El presidente de Bolivia, Carlos Mesa no gobierna, tal vez administra. En 15 meses de gestión gubernamental tambaleó al ritmo de las presiones sociales de los sectores más antagónicos del país y se pasó más tiempo resolviendo conflictos antes que conducir la política de Estado. Luego de un mes de conflictos sociales que se iniciaron […]
El presidente de Bolivia, Carlos Mesa no gobierna, tal vez administra. En 15 meses de gestión gubernamental tambaleó al ritmo de las presiones sociales de los sectores más antagónicos del país y se pasó más tiempo resolviendo conflictos antes que conducir la política de Estado.
Luego de un mes de conflictos sociales que se iniciaron a principios de año-sobretodo en Santa Cruz- el 3 de febrero, el Jefe de Estado posesionó a un nuevo gabinete, el tercero de su gestión, cambiando a ocho de 15 ministros y desafiando abiertamente a los movimientos sociales.
La economía boliviana y el problema de la tenencia de la tierra se encuentran en manos de personajes ligados al empresariado de Santa Cruz, el departamento que presionó por la vigencia de gobiernos autonómicos; los servicios de salud pretendieron estar controlados por una militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) -el partido del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada- sin embargo, la ministra duró en su cargo tan sólo 24 horas por la presión social; la participación popular está manejada por una ex militante del Movimiento Bolivia Libre (MBL), partido aliado en todos los gobiernos del MNR; los parlamentarios «patrióticos» (léase tránsfugas) también tienen sus ministerios y, así la lista continúa, para comprender que el presidente Mesa optó por rodearse de gente comprometida con los empresarios, las transnacionales y los partidos tradicionales.
«Este gobierno representa a la casta política tradicional, al poder empresarial y oligárquico del país y al intento de rearticular la megacoalición de Sánchez de Lozada. Los movimientos sociales rechazamos a este nuevo gabinete porque tiene la intención de desconocer la agenda de octubre de 2003», aseguró el diputado y presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales.
La agenda de octubre contempla como prioridades la Asamblea Constituyente, una nueva Ley de Hidrocarburos y el juicio de responsabilidades contra el ex presidente «Goni» Sánchez de Lozada y sus ministros.
El dirigente de la COB, Jaime Solares, dijo que el nuevo gobierno desafía al pueblo boliviano y confirma que «Mesa es Goni y Goni es Mesa», el representante de El Alto, Roberto de la Cruz, afirmó que «el gabinete es un reciclaje de los partidos tradicionales cuya legitimidad ya la han perdido» y el vocero de la Coordinadora del Gas, Oscar Olivera, aseguró que la designación de los nuevos ministros es el reflejo de un gobierno que ha optado por llevar adelante una agenda contraria a los intereses populares.
De la «autonomía» al cuoteo
La nueva crisis gubernamental se produjo por las medidas de presión que los grupos de poder de Santa Cruz asumieron contra el gobierno: de la protesta contra el alza de hidrocarburos, los empresarios, terratenientes y dueños de medios de comunicación, pasaron a la demanda de autonomía regional.
El gobierno que aún no muestra ninguna capacidad de gestión, del rechazo a esa demanda pasó a ser un fiel defensor de las autonomías, anunciando que el referéndum autonómico se realizará antes de la Asamblea Constituyente.
La propuesta autonómica impuesta por las élites cruceñas no sólo tiene características demagógicas ni excluyentes sino que llega a límites racistas. Después del conflicto autonomista, dos empresarios que fungieron de emisarios realizaron en la sede de gobierno un lobbie con todos los partidos tradicionales, exceptuando al MAS de Evo Morales y al MIP de Felipe Quispe.
Al parecer la célebre frase de la representante boliviana, Gabriela Oviedo, en el certamen de Miss Universo 2004 realizado en Quito (Ecuador), no es personal sino de una parte de la colectividad cruceña.
«Yo soy del otro lado del país, del lado este; nosotros somos altos y gente blanca y sabemos inglés…Desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia, piensa que todos somos indios del lado oeste del país…Es La Paz, la imagen que refleja eso: gente pobre, gente de baja estatura y gente india», afirmó la belleza oriental.
Los pobladores cruceños contrarios a la autonomía – principalmente indígenas, campesinos y colonizadores- no sólo fueron objeto de amenazas sino que miembros de la Juventud Cruceñista y la Nación Camba, golpearon a todos los que no apoyaron el movimiento regional.
El dirigente campesino Benigno Vargas denunció que los empresarios cruceños y otros sectores de poder amedrentaron a sus trabajadores y dependientes para que asistan al cabildo autonómico; el principal dirigente de la COB de Santa Cruz, Gabriel Helbing, dijo que los trabajadores tenían varios planteamientos para hacerlos conocer pero no se les dio la oportunidad y el dirigente fabril cruceño Edwin Fernández fue más categórico al afirmar: «las élites nos han mamao (engañado)».
Cifras oficiales señalan que en la movilización cruceña se gastó más de 150 mil dólares.
El analista político, Álvaro García Linera, considera que aunque sus demandas afectan a la «agenda de octubre», el movimiento cruceño le dobló el brazo al presidente Mesa.