La Paz, julio 2, 2004.- Los principales gremios de trabajadores de la prensa de Bolivia denunciaron hoy que el gobierno del neoliberal Carlos Mesa amenaza y atenta contra la libertad de información y expresión de los ciudadanos bolivianos. En una carta pública enviada al presidente Mesa, las organizaciones de los trabajadores de la prensa denunciaron […]
La Paz, julio 2, 2004.- Los principales gremios de trabajadores de la prensa de Bolivia denunciaron hoy que el gobierno del neoliberal Carlos Mesa amenaza y atenta contra la libertad de información y expresión de los ciudadanos bolivianos.
En una carta pública enviada al presidente Mesa, las organizaciones de los trabajadores de la prensa denunciaron el acoso y las presiones oficiales en contra de la línea informativa independiente de los medios de comunicación.
Los periodistas reclamaron también por la serie de exabruptos y acusaciones contra los trabajadores de prensa de varios medios de comunicación masiva, a quienes las autoridades de gobierno habían acusado de estar al servicio de un supuesto plan para mantener las leyes que puso en vigencia el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en el área de hidrocarburos.
«Los periodistas no inventamos que su Delegado para la Revisión y Mejora de la Capitalización, Francesco Zaratti, cobró o cobra» de las petroleras, a través de lo que queda de la empresa estatal del petróleo, YPFB, más de cinco mil dólares mensuales, pese a los anuncios de austeridad y de que ningún funcionario público puede percibir honorarios superiores a los del Presidente.
«Tampoco inventamos que en el Ministerio de Desarrollo Económico ha sido contratado, a partir del 2 de enero de este año, el ex Viceministro de Coordinación gubernamental de Gonzalo Sánchez de Lozada, con sueldo similar al de Francesco Zaratti, para negociar la nueva Ley de Hidrocarburos con las empresas petroleras, como reza parte de su contrato», indica la carta de la Confederación de Trabajadores de la Prensa y de la Asociación Nacional de Periodistas.
Las dos organizaciones advirtieron que en el gobierno de Mesa hay «peligrosos sesgos de autoritarismo, intolerancia y prepotencia para con el trabajo periodístico y para con los derechos ciudadanos de información y expresión».