El gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales y la rancia oligarquía boliviana se enfrascaron en una virtual guerra de posiciones, orientada a redibujar su alianza estratégica pero que corría el riesgo de ser desbordada por la virulencia de la lucha popular de campesinos, indígenas y trabajadores urbanos. En la ciudad de Cochabamba, […]
El gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales y la rancia oligarquía boliviana se enfrascaron en una virtual guerra de posiciones, orientada a redibujar su alianza estratégica pero que corría el riesgo de ser desbordada por la virulencia de la lucha popular de campesinos, indígenas y trabajadores urbanos.
En la ciudad de Cochabamba, en el centro del país sudamericano, miles de cocaleros, campesinos y militantes de la Central Obrera comenzaron a escurrirse del control del MAS y sitiaron esa capital, la tercera más importante de Bolivia, exigiendo la renuncia del prefecto (gobernador) Manfred Reyes Villa, un ex militar ultraderechista que organiza bandas fascistas para mantenerse en el cargo y que está alineado con la oligarquía que controla el oriente y sur del país.
En La Paz, este jueves, seis prefectos (de los nueve que hay en el país) tenían previsto reunirse para respaldar a Reyes Villa y para rechazar la última propuesta gubernamental que buscaba allanar el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, el eje del conflicto.
Simultáneamente, las organizaciones cívicas, empresariales y políticas de derecha de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando amenazaron con un nuevo paro de 24 horas si persistía el acoso sobre Reyes Villa y si el MAS no cedía para que la nueva Constitución Política del Estado y el régimen autonómico sean elaborados en consenso entre los representantes del gobierno y de la oligarquía, bajo el mecanismo de los dos tercios.
Estos sectores rechazaron la nueva oferta del MAS, que daba un plazo hasta el 2 de julio para acordar todos los artículos de la nueva Constitución y aprobarla por dos tercios, pero que vencido ese plazo, los aspectos no consensuados serían aprobados por la mayoría oficialista.
Los representantes de la oligarquía, atrincherados en los Comités Cívicos y las Prefecturas, quieren mantener, con los dos tercios, el poder de veto que el propio MAS les entregó a mediados de año en la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Esta alianza, entre el indigenismo gobernante y la derecha oligárquica, estaba orientada a moderar la nueva Constitución y el alcance de las autonomías, dejándolas tal como están.
Sin embargo, los sectores campesinos e indígenas del MAS quieren romper el veto oligárquico, para tener más acceso a la tierra y aminorar los altísimos niveles de exclusión social, de racismo y de marginalidad. Los sectores más moderados del MAS, en cambio, quieren articular una nueva alianza con la oligarquía, intentando, sobretodo, habilitar constitucionalmente la candidatura del presidente Morales por los siguientes dos quinquenios.
Hasta ahora, han sido infructuosos los intentos del influyente entorno blancoide – mestizo del Presidente Morales para poner fin a la protesta campesina, para mantener en el cargo al prefecto Reyes Villa y para evitar un mayor clima de enfrentamiento que pone en riesgo las posibilidades de acuerdo global con la oligarquía.
Las misiones destacadas desde La Paz y conformadas por viceministros y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, han tropezado con la radicalidad de la protesta, que inicialmente había sido desatada desde el Gobierno para neutralizar a Reyes Villa e impedir que Cochabamba se sume a la denominada «media luna» conformada por los prefectos y comités cívicos contrarios a Evo. Sin embargo, la represión policial empujó a las masas movilizadas mucho más lejos de lo que quería el Gobierno, hacia la lucha para echar del cargo a Reyes Villa.
«Las dirigencias sindicales han sido rebasadas y han perdido el control de las bases», dijo el viceministro Alfredo Rada, del ala moderada del MAS, quien acusó a grupos «trostkystas» y «ultraizquierdistas» de ser los que intentan derrocar a Reyes Villa, quien cogobernó con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada hasta que fue echado del poder por una insurrección popular en octubre del 2003.
En este escenario, este jueves se produjeron nuevos y violentos enfrentamientos en Cochabamba, una ciudad convulsionada desde los primeros días del 2007. El pasado 8 de enero, miles de campesinos, cocaleros, universitarios y trabajadores quemaron parcialmente la Prefectura, tras la que la custodia policial del lugar fuera retirada desde la Paz, por la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, en un acto que la oposición consideró como el «aval oficial» para derrocar a Reyes Villa. En su defensa, la ministra aseguró que la brutal represión policial, desatada horas antes contra la población había radicalizado al extremo la movilización popular.
Los sectores sociales demandan la renuncia de Reyes Villa, tras que éste anunciara su apoyo a las demandas autonomistas y separatistas del oriente y solicitara un nuevo referéndum sobre el tema. En la mañana de este jueves, Reyes Villa ratificó que no renunciará y que seguirá adelante con su idea de convocara un referéndum, a la par que organizaba, junto a las organizaciones cívicas derechistas, las bandas fascistas que en horas de la tarde, con la complicidad policial, atacaron a los campesinos.
Según reportó la agencia gubernamental ABI, «grupos de choque del prefecto Manfred Reyes Villa y de los dirigentes cívicos causaron la muerte de un campesino durante los actos de violencia que protagonizaron esta tarde, cuando rebasaron el control de la Policía y arremetieron con disparos de armas de fuego en contra de los trabajadores rurales que desde hace una semana tienen el control del centro de la ciudad presionando para la renuncia del prefecto Manfred Reyes Villa».
La red radial Erbol dijo que el victimado era un cocalero que respondía al nombre de Nicómedes Gutiérrez, en tanto que otros medios televisivos señalan que los muertos eran dos y los heridos más de cincuenta.