El Gobierno Nacional propuso la creación de un fondo de compensación para las regiones; el ofrecimiento fue rechazado y en su lugar, los prefectos plantearon alternativas de financiamiento insostenibles que terminarían anulando el pago de la Renta Dignidad los próximos años
El Primer Mandatario, Evo Morales, propuso a las regiones un pacto fiscal o, si el planteamiento también es rechazado, un referéndum revocatorio para los prefectos y el Presidente de la República, como alternativas para resolver los cuestionamientos al mecanismo de financiamiento definido por el Gobierno para la Renta Dignidad.
El Ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, informó hoy que estas propuestas surgen ante la negativa de los prefectos a aceptar los mecanismos de compensación propuestos por el Gobierno, y la insostenibilidad del planteamiento realizado por el equipo técnico de las regiones que se oponen a utilizar parte de los recursos del IDH en el beneficio anual para los mayores de 60 años de edad.
El pacto fiscal planteado por el Presidente Morales equivale, explicó el Ministro Arce, a una redistribución de los ingresos fiscales después de una revisión detallada de la forma en que se asignan los dineros estatales a nivel nacional.
«Este pacto no es otra cosa que el análisis, la evaluación de todos los actores correspondientes de una redistribución de los ingresos del Estado nacional en sus diferentes rubros, es decir, el Gobierno central, la administración departamental y los gobiernos municipales. Hagamos una reingeniería de los ingresos del Estado entre todos, veamos las competencias que vamos a determinar para cada uno y, en función de esto, también la distribución», explicó Arce.
El pacto fiscal, agregó, «puede ayudarnos a que los recursos públicos se manejen adecuadamente».
Finalmente, si la propuesta establecida en el pacto tampoco es aceptada «deberíamos ir al referéndum revocatorio», dijo el Ministro de Hacienda.
La anterior semana y con el propósito de generar recursos que permitan financiar proyectos de inversión regional, el Gobierno Nacional propuso a las prefecturas generar un fondo compensatorio por hasta tres años; estos recursos irían disminuyendo gradualmente. Esta propuesta fue rechazada por los prefectos y a cambio presentaron una alternativa insostenible que, incluso, «generaba un hueco» de USD60 millones en el financiamiento anual de la Renta Dignidad lo que hacía inviable el beneficio.
El Ministro Arce aseguró que el aporte del IDH regional «no es de vida o muerte» para las prefecturas, porque tienen otras fuentes de ingreso como las regalías y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados que, incluso, son mayores a los recursos que genera el Impuesto Directo a los Hidrocarburos.
En el caso del regalías para Santa Cruz, por ejemplo, este año recibirán Bs343 millones frente a los Bs85 que percibirán por el IDH después de la redistribución de los ingresos establecidos en el Decreto Supremo 29322, que redistribuye el ingreso regional por IDH sin afectar los montos asignados por departamento.
La propuesta presentada por las prefecturas de Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando para financiar la Renta Dignidad es insostenible debido a que no reúne los requisitos ni garantiza la sostenibilidad del pago del beneficio para los mayores de 60 años, afirmó el ministro Arce.
«La propuesta no es sustentable en el tiempo porque para pagar un beneficio de largo plazo es importante que sea sostenido, más aún por el crecimiento vegetativo que tiene la población de la tercera edad. Con esa propuesta, se está poniendo en peligro el pago de la Renta Dignidad», dijo.
Las prefecturas opositoras al Gobierno propusieron que las nueve regiones aporten entre Bs25,5 y Bs31 millones para financiar la Renta Dignidad sin recurrir al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), pero sí al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).
El titular de Hacienda dijo que la Renta Dignidad demanda de USD205 millones anuales, por lo que al margen del aporte que ofrecen las prefecturas, faltaría una considerable cantidad de recursos que tendrían que ser cubiertos por el Tesoro General de la Nación.