gobierno boliviano recuperará el control de diversas empresas privatizadas en la pasada década, con la adquisición, bajo diversas modalidades, de paquetes de acciones que le aseguren la mayoría propietaria de esas compañías. El objetivo, dice en Plan Nacional de Desarrollo recientemente anunciado, es que el Estado tenga 51 por ciento de las acciones de […]
El gobierno boliviano recuperará el control de diversas empresas privatizadas en la pasada década, con la adquisición, bajo diversas modalidades, de paquetes de acciones que le aseguren la mayoría propietaria de esas compañías. El objetivo, dice en Plan Nacional de Desarrollo recientemente anunciado, es que el Estado tenga 51 por ciento de las acciones de las empresas, entregadas a transnacionales a cambio de promesas de inversión, modalidad denominada «capitalización».
Según el ministro de Planificación y Desarrollo, Carlos Villegas, las capitalizadas cuyo control recuperará el Estado son las empresas Nacional deFerrocarriles (ENFE), Nacional de Electricidad (ENDE) y Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), así como las petroleras Chaco y Andina, y la transportadora de hidrocarburos Transredes. Respecto a la compañía Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), el funcionario indicó que la Prefectura de la región central de Cochabamba tomó la decisión de hacerse cargo de la línea insignia, pero en medio de crisis por falta de liquidez, por lo que el formato de administración será diferente.
Villegas explicó que los paquetes accionarios que comprará el Estado serán de entre 2 y 3 por ciento y adelantó un plan de pagos a las compañías que tienen esas acciones, de tal manera que no exista una carga onerosa para el país. Esas adquisiciones se sumarán a 49 por ciento de los títulos de cada una de las compañías, que pertenecen al país pero fueron entregado a financieras privadas para su administración, y que en adelante serán manejados por el estado Esa medida permitirá al gobierno, como accionista mayoritario, designar directores en las empresas, al recuperar y ejerce el control de la gestión empresarial y el beneficio del excedente económico, agregó el ministro.
El esquema fue anunciado inicialmente para Chaco, Andina y Transredes, con la nacionalización de los hidrocarburos de mayo pasado y la transferencia de los paquetes accionarios está pendiente de negociaciones con las transnacionales titulares de las acciones. A pesar de estos cambios en la estructura accionaría y la propiedad en las siete empresas capitalizadas, señaló el ministro, se mantendrá la vigencia de un subsidio anual a los ancianos, que se financiaba con las utilidades de la porción de acciones pertenecientes al país en cada empresa privatizada.
Al recuperar esas empresas, el gobierno decidió eliminar el anterior Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), creado con la «capitalización» y formado por superintendencias sectoriales, que pasarán a ser direcciones generales de los ministerios de cada área. De acuerdo con Villegas, la ley que terminará con las superintendencias de Hidrocarburos, Telecomunicaciones, Transportes y Electricidad, estará lista antes de fin de año y la nueva estructura comenzará a funcionar en enero de 2007. La única entidad reguladora que sobrevivirá es la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, que no fue creada con la capitalización, sino viene de procesos anteriores, observó Villegas.