UNO DE LOS SABORES PREFERIDOS en la gastronomía mexicana es el del aguacate, el cual ha rebasado fronteras, ya que esta fruta es muy demandada en los Estados Unidos (EU). Varios países exportan aguacate a EU, pero México sigue siendo el que abastece 98% de la demanda. En 2019 se exportaron 120 mil toneladas y sólo en enero de este año se mandaron 33 mil 814 toneladas, estimando cerrar el año (aun con la pandemia) con 140 mil toneladas.
A pesar de que varios estados de la república han estado incursionando en la producción, Michoacán es el principal productor. Pero, ¿qué cosas están detrás del tan conocido oro verde? Antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Michoacán tenía prohibido exportar a EU, por una cuestión de plagas en el fruto, pero con la firma de dicho tratado el consumo de aguacate se comenzó a popularizar y con ello su producción.
A la par, el narcotráfico y la violencia también incrementaron. En Michoacán, por los años noventa, el único grupo delictivo públicamente conocido era el de “los Valencia” y, aunque la gente vivía sometida a ellos, reinaba cierta “paz” entre la población. Con el TLCAN muchos productores de aguacate, al ver el incremento en la demanda, y gracias a las modificaciones al artículo 27, comenzaron a adquirir tierras ejidales y comunales a través del robo o la compra, y con ello comenzaron a establecer grandes huertas de aguacate de manera ilegal o legal.
A causa de los incendios provocados y a la tala clandestina, Michoacán pasó de tener tres millones de hectáreas de bosque a tener en la actualidad un millón 182 mil. La destrucción de los boques ha dado paso a la consolidación de un oligopolio aguacatero que también ha creado sus organizaciones, como la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) por poner un ejemplo, y con ello comenzaron a aumentar considerablemente sus ganancias.
Estas riquezas rápidamente fueron percibidas por más grupos criminales creados desde el Estado, como el Cártel del Golfo, que en ese tiempo operaba en el estado de Tamaulipas, y actuaron enviando su fuerza paramilitar: los Zetas, un grupo conformado por desertores de una unidad de élite del ejército mexicano. Estos llegaron a Michoacán y comenzaron cobrando peaje en los caminos, pero poco después comenzaron las cuotas a los productores de aguacate y, para aquellos que se negaban o resistían, comenzaron los secuestros y asesinatos. Esto rápidamente provocó el descontento de los demás grupos delictivos y comenzaron los enfrentamientos y, con ello, el caos en la población.
Para ese entonces, Felipe Calderón Hinojosa ya era presidente de México, e inició su tan conocida “Guerra contra el narcotráfico”, donde se enviaron muchas tropas para supuestamente acabar con el crimen organizado y con ello “preservar los procesos productivos”. Esto en los hechos se cumplió a medias, si bien la policía defendía los intereses de las empresas nacionales y extranjeras, la violencia no se detuvo, es más, se intensificó, generando en la población un periodo de terror de carácter contrainsurgente, pues a través del terrorismo de Estado se golpeó a las organizaciones populares que luchan por la defensa de la tierra, los recursos naturales y los derechos humanos.
Con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el discurso cambió, ya no se declaró la guerra contra el narcotráfico, pero los megaproyectos y la privatización continuaron y, con ello, la violencia hacia los defensores de los recursos naturales. Y en los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador la situación no ha mejorado mucho.
Tan sólo para contabilizar, de 1995 a 2019 van 147 defensores de la naturaleza asesinados, por mencionar algunos: Nora López León, coordinadora del programa de conservación y reproducción de guacamayas en un ecoparque turístico de Palenque, Chiapas; el biólogo José Luis Álvarez Flores, defensor del santuario del mono saraguato ubicado en Tabasco; Samir Flores, opositor a la termoeléctrica y al gasoducto que forman parte del Proyecto Integral Morelos, y el más reciente, en enero de este año, Homero Gómez, defensor de los bosques del Santuario de la Mariposa Monarca.
Toda esta situación de violencia hacia los defensores de la naturaleza y al pueblo en general se agravó con el TLCAN. Ahora, con la reciente firma del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde ya no habrá aranceles para el aguacate y se han desplegado los permisos para que más estados de la república puedan exportar hacia EU, la situación de los defensores de la tierra en Puebla, Morelos y Estado de México seguramente se agravará.
¿Es posible que vuelva a ocurrir una historia como en Michoacán? Puede ser, porque el deseo de ampliar las ganancias de la burguesía transnacional la lleva a expandir sus sembradíos de aguacate de manera legal o violenta. Así, el periodo de terror para ampliar los monopolios de siembra y exportación de aguacate se puede vivir ahora en más estados de la república.
De lo que tenemos seguridad es que, ante la adversidad, impuesta por los gobiernos neoliberales o el actual, la organización popular y la protesta social siguen siendo nuestra mejor arma para defender y luchar por la tierra, el medio ambiente y el socialismo. Eso, en la práctica se traduce en enarbolar los puntos 8, 9 y 11 de nuestro Programa Mínimo de Lucha, donde se expresa la necesidad de juzgar a los autores intelectuales y materiales de la violencia contra el pueblo y de garantizar los derechos ambientales del pueblo, abrogando las reformas neoliberales, principalmente la del artículo 27. Con ello se daría el paso a la recuperación de la propiedad social de la tierra y se iniciaría el gran camino hacia la democracia popular y el socialismo.
NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección de Análisis del No. 56 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), agosto, 2020.