La presidencia de Felipe Calderón arrancó en México con el acento en la seguridad pública y dando mayor poder a los militares. La estrategia inquieta a organizaciones humanitarias, pero parece complacer a la mayoría de la población. «Las acciones del nuevo gobierno apuntan a dar legitimidad a la militarización, lo que derivará en violaciones a […]
La presidencia de Felipe Calderón arrancó en México con el acento en la seguridad pública y dando mayor poder a los militares. La estrategia inquieta a organizaciones humanitarias, pero parece complacer a la mayoría de la población.
«Las acciones del nuevo gobierno apuntan a dar legitimidad a la militarización, lo que derivará en violaciones a los derechos humanos y en la criminalización de la protesta social», dijo a IPS Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos.
Calderón dispuso en sus primeros 15 días de gobierno, iniciados el 1 de diciembre, un operativo militar y policial de dimensiones sin precedentes en el estado occidental de Michoacán, donde han sido asesinadas desde el 1 de enero 542 personas, 24 de ellas jefes de policía, en hechos vinculados al narcotráfico.
Además, ofreció públicamente un aumento de salarios a los soldados. Ordenó el traspaso de 7.500 de ellos y de 2.500 marinos a la policía federal. Así, la cantidad de policías que dependen gobierno central pasó de 17.154 a 27.154.
En el frente presupuestario propuso a los legisladores un incremento sustancial en las áreas de seguridad. El objetivo es «que prevalezca el derecho por encima de la violencia», para lo cual se requiere usar toda la fuerza del Estado contra la delincuencia, declaró Calderón.
En el origen y fin del camino abierto por el nuevo gobierno «no hay más que una bifurcación: o se trata sólo de una maniobra política coyuntural y efectista, pero sin resultados de fondo, o es la punta de lanza, el comienzo, de una prolongada batalla contra el crimen organizado», opinó Enrique López, director del periódico Provincia de Michoacán.
Para Isabel Uriarte, responsable del área de seguridad pública de la organización humanitaria Agustín Pro Juárez, es positivo que el gobierno afronte la inseguridad y la delincuencia, «temas que atentan contra los derechos humanos».
«Lo que nos preocupa es que no se estén anunciando de forma paralela medidas de prevención en seguridad y fortalecimiento de las policías locales civiles», dijo Uriarte a IPS.
La activista cree que las acciones del nuevo gobierno contra el narcotráfico, que ciertamente actúa con una violencia inusitada, «son una forma de buscar su legimitización».
La violencia del narcotráfico mexicano escaló a grados de terror en los últimos meses.
Cerca de 2.000 personas han muerto en diversas acciones atribuidas al narcotráfico, la mayoría acribilladas a balazos, pero también unas 30 decapitadas.
«No permitiremos que los criminales sigan obstruyendo el camino de México hacia un futuro de mayor prosperidad y desarrollo», declaró Calderón.
Para los mexicanos, la inseguridad es una de las mayores preocupaciones, según indican todas las encuestas.
Cerca de la mitad de las familias del país reportan que al menos uno de sus miembros ha sido víctima de algún delito, apunta el estudio sobre «Criminalidad y Victimización», realizada en 2004 con el auspicio y dirección de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito.
No obstante, de cada 100 delitos que se cometen en México, apenas 25 se reflejan en denuncias policiales, tanto por desconfianza como por los complicados trámites exigidos.
De esos 25 ilícitos, cinco o menos son investigados y sólo dos terminan con el arresto del culpable, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública.
En México se denuncian un promedio de 4,6 delitos por cada 1.000 habitantes, indica esa dependencia del Estado.
El activista Ramírez consideró correcto atacar el problema de la inseguridad con entereza, pero reprocha que se lo haga con militares y de una forma que implica «la violación a los derechos de muchas personas».
La instalación de retenes en carreteras y calles de forma indiscriminada, así como el cateo de casas y zonas rurales, viola los derechos de las personas al libre tránsito y la seguridad jurídica, dijo el director de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos.
Además, recordó que gran parte de la policía federal está integrada por militares y que este grupo ha sido usado por las autoridades para enfrentar protestas sociales como la que vivió el sureño estado de Oaxaca entre junio y noviembre. Ese distrito está ocupado desde octubre por unos 5.000 policías federales.
«Con la ola de militarización ahora en Michoacán hay también un interés en legitimar su presencia en momentos en que el en ese estado las organizaciones sociales toman fuerza», añadió.
En octubre, diversas organizaciones conformaron la Asamblea Popular de los Pueblos de Michoacán, que tiene carácter similar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que condujo la revuelta social registradas en ese estado sureño.
Según lo dispuso el gobierno, para ingresar ahora a Michoacán, ya sea por aire o tierra, las personas y sus vehículos son sometidos a exhaustivas revisiones.
Además, hay vigilancia continua en las calles de las ciudades de ese estado y recorridos en zonas rurales de los alrededor de 7.000 militares y policías que el presidente Calderón ordenó desplegar.
Tal presencia originó el miércoles un enfrentamiento a bala con presuntos narcotraficantes en una zona rural de Michoacán, donde hay sembradíos de marihuana y amapola y bandas rivales se disputan a fuego las rutas de mercado.
Además, en un hecho no aclarado, el cuerpo de un primo hermano de Margarita Zavala, esposa del presidente, fue encontrado el miércoles en un automóvil abandonado en el estado de México, vecino a la capital. El hombre había sido ejecutado de tres balazos.
Por los distintos sondeos que realizan medios de comunicación locales y diversas consultas sin afanes estadísticos realizados por IPS, parece que la disposición de Calderón a afrontar la inseguridad con operativos policiales y militares fue bien recibida por la mayoría de la población.
Gobernadores de diversos estados del país, especialmente en la frontera con Estados Unidos, demandaron a Calderón replicar en sus distritos operativos similares a los que se iniciaron en Michoacán, mientras grupos empresariales se declararon satisfechos por la actitud del gobierno contra el crimen.
***** +Gobierno de México (http://www.presidencia.gob.mx) +Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (http://espora.org/limeddh) +Miguel Agustín Pro Juárez (http://www.centroprodh.org.mx) (FIN/IPS/dc/mj/ip/la ip hd mx sl/06)(FIN/2006)