Amainada la ofensiva popular por expulsar a las transnacionales y liquidar el régimen neliberal, los grandes grupos de poder de Bolivia reabrieron una batalla para modificar las características de las elecciones de fin de año. Unos, atrincherados en el Tribunal Constitucional, quieren dar más peso electoral a los sectores de derecha, otros en el Congreso […]
Amainada la ofensiva popular por expulsar a las transnacionales y liquidar el régimen neliberal, los grandes grupos de poder de Bolivia reabrieron una batalla para modificar las características de las elecciones de fin de año. Unos, atrincherados en el Tribunal Constitucional, quieren dar más peso electoral a los sectores de derecha, otros en el Congreso buscan aprovechar la coyuntura para postergar los comicios y evitar un posible triunfo del candidato indígena Evo Morales.
En valoración de muchos, las elecciones de fin de año están en riesgo. Analistas consultados por varios medios de comunicación aseguraron que si el Congreso Nacional no garantiza la realización de las elecciones generales para el 4 de diciembre, con un nuevo acuerdo político entre las fuerzas neoliberales y las reformistas e indígenas, el país se enfrentará a un eventual vacío de poder constitucional.
El retorno de la incertidumbre se originó en lo formal el 22 de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional emitió un fallo por el cual la Cámara de Diputados está obligada a redistribuir los escaños según el Censo de Población de 2001. Esta redistribución favorece a los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, en desmedro de La Paz, Oruro y Potosí. En términos políticos, la redistribución favorece a los candidatos neoliberales Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina y va en contra de la candidatura del dirigente cocalero Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS), que encabeza las encuestas preelectorales.
La decisión del Tribunal rompe los acuerdos definidos por el Congreso y derivó en la discusión de alargar el mandato del presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien anunció el sábado, en un mensaje a la nación, que dejaría la primera magistratura del país si los comicios se postergaban.
«La decisión del Parlamento nos coloca ante un problema complicado, ante un vacío de poder, porque no existe un artículo de la ley que diga qué viene después de la sucesión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en este caso Rodríguez», dijo el candidato a la Vicepresidencia por el MAS, Álvaro García Linera.
El portavoz de Poder Democrático Social (Podemos), Hernán Terrazas, manifestó su confianza en que el Congreso logre un acuerdo para evitar el retraso de las elecciones y evitar así un vacío de poder en el país.
A su turno, el alcalde de La Paz y jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan Del Granado, aliado de Morales, acusó a los partidos neoliberales como MIR, MNR y NFR de estar detrás la maniobra para lograr una sucesión presidencial para mantener sus curules en el Congreso, postergando la realización de elecciones.
Sobre el actual proceso electoral penden, además, otras tres amenazas legales presentadas a consideración del Tribunal. El primero, planteado por la diputada Marleny Paredes, impugna las modificaciones al Código Electoral relacionadas con las elecciones para prefectos, además de tres decretos supremos relativos a la convocatoria a comicios prefecturales. El recurso está en la fase de notificación al presidente del Congreso, Sandro Giordano, en relación con la ley, y al jefe de Estado, Eduardo Rodríguez, en relación con los decretos supremos.
El segundo recurso fue planteado por diputados de Potosí para impugnar el decreto supremo de convocatoria a elecciones generales; también está en proceso de notificación al Presidente de la República.
Por último, el tercero fue planteado también por la diputada Paredes, quien impugna esta vez la convocatoria a elecciones generales. La comisión ha dispuesto que se ponga en conocimiento del Presidente de la República para que éste pueda alegar conforme a ley.