El gobierno boliviano de Evo Morales busca reencauzar y agilizar la reforma agraria para revertir la concentración de tierra en pocas manos, la especulación, el tráfico y la transferencia de propiedades a extranjeros. «El nuevo gobierno tiene la legitimidad democrática necesaria para encarar medidas de profunda reforma agraria, previo reordenamiento de las instituciones encargadas de […]
El gobierno boliviano de Evo Morales busca reencauzar y agilizar la reforma agraria para revertir la concentración de tierra en pocas manos, la especulación, el tráfico y la transferencia de propiedades a extranjeros.
«El nuevo gobierno tiene la legitimidad democrática necesaria para encarar medidas de profunda reforma agraria, previo reordenamiento de las instituciones encargadas de redistribuir la tierra, que fueron ocupadas por connotados representantes del ‘agropoder’ empresarial y terrateniente», dijo a IPS el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada.
Desde su despacho en el Palacio de Gobierno, Rada conduce la difícil tarea de reorganizar una casi paralizada reforma agraria, frente a la influencia del gran negocio agropecuario radicado en la región oriental de Santa Cruz.
Morales anulará decretos aprobados por sus predecesores Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), Hugo Banzer (1971-1978 y 1997-2001) y Carlos Mesa (2003-2005) porque su contenido retrocede al pasado autorizando la concentración de la tierra, explicó Rada.
La ley 1.715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, fue promulgada el 18 de octubre de 1996 con el fin de materializar la distribución justa de la tierra, un anhelo consagrado en leyes, pero postergado durante décadas en Bolivia.
En nueve años, el Estado boliviano sólo regularizó bajo esa norma 14 millones de hectáreas, o sea 13,1 por ciento de las 107,2 millones de tierras destinadas a la producción agropecuaria y explotación forestal, según los últimos datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). A ese ritmo harán falta 66 años más para culminar una tarea interferida por intereses económicos y políticos, según analistas.
En octubre de este año culminará el plazo concedido por la ley para regularizar propiedades comunales (de los pueblos originarios) y de producción, pero a pesar de que se han invertido 74 millones de dólares, con la asistencia financiera de organismos internacionales, el proceso parece detenido.
«A esta ley le faltó voluntad política para aplicarse, pero ahora se espera una decisión radical, firme y apegada a la norma», dijo a IPS el presidente de la no gubernamental Fundación Tierra, Miguel Urioste.
La legislación establece procedimientos para eliminar el latifundio improductivo y revisar y actualizar el derecho propietario de todas las tierras de pequeños poseedores y de grandes empresarios, recordó el experto.
La llegada a la Presidencia del líder indígena y campesino Evo Morales el 22 de enero ha despertado sentimientos de reivindicación de comunidades originarias que reclaman el desalojo de empresarios y ciudadanos brasileños y paraguayos que, presuntamente, son propietarios de extensas zonas en la frontera norte y nororiental con Brasil.
La legislación boliviana prohíbe a ciudadanos extranjeros poseer propiedades en una franja fronteriza de 50 kilómetros, lo que alienta a organizaciones indígenas y campesinos a reclamar que esas tierras sean expropiadas en su beneficio.
El diputado del gobernante e izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS), Isaac Ávalos, informó que unas 600.000 hectáreas han sido ocupadas ilegalmente, y el ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Hugo Salvatierra, anunció la recuperación de propiedades concedidas al margen de la ley.
Fiscales, autoridades de migración y policías están movilizados por orden gubernamental con la finalidad de verificar denuncias sobre la presencia ilegal de ciudadanos extranjeros en esa franja fronteriza, en particular en las provincias Germán Bush y Ángel Sandoval, del departamento oriental de Santa Cruz.
Esta puede ser una prueba de fuego para el gobierno de Morales, que obtuvo en las urnas el respaldo de 53,7 por ciento de sufragios.
Según Rada, el gobierno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, «restablecerá la soberanía en zonas invadidas por ciudadanos extranjeros y lo haremos de manera decidida».
En el terreno diplomático, el gobierno expondrá el problema al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, solicitando su cooperación para evitar ventas ilegales de tierras y el tráfico de recursos naturales como oro, madera y otros disponibles en la Amazonia boliviana.
Al iniciar su mandato de cinco años, Morales expresó su interés de promover una justa distribución de la tierra, y puso de ejemplo a aquellos propietarios que poseen una vaca para pastar en 50.000 hectáreas.
La semana pasada, Morales hizo un llamado a los grandes terratenientes para que compartieran sus tierras ociosas con campesinos pobres, pero al mismo tiempo señaló que estaba de acuerdo con la toma violenta de fincas, promovida por el Movimiento Sin Tierra (MST).
Morales garantizó a los empresarios el reconocimiento estatal a predios productivos de 1.000 a 5.000 hectáreas destinados a una función económica y social.
La reforma agraria de 1953, nacida de la revolución de 1952, fue afectada por corrupción y la presión de grupos de poder. Para 1996 se habían entregado 55 millones de hectáreas a terratenientes, y 45 millones de hectáreas a los campesinos, según un estudio de la Fundación Tierra.
Por esta desigual distribución, la entidad encargada de otorgar concesiones de tierra fue intervenida en 1992. En 1996 fue reemplazada por el INRA, creado por la ley 1.715. Pero ese nuevo organismo no logró mejorar el desempeño del anterior.
En 2000 nació el MST, inspirado en el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, y su primera acción fue la toma de una extensa propiedad denominada Pananti, en el departamento sureño de Tarija. Pero la experiencia terminó el 9 de noviembre de 2001 con la muerte de seis campesinos por acción de un escuadrón ilegal formado por los terratenientes.
Desde este martes hasta el viernes se discuten los problemas de la tenencia de la tierra en la segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que se celebra en la ciudad brasileña de Porto Alegre.
Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tan sólo 100 familias poseen 25 millones de hectáreas, mientras dos millones de familias campesinas sólo tienen acceso a cinco millones de hectáreas.
De la población boliviana de 8,2 millones, según el censo de 2001, tres millones viven en zonas rurales.
Pero las medidas administrativas no darán el punto final a los problemas de la tierra. Urioste estima que será la Asamblea Constituyente, que se instalará en agosto de este año, le encargada de examinar la cuestión de la propiedad de la tierra y los recursos naturales como los bosques, el agua, el aire, los minerales, el petróleo y el gas.
«Esos serán los temas principales del debate y, en particular, sobre el derecho propietario de la tierra que según la Constitución pertenece al Estado y no a una región, sector social o empresarial», dijo Urioste.