El 19 de agosto 2015, el juez Francisco Peñaloza Heras, del Juzgado XII de Distrito en Materia Civil, canceló la medida precautoria que desde hace dos años mantiene suspendida la siembra de maíz transgénico en México en respuesta a una demanda colectiva por los daños que estos granos causan a la biodiversidad y la salud. […]
El 19 de agosto 2015, el juez Francisco Peñaloza Heras, del Juzgado XII de Distrito en Materia Civil, canceló la medida precautoria que desde hace dos años mantiene suspendida la siembra de maíz transgénico en México en respuesta a una demanda colectiva por los daños que estos granos causan a la biodiversidad y la salud. Sin embargo, la suspensión sigue vigente, ya que su decisión fue inmediatamente apelada por Colectivas AC, representantes legales de la colectividad de 53 ciudadanos y 20 organizaciones que presentaron la demanda en 2013.
La forma en que el juez Peñaloza tomó la decisión, ignorando los argumentos de los demandantes y científicos independientes, pero basándose en los dichos de Monsanto y otras empresas, es otro escalón en la guerra sucia contra el maíz campesino y los pueblos del maíz.
En sincronía con su decisión, las trasnacionales de transgénicos desataron un aluvión de comentarios a la prensa asegurando que estaba liberada la siembra. Como denunció René Sánchez Galindo, abogado de la colectividad demandante, «Monsanto inició una nueva campaña de mentiras, ya que es falso que la siembra de maíz transgénico estuviera liberada».
Las mentiras de la empresas de transgénicos no se limitan solo a los aspectos legales de la demanda. Dedican mucho tiempo y recursos a falsear datos para ocultar lo que realmente pasa con los transgénicos en los países donde su siembra es masiva, como Estados Unidos, país sede de Monsanto.
La realidad, basada en estadísticas oficiales de ese país durante casi dos décadas (no en estudios puntuales financiados por las empresas que toman datos parciales) muestra que los transgénicos son más caros que los híbridos que ya existían, que en promedio su rendimiento es menor y que han provocado un aumento exponencial del uso de agrotóxicos, con efectos devastadores en suelos, agua, y surgimiento de más de 20 «supermalezas» resistentes al glifosato. La industria afirma que el maíz manipulado con la toxina Bt disminuyó el uso de agrotóxicos, pero omite explicar que las plagas se han ido haciendo resistentes al Bt, y que luego de una inicial disminución, el uso de agrotóxicos ha ido aumentado cada año. Por ello, las empresas están abandonando la venta de semillas de maíz Bt, para vender maíces transgénicos con rasgos apilados, o sea junto a Bt, tolerantes a uno o más herbicidas de alta toxicidad, como glifosato, glufosinato, dicamba y hasta 2,4-d, con lo cual el aumento del uso de tóxicos se multiplica vertiginosamente.
Las empresas aseguran también que es posible la «coexistencia» de maíz transgénico con el maíz campesino. Existen múltiples estudios científicos y estadísticas en muchos países que demuestran lo contrario: donde hay cultivos transgénicos, siempre habrá contaminación, sea por el polen llevado por viento e insectos (a distancias mucho mayores de las «previstas» por las leyes) o por el trasiego en transportes, almacenamiento, puntos de venta, donde no hay segregación de transgénicos y otras semillas. Muchos estudios en México, incluidos los de la propia secretaría de medio ambiente (Semarnat), muestran cientos de casos de contaminación transgénica de maíces campesinos, aún cuando su siembra es ilegal. Legalizar la siembra aumentaría brutalmente esa contaminación que amenaza directamente la biodiversidad y el patrimonio genético agrícola más importante de México, legado por los millones de campesinos e indígenas que lo crearon y lo siguen manteniendo.
En Estados Unidos la contaminación transgénica es omnipresente. Monsanto hizo de ello un negocio: demanda a las víctimas de contaminación transgénica por uso de sus genes patentados, lo cual le ha redituado cientos de millones de dólares en juicios o acuerdos fuera de juicio. Recientemente Monsanto declaró que no va demandar a agricultores en México. Sería absurdo creerlo. Por supuesto lo harán, cuando tengan las condiciones para ello. Ya desde 2004, Monsanto publicaba en periódicos de Chiapas avisos que advertían que el que usara «ilegalmente» sus genes patentados en «importación, siembra, guarda, comercialización o exportación» podría sufrir cárcel y multas mayores. Además instigaban a que si usted «conoce alguna situación irregular», se contactara con Monsanto, para evitar ser acusado de «cómplice». Si no siguió adelante fue porque no tenía el marco legal para ello, tema que ahora presionan por corregir.
Las trasnacionales mienten cuando afirman que los transgénicos son inocuos a la salud. De partida, los cultivos transgénicos tienen un nivel hasta 200 veces más alto de residuos de glifosato, herbicida que la OMS declaró cancerígeno en marzo 2015. Y casi cada mes se publican nuevos artículos con evidencia de daños de los transgénicos a la salud o al medioambiente.
Por ejemplo, el 14 de julio 2015, la revista científica arbitrada Agricultural Sciences, publicó una investigación del Dr. Shiva Ayyadurai, que muestra que la soya transgénica acumula formaldehído, sustancia cancerígena, junto a una disminución drástica de glutatión, antioxidante esencial para la desintoxicación celular. El estudio analizó 6497 experimentos de 184 instituciones científicas en 23 países. El estudio pone de manifiesto la invalidez del principio de «equivalencia sustancial» que se aplica para evaluar transgénicos, alegando falsamente que son «equivalentes» a los convencionales. Existe gran desconocimiento de cómo la transgenia afecta la biología del maíz y qué impacto tiene en la biodiversidad y en la salud de la población de México, donde el maíz se consume más que en ningún otro país.
La guerra recrudece, pero también crecen las muchas resistencias, como la «moratoria popular» de no permitir transgénicos en nuestros campos y mesas, y eso, no va a terminar.
Silvia Ribeiro es investigadora del grupo ETC
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