En el sector minero se están dando cosas que este gobierno, aunque sea de derecha, debe detener, si no pretende que su ilegitimidad se agudice. La autoridad laboral debe velar, en el equilibrio de los factores de la producción, por tutelar los derechos reales de unos y de otros, pero especialmente de los más desprotegidos, […]
En el sector minero se están dando cosas que este gobierno, aunque sea de derecha, debe detener, si no pretende que su ilegitimidad se agudice. La autoridad laboral debe velar, en el equilibrio de los factores de la producción, por tutelar los derechos reales de unos y de otros, pero especialmente de los más desprotegidos, los trabajadores. Ello es la condición elemental del convenio social por el cual pueden, y sólo por él, desarrollarse debidamente las funciones económicas en la sociedad. Cuando este equilibrio se rompe, se abre la puerta a la inestabilidad, a la zozobra, a la inseguridad política y social. Y un país así, cualquier país, no tiene futuro, no puede progresar.
El objetivo de todo gobierno republicano es, primero, asegurar a los gobernados su seguridad y su vida, y segundo, proveer las condiciones para que los mismos gobernados alcancen el bienestar económico y social, o se acerquen a él. La actual administración calderonista, de abogados, parece estarse pasando por el arco del triunfo estas dos determinaciones básicas del mandato de todo gobierno republicano, que es histórico y es jurídico. No sólo no atina Calderón a darle rumbo certero a una acción eficaz contra la inseguridad que provocan las bandas del crimen organizado, y no sólo no es capaz de resolver conforme a justicia y soberanía el escandaloso asunto del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, sino que en el asunto laboral de los mineros está peligrosamente inclinado hacia los empresarios del sector, concretamente hacia Germán Larrea Mota Velasco, dueño del Grupo México y segundo gran millonario del país, ubicado sólo después del primero del mundo, Carlos Slim.
Se comporta Larrea como señor de horca y cuchillo, pues sus actos lindan con la paranoia del poderoso que no tolera disentimientos y no acepta ninguna razón viable en la banqueta de enfrente. Lo que ese personaje está perpetrando en Nacozari, Sonora, es clara muestra de lo anterior. No hay vuelta de hoja en este dictamen de la realidad. El Sindicato Minero, que ha emergido en la propia defensa de sí mismo y de sus agremiados, uno de los sectores más explotados de cuantos hay en el ámbito laboral, denunció el asesinato a balazos de uno más de esos mineros, de nombre Reynaldo Hernández González, el sábado 11, ahora a manos de guardias blancas y grupos de choque armados, con toda evidencia, por la empresa Grupo México, en lo que se debe interpretar como una violación al estatuto de los trabajadores y de los sindicatos en México, pero también como una acción en extremo provocadora, con la que el señalado empresario pretende llevar a los trabajadores a respuestas también violentas, para justificar y pedir la intervención de la fuerza pública en la represión de los movimientos de huelga actualmente instalados, con plena juridicidad, en tres centros de trabajo.
Se siguen olvidando Larrea y la autoridad laboral, encabezada por Javier Lozano Alarcón, que el minero es el gremio más duro y recio de la clase obrera mexicana, una vez que han desaparecido del mapa social los trabajadores ferroviarios. Y que no será fácil, sino muy difícil, casi imposible, doblegarlos. La respuesta del Sindicato Minero ante el nuevo atentado contra agremiados suyos, no ha podido ser más airada y contundente. Han exigido a las autoridades que pongan en orden el megalomaniaco empresario Larrea Mota Velasco, quien por sus acciones parece poseído de un demencial desequilibrio. Y han convocado a la sociedad, a los sindicatos establecidos y a las instituciones a que tomen cartas en este asunto que, de dejarse avanzar como lo pretenden los empresarios del Grupo México, llevará a la nación a laceraciones profundas e irreparables.
No es así, señor Calderón Hinojosa, como honra usted sus palabras y ofrecimientos de campaña electoral, sino lo contrario, las viola y las contradice. Su pretensión de convertirse en el «presidente del empleo» se está deslizando por la vergonzosa pendiente de ser el «presidente del empleo, sí, pero de la violencia contra los trabajadores», tanto si no actúa -por omisión y solapamiento a los violentos empresarios mineros- como si llegase a actuar directamente con la fuerza pública en ristre, sometiéndose servilmente a las provocaciones de las bandas armadas que actúan contra los mineros, pretendiendo que se trata de una lucha interna entre los propios trabajadores, como la quieren presentar los empresarios y se lo corean algunos medios, cuando no es sino una acción punitiva organizada y orquestada por ellos mismos, los empresarios del Grupo México.
En cuanto al gobernador Bours Castelo de Sonora, todo indica que debe ser sometido a juicio político. Los diputados y los senadores deben asumir su responsabilidad en defensa del orden legal en el país. Deben entender que si hoy son agredidos impunemente los mineros, más adelante lo serán otros y que eso les llegará a ellos mismos. La espiral de la represión no se detiene por sí misma, si la autoridad no interviene en tal sentido, y ellos, diputados y senadores, son parte de la autoridad, mal que les pese, cuanto más si son ajenos a tales acciones vandálicas y a tales provocaciones que generan asesinatos con impunidad. Los empresarios de otras ramas deben despojarse, por su parte, de cualquier solidaridad «de clase» con sus homólogos de la minería, pues eso los hace cómplices de la represión. Tanto peca el que mata a la vaca, dice el viejo refrán español, como el que le tiene la pata. Es el momento de detener a los represores e ilegales en el conflicto minero. Más tarde será muy tarde.