Guerra de baja intensidad. Así pueden sintetizarse las turbulencias en las que ingresó la política boliviana luego de la censura al ministro de Hidrocarburos por los senadores de la derecha -que cuentan con la mayoría de la Cámara alta- y la fuerte reacción de Evo Morales que llamó a la oposición «vendepatrias», «asesinos del pueblo» […]
Guerra de baja intensidad. Así pueden sintetizarse las turbulencias en las que ingresó la política boliviana luego de la censura al ministro de Hidrocarburos por los senadores de la derecha -que cuentan con la mayoría de la Cámara alta- y la fuerte reacción de Evo Morales que llamó a la oposición «vendepatrias», «asesinos del pueblo» y «basura del neoliberalismo». Ayer, la ofensiva de la oposición sumó otro «éxito» antinacionalizador al conocerse que el Tribunal Constitucional admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por tres diputados opositores que cuestionan que la medida haya sido por decreto y no por ley.
Aunque no se esperan grandes consecuencias, es un indicio de que la política estrella del gobierno indígena no transitará por un camino de rosas: hace algunos días el ministro censurado, Andrés Soliz Rada, reconoció las dificultades para «refundar» YPFB, firmar nuevos contratos con las petroleras y percibir los ingresos de la nueva política impositiva. Como botón de muestra, ayer el amazónico y despoblado departamento de Pando se paralizó en protesta por la falta de diésel en la región. Y Alvaro García Linera intentaba, en Brasilia, limar las relaciones con el gobierno de Lula y con Petrobras. «Las (estancadas) negociaciones serán retomadas inmediatamente», declaró el vicepresidente. Pero, al mismo tiempo, Soliz Rada, un antiguo compañero de ruta del «colorado» Jorge Abelardo Ramos, acusaba a la firma brasileña de «recaudar fondos para voltear la nacionalización». Y el titular de YPFB salió del Palacio Quemado de un buen humor que fuentes oficiales identificaron como una confirmación en el cargo.
En un clima polarizado, Poder Democrático Social (Podemos) comenzó a ocupar los medios de comunicación con la denuncia de que el mandatario estaría preparando un autogolpe tendiente a poner en pie un «régimen revolucionario con poderes extraordinarios para el presidente». El primer paso, según el partido del ex presidente Jorge «Tuto» Quiroga, sería declarar originaria a la Asamblea Constituyente, lo que la colocaría por encima del orden institucional vigente. Unidad Nacional, del empresario Samuel Doria Medina, que dio su voto a la censura, esta vez no acompañó a la derecha dura: «El partido Podemos lleva adelanta una contrarrevolución a la revolución de Morales, nosotros desarrollamos una oposición constructiva y fiscalizadora, no estamos contra la nacionalización», dijo a los medios el joven diputado y jefe de la bancada parlamentaria de UN, Peter Maldonado.
La convención se encuentra em-pantanada en dos visiones opuestas: el MAS quiere que la Constituyente sea «originaria y plenipotenciaria», mientras que la oposición defiende una convenión «derivada».