Dedico este trabajo a Amellalli, mi conciencia social. En México, el neoliberalismo se ha sobrecargado excesivamente, reiteradamente, obsesivamente, hasta saturarse sin romperse. Debido a la inexistencia de fuerzas antagónicas que lo superen y trasciendan, ante la crisis estructural y sistémica del capitalismo, se ha posibilitado su reestructuración. Y, como si se tratara de un basurero, […]
En México, el neoliberalismo se ha sobrecargado excesivamente, reiteradamente, obsesivamente, hasta saturarse sin romperse. Debido a la inexistencia de fuerzas antagónicas que lo superen y trasciendan, ante la crisis estructural y sistémica del capitalismo, se ha posibilitado su reestructuración. Y, como si se tratara de un basurero, se ha rellenado con nuevas dosis de neoliberalismo, de mercado, dependencia, competencia y privatizaciones por parte de las políticas públicas del Estado, de las complacientes clases dominantes y de los partidos políticos del país.
Imbuidas las clases dominantes, el capital y el Estado en las políticas neoliberales. Se han fundado en la dinámica del mercado, en la competencia, la monopolización y la transferencia de recursos al exterior, mientras se entregan los propios al capital extranjero y a las empresas trasnacionales mediante la privatización de las entidades de la nación, en un afán de reproducir la acumulación de capital mediante el despojo, la rapiña y la especulación de la riqueza y de los recursos naturales y humanos del país1. Así, durante los mandatos de Fox y Calderón, se entregaron en concesión a empresas mineras nacionales y extranjeras 8 millones 336 mil 990 hectáreas en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Puebla. A las que se debe sumar 1 millón 278 mil 445 cedidas en Michoacán durante la actual administración. Según la Dirección de Minas de la Secretaria de Energía, tan sólo en el municipio de Ensenada, B.C – el más grande del país, con un total de 5 millones 248 mil 240 hectáreas de territorio -, Calderón y Fox cedieron a la iniciativa privada el uso de 2 millones 288 mil 887 hectáreas para la explotación minera2.
En estos avatares, el gobierno de Peña Nieto ha recortado el nivel de beneficio para el erario y maximizando las utilidades para el capital privado en áreas como: banca, minas, ferrocarriles, ingenios azucareros, satélites, acereras, carreteras, líneas aéreas, etc. Bajo su amparo, se estrenan en la rama del petróleo los consorcios Petrobal, del zar mexicano de la Plata, Alberto Mailleres y Carlos Oil y Gas, del magnate más rico del país, Carlos Slim. Para los cuales Peña Nieto otorgó condiciones de ensueño y renta ultra elevada, mientras que por el otro lado darán migajas al erario y a los mexicanos, quienes alguna vez fueron dueños de todo lo que hoy pertenece al capital privado3. Asimismo, en medio de una opacidad total, el gobierno mexicano ha firmado el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Trabajando de forma gerencial para el gran capital, pero con especial interés en el trasnacional. Tal y como se ha hecho desde 1982, cuando en México se instaló el neoliberalismo, esquema gerencial que vende bienes de la nación y procura negocios para los grupos de poder privado internos y foráneos, no sin antes cobrar por sus servicios.
Cobrando mayor fuerza este saqueo en nuestro país, toda vez que las grandes petroleras y Washington, al estar consientes de que el mundo ha ingresado al «techo del petróleo» (peak oil), vienen centrando sus intereses sobre todos los recursos energéticos existentes en lo que llaman «Las Américas». Bajo la advertencia de generales y militares, sobre la necesidad de contar con los abastecimientos seguros de este área, se ha desplegado una ofensiva sobre la explotación de aguas profundas desde el mar de Alaska hasta Rio de Janeiro, en las arenas bituminosas y crudos pesados o superpesados de Alberta, Canadá el Este de Chicontepec, en México, la cuenca del Orinoco, Venezuela y de Colombia, hasta Argentina, donde ya Chevron, Exxon-Mobil y Repsol «avanzan»4.
