El robo de atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE) a los legisladores mexicanos de todos los partidos respecto a la consulta popular que contendría la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un ensayo para un golpe político mayor contra su gobierno.
Fue un robo acordado porque al negarse los partidos políticos de oposición a debatir en el Congreso la Ley reglamentaria que diera luz verde a dicha consulta popular, la dejó en manos del INE.
Los antecedentes del INE en la coalición con la oposición tienen incidentes claros que acusan imparcialidad y falta de autonomía; sin embargo, las autoridades electorales tienen en México un blindaje que resulta difícil reformar su estructura o cambiar a los consejeros electorales. Es el mismo caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (Trife) cuyos magistrados también actúan de manera coordinada con la oposición.
Cancelaron la candidatura en el estado de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, para gobernador, por no haber comprobado un gasto de 19 mil pesos, falló a favor de la oposición al momento de restar tres diputaciones federales a Morena, partido en el poder, por causas no graves, impone revisión de voto por voto en los estados donde gana Morena, etc. Sus decisiones son inapelables.
En este panorama los consejeros electorales y los líderes de los partidos PAN, PRI, PRD, MC acordaron que el formato y diseño de la consulta estuviera en manos del INE, porque se negaron al acuerdo legislativo, condición consensuada como parte del plan de desestabilización. Esto otorga facultades de facto al INE en un derecho que corresponde, por ley, a los legisladores.
La alianza conservadora entre el INE y los partidos de oposición se muestra en toda su magnitud, anunciando que los objetivos previos a las elecciones del 6 de junio, cuando no alcanzaron la cantidad de votos esperados, se llevarán a cabo por las buenas o por las malas. Lo que no consiguieron en las urnas lo obtienen a través de fallos de un tribunal parcial y un árbitro electoral cómplice.
Si juntamos al INE, al Trife y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también han actuado contra la administración pública abiertamente, esas tres entidades, unidas a los legisladores de oposición, serían las necesarias para crear un golpe político contra el Presidente de la República, tal y como sucedió en Brasil con Lula da Silva, con acusaciones falsas que luego retiraron, peor mientras ya lo habían derrocado.
La impunidad que les ofrece el blindaje a las instancias electorales y a la Suprema Corte, son la base legaloide más fuerte para tejer desde sus oficinas lo mismo que hizo el entonces fiscal Sergio Moro, a través de la Operación Lava Jato de la cual se presentaban denuncias dando instrucciones para la desestabilización, condición prohibida por la Constitución y el Código Penal brasileño. Moro fue Ministro de Justicia los primeros años del régimen de Jair Bolsonaro.
La ayuda de organismos internacionales de derecha es importante, tal y como sucedió en Bolivia donde se dictaminó fraude electoral con el apoyo de la OEA, para descalificar dicho fallo y ratificar las simpatías electorales por el partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), que volvió a triunfar en las urnas con Luis Arce en la presidencia.
La enemistad aparente entre los magistrados de la Suprema Corte, del Trife y los consejeros del INE fue la propuesta de campaña del ahora presidente que marcaba como límite máximo el salario del Presidente de la República dentro de la administración pública. Y al llegar se redujo a la mitad el salario existente. Los magistrados y consejeros se ampararon, protestaron, y ratificaron su integración al bloque opositor al que siempre pertenecieron.
La Corte Suprema de Brasil falló contra Lula da Silva sin las pruebas suficientes, por el delito de lavado de dinero, y otros inventos, él lo llamó “víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años”. El apoyo de los legisladores fue fundamental en este juicio.
La historia está plasmada en América Latina, donde los golpes de estado han sido recurrentes y mutantes, la maquinación de un golpe político en México se anuncia sin ningún sonrojo.
El tejido de esta maniobra legaloide anuncia golpes mayores contra la administración de Andrés Manuel López Obrador, el rescate de privilegios es prioridad para quienes orquestan golpes menores en espera de uno definitivo.