Margarita Martín de las Nieves, viuda del defensor de derechos humanos Manuel Ponce, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), sufrió un atentado con armas de fuego al salir de una reunión en la oficina de Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, ubicado en Ayutla de los Libres, Guerrero. La […]
Margarita Martín de las Nieves, viuda del defensor de derechos humanos Manuel Ponce, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), sufrió un atentado con armas de fuego al salir de una reunión en la oficina de Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, ubicado en Ayutla de los Libres, Guerrero.
La agresión, que mereció la condena de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), ocurrió a pesar de que la mujer contaba con medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y apenas cuatro meses después de que su esposo fue ejecutado en la misma entidad junto con Raúl Lucas Lucía.
El día del atentado (24 de junio de 2009), ella había asistido a una reunión con representantes del cuerpo diplomático, cuyo objetivo era denunciar la situación que ha enfrentado a raíz del asesinato de su esposo. En el trayecto a su comunidad, una persona no identificada le disparó a ella y a sus dos acompañantes, sin que sufrieran ninguna lesión.
Apenas el pasado 19 de abril, la Corte había otorgado medidas provisionales a 107 defensores de derechos humanos del estado de Guerrero, en su mayoría indígenas, por considerar que se encuentra en grave riesgo su integridad física.
El 22 de junio de 2009, miembros de Tlachinollan sostuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en Chilpancingo, Guerrero, para solicitar una vez más la implementación de medidas de seguridad y protección concretas a favor de las y los beneficiarios de medidas otorgadas por la Corte.
Se solicitó