Y para brindarles mayores ganancias, a las grandes corporaciones, además de amoldarse la legislación nacional para permitir la explotación y expoliación del territorio sin mayores controles políticos ni ambientales, el Pentágono, la CIA y las firmas petroleras, de la mano de un respaldo corrupto de «gobernanza» financiera y policial-militar, han traído consigo una «sombrilla de seguridad» que viene operando bajo diseños intervencionistas, desde los procesos de toma de decisiones en temas de seguridad y ocupación. Donde además de la «Cuarta Flota» se incluyen bases militares, tropas, así como la incorporación de cuerpos de seguridad – civiles o militares – de la región directamente en las partidas de presupuesto del Departamento de Defensa5. Mediante: la «guerra antinarcóticos» o «al crimen organizado», desde el Comando Sur (Plan Colombia) y del Comando Norte (Iniciativa Mérida).
Esquema que debe circunscribirse en el contexto de la proyección del «Terror de Estado» que Washington impulsa después del ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre en 2001, para el mantenimiento de su supremacía. Donde, el principio fundamental es la libertad económica – que significa libertad para las compañías norteamericanas de invertir, vender y repatriar beneficios -. Y si estos valores fundamentales son perturbados por estudiantes revoltosos, los procesos democráticos, las organizaciones campesinas, la prensa libre y los sindicatos6, se hace uso de la «fuerza extra económica». Instrumento que también fue utilizado por Truman en Hiroshima, por Johnson en Vietnam, Nixon-Kissinger en Chile, Camboya y Asía y Reagan-Bush en Centroamérica y Panamá. Experiencia, toda esta, que definitivamente viene teniendo serias repercusiones en México.
El Terror de Estado se viene implementando en nuestro país, impulsado desde Washington ante la vorágine del despojo, la mercantilización, privatización de territorios y recursos geoestratégicos. Se viene «naturalizando» la expulsión de campesinos de sus tierras comunales y ejidales en beneficio de grandes corporaciones transnacionales, y se les utiliza como una mercancía más, susceptible de ser desechada. O como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo regímenes de semi esclavitud, como en San Quintín, Baja California, y decenas de campos bajo propiedad privada en áreas de Sinaloa, Sonora y Nayarit. Lo cual ha venido gravitando en contra de la legitimidad del régimen, sumado a las formas inescrupulosas en que toma la presidencia durante el 2012 Peña Nieto, al igual que Calderón en el 2006. Toda vez que se han impuesto políticas económicas que responden al interés de una minoría y atacan por otra parte los derechos y los intereses de amplios sectores de la población. Por lo que, al igual que el anterior mandatario, el actual viene haciendo uso de las fuerzas armadas para legitimar y lograr sostener su régimen. Por lo que venimos siendo testigos de la configuración del Estado mexicano como un Estado que viola constantemente las condiciones de vida digna, represor de las libertades democráticas y que usa el terror contra las organizaciones y la protesta social.
Tras asentarse la participación directa de los militares en la lucha contra el narcotráfico con los llamados gobiernos de la alternancia y el actual priista (2000-2015), en nuestro actual contexto histórico y político vienen manifestándose más como parte del problema antes que como una solución, particularmente en su relación con los civiles. Observándose en el alarmante aumento de muertes, desapariciones forzadas y violaciones graves a los derechos humanos relacionadas con la actividad de las fuerzas militares y policiacas. Durante el calderonato, desde principios del 2007, se publicaron las primeras denuncias sobre personas desaparecidas, que para el año 2008 sumaron 600. Fenómeno que no se detendría, según los 2 mil 126 denunciantes familiares de los desaparecidos, responsabilizan de dichos actos a funcionarios del gobierno. De poco a poco: dos eperristas en Oaxaca, un par de veterinarios en Torreón, un niño de nueve años, su padre y sus tíos, varios jóvenes que viajaban rumbo a la frontera. Para dar paso luego a hechos colectivos: 20 vacacionistas en Acapulco, dos camionetas con ingenieros en Piedras Negras, 38 petroleros en Cadereyta, 12 vendedores de pintura, 10 policías federales en Michoacán, ocho cazadores de Guanajuato, tres camiones llenos de migrantes, una veintena de jornaleros guanajuatenses, 50 personas capturadas por marinos y cientos de jovencitas de Coahuila, Chihuahua, Veracruz o Querétaro. A lo cual se le sumaron 15 mil cadáveres no identificados que fueron llevados a la fosa común, de los cuales 421 fueron encontrados en fosas clandestinas7.
