El Gobierno de Bolivia planteó ayer eliminar los latifundios ociosos y entregar millones de hectáreas de tierras fiscales a comunidades de indígenas y campesinos, al anunciar su programa para la segunda reforma agraria del país. La propuesta fue presentada en la ciudad de Cochabamba por el vicepresidente Alvaro García Linera, jefe de Estado interino por […]
El Gobierno de Bolivia planteó ayer eliminar los latifundios ociosos y entregar millones de hectáreas de tierras fiscales a comunidades de indígenas y campesinos, al anunciar su programa para la segunda reforma agraria del país.
La propuesta fue presentada en la ciudad de Cochabamba por el vicepresidente Alvaro García Linera, jefe de Estado interino por el viaje a Europa de Evo Morales, por el ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, y por el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, ante dirigentes de sindicatos agrarios y de pueblos indígenas.
El plan está contenido en varios proyectos de ley y de decreto que serán discutidos con los sectores agrarios desde el próximo miércoles en la ciudad oriental de Santa Cruz, sede de poderosos gremios empresariales agrícolas que pidieron al Gobierno consensuar la reforma.
Según el Gobierno, se trata de cambios parciales para solucionar los asuntos más urgentes, porque las medidas de mayor profundidad serán discutidas por la Asamblea Constituyente que se elegirá el 2 de julio próximo y comenzará sus sesiones el 6 de agosto.
García Linera dijo que la reforma eliminará las prácticas «gansteriles» que impulsó el «modelo neoliberal» desde 1985, y pondrá en marcha un proyecto para los próximos 50 años que tendrá en cuenta que en Bolivia hay, al mismo tiempo, explotaciones comunitarias, pequeñas propiedades campesinas y agroindustrias.
La meta es reducir la extrema pobreza de un 40 por ciento de la población boliviana que vive en el campo, y la suerte de 650.000 familias con «parcelas de supervivencia» que ganan menos de un dólar por día, en condiciones parecidas a las de Somalia o Haití, dijo el vicepresidente.
García Linera prometió diálogo y apoyo a los distintos sectores productivos, negó que el Ejecutivo promueva ocupaciones de tierras y anunció una actitud «rigurosa e insensible» con los que difunden esas «infamias».
De su parte, Salvatierra remarcó que no se prevé «despojar a nadie» que haya obtenido legalmente sus predios y los esté haciendo producir.
La medida principal propuesta consiste en la entrega inmediata de 2 a 4,5 millones de hectáreas a comunidades de campesinos e indígenas, con el argumento de que la primera reforma agraria, decretada en 1953, no les benefició.
Según el Gobierno, un 95 por ciento de las tierras distribuidas en el gobierno del presidente Víctor Paz Estenssoro (1952-1956) fue a manos de empresarios y sólo un 5 por ciento a campesinos.
Los grupos dominantes, según el Ejecutivo, se hicieron dotar de 32 millones de hectáreas, mientras que los campesinos apenas recibieron entre 1,5 millones y 2 millones.
«El sector empresarial tiene ya suficiente y no va a pedir más cuando muchas veces no producen», dijo Almaraz.
La segunda propuesta consiste en modificar la ley del Instituto de Reforma Agraria (INRA) de 1996, para que las tierras que no cumplan una función económica y social sean revertidas al Estado para su distribución entre quienes no tienen.
Hasta ahora bastaba que los propietarios pagasen sus impuestos anuales, pero con las reformas eso no será suficiente, porque deben probar que están en producción.
El departamento de Cochabamba, elegido para anunciar las propuestas del gobierno de Morales, es el mismo donde en 1953 Paz Estenssoro lanzó la primera reforma agraria.