Conforme los últimos gobiernos encabezados por Felipe Calderón, Vicente Fox, y el actual con Peña Nieto, se han posicionado como entusiastas impulsores de los intereses empresariales, geopolíticos y geoestratégicos de Norteamérica en México, Centroamérica y América del Sur. Venimos siendo testigos de hechos como el más reciente ocurrido la semana pasada en municipios como Tamazula, Durango, localizado en el llamado Triángulo Dorado de la droga. Donde según datos proporcionados por el DIF de esa entidad 200 habitantes se desplazaron de Tamazula a Cosalá, Sinaloa. El sábado 10, las familias desplazadas indicaron que los marinos mantuvieron un enfrentamiento con un grupo armado, por lo que desde entonces han abandonado sus hogares, pero no sólo por el clima de violencia, sino por el hostigamiento del que fueron objeto por parte de marinos, en la supuesta búsqueda del Chapo Guzmán. Asimismo, Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, informó que los operativos de los marinos han ocasionado afectaciones en Lagunita, Jacole, El Verano, Las Piedrosa, El Aguilita, lugares pertenecientes al municipio de Tamazula8.
Así, todas estas actividades en las cuales participan de manera directa la Armada de México y el Ejército para el supuesto desmantelamiento de los cárteles del narcotráfico mexicano. Cuentan con la anuencia estadounidense. La Marina en mayor medida que el Ejército, viene «colaborando» con agentes estadounidenses de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ajustándose en los hechos, sin ningún respaldo legal, a la concepción estadounidense de marines para la realización de operaciones en tierra continental con el «apoyo» de sus agencias.
En el marco de la Iniciativa Mérida negociada por Felipe Calderón con Estados Unidos, las Fuerzas Armadas han debido rendir cuentas a ese país sobre la manera en que usan la «ayuda» recibida, intercambiar información con la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), instancias de inteligencia del Pentágono a las que Calderón les abrió las puertas para operar en el país9.
Frente a la situación crítica que vienen viviendo muchos pueblos y comunidades indígenas y campesinas por la andanada de megaproyectos en distintas partes del país, se viene configurando en el país el hecho de que las fuerzas armadas han venido aplicando un plan de exterminio en contra de movimientos sociales de distinta índole, encubierto bajo el disfraz de una guerra contra la criminalidad. En 2008, según el documento de La Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico indicó la inviabilidad del país ante la previsible simbiosis entre cárteles criminales y grupos armados desafectos al gobierno, objetivos a aniquilar mediante una cruzada nacional de tipo contrainsurgente10.
Por tales motivos el Estado viene recurriendo a distintos mecanismos para reprimir a la población, ampliando el miedo y el terror como principal estrategia. Así, los mandos castrenses han profundizado sus labores de administración y trabajo de muerte. Sacando a la luz pública a personajes siniestros como el teniente coronel Julián Leyzaola, el pacificador de Tijuana y Ciudad Juárez, así como el general Carlos Bibiano Villa Castillo, quien en Torreón, Coahuila, estrangulaba halconas del narco y mataba en caliente a supuestos chapos y zetas y los hacía gusanitos. O como el teniente coronel José Juárez Ramírez, jefe del pelotón de la muerte en Ojinaga, y el general Jorge El Marro Juárez Loera, quienes en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, junto con el general Felipe de Jesús Espitia, elevaron de manera exponencial la práctica de la tortura, las ejecuciones sumarias extrajudiciales y la desaparición forzada de personas.
En medio de tanta muerte, horror y caos, en estados de la república como Monterrey, donde reside un fuerte grupo de la oligarquía nacional, a la sombra de los militares, con su consentimiento y encuadrados como estructuras paralelas a las fuerzas regulares del Estado, so pretexto de «usos y costumbres locales» y «tradiciones» resurgen escuadrones paramilitares y comandos de exterminio social, como el grupo rudo de limpieza del alcalde Mauricio Fernández Garza, en San Pedro Garza, en la zona metropolitana de Monterrey, La familia michoacana, Los mata zetas y otros inventos, remedos de la Brigada Blanca y los halcones en los años setenta y de la docena de agrupaciones que tras el levantamiento campesino-indígena exterminaban bases zapatistas al amparo del Plan Chiapas 94 de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre ellos Paz y Justicia, Los Chinchulines y Máscara Roja, que tuvieron como punto máximo de su actividad criminal la matanza de Acteal11.
Así, desde el 2006, somos testigos de la ampliación de nuevas formas de violencia no experimentadas en el país anteriormente. Por ejemplo, las decapitaciones entre supuestos narcotraficantes que no eran la regla, sino la excepción, ataques con granadas contra civiles como el ocurrido durante las festividades del 15 de septiembre en 2008, en Morelia Michoacán y dos días antes la explosión de un auto bomba en Ciudad Juárez Chihuha, provocando la muerte de cuatro agentes federales. Todo lo cual ha estado acompañado del hecho de que varias organizaciones «criminales» han «contratado» a «personal de alta calificación»; por ejemplo, «antiguos» miembros de las fuerzas especiales estadounidenses, Boinas Verdes, Rangers, Seals, etc. Así como «antiguos» miembros de las fuerzas especiales de México; integrantes de los Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales (GAFES). Miembros que se encuentran involucrados de manera sustancial en ejecuciones extrajudiciales, pese ala escases de datos oficiales, en la violencia, la tortura y los asesinatos desatados por la guerra contra las drogas12.
Donde resulta preciso no olvidar aspectos nada anecdóticos ni triviales como que los llamados Zetas, es un grupo formado por supuestos «desertores» del Ejército Mexicano, principalmente del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), caracterizado por tener la más alta especialización contrainsurgente y antinarcóticos de la Sedena. Y que en casos de liberación de sicarios como la realizada en el Penal de Apatzingán el 5 de enero de 2004, vestían uniformes parecidos a los de la Policía Judicial de Michoacán, a los de la Agencia Federal de Investigación y a los de la Milicia. Además de que esta muy cerca la 43 zona militar13.
Mediante esta forma de operar, se viene confundiendo el accionar de las fuerzas regulares con el de las máquinas de guerra privadas (milicias urbanas, compañías de seguridad, mercenarios y sicarios de los grupos de la economía criminal), donde abrevaron los asesinos del Ejército que ejecutaron a 15 civiles desarmados en Tlatlaya; los agentes municipales de Iguala y Cocula que al amparo del 27 batallón de infantería detuvieron-desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa, y los policías federales que al grito de ¡Mátenlos como perros! ejecutaron a 16 personas en Apatzingán. Toda vez que la concentración de actividades extractivas (minería, hidrocarburos) convierten a ciertos espacios en lugares privilegiados de la depredación, la guerra y la muerte. Y para suprimir posibles actos de subversión, se le han sumado a los narco-paramilitares, ahora como fuerzas de choque la Gendarmería Nacional y un cuerpo especializado de la policía militar con base en Escobedo, Nuevo León. De forma tal que, Tlatlaya, Iguala y Apatzingán no son hechos aislados; forman parte de la estrategia de guerra sucia, enmarcada en los viejos manuales contrainsurgentes14.
Notas
** César Ramón González Ortiz es Sociólogo y Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1 Adrián Sotelo Valencia, México (re)cargado. Dependencia, neoliberalismo y crisis«, UNAM, FCPyS, ITACA, México, 2014. p. 25
2 La Jornada, 20-09-2015.
3 La Jornada, 17-09-2015, por Carlos Fernández Vega.
4 Marco A (hijo) Gandásegui y Dídimo Castillo Fernández (coordinadores), Estados Unidos la crisis sistémica y las nuevas condiciones de legitimación, Siglo XXI, CLACSO, 2010. Pág. 19
5 Ibíd. Pág. 19
6 Noam Chomsky y Edward S Herman, Washington y el fascismo en el Tercer Mundo,. Siglo XXI, 1981. p. 25
7 Ibíd. Pág. 12
8 Revista Proceso, No. 2033. Pág. 10
9 Revista Proceso, No. 1882. Pág. 9
10 Carlos Fazio. «La catástrofe que viene«, La jornada 27-04-2015
11 Carlos Fazio. «La catástrofe que viene». La Jornada 27-04-2015
12 T. Fernando. «Morir por nada. Narcotráfico y violencia de Estado en México». L.D. Books, 2012. Pp. 26-69
13 Revista Proceso. «Con Zeta de muerte (primera parte)». Edición especial No. 37. Pp. 8-12
14 Carlos Fazio. «La catástrofe que viene». La jornada 27-04-2015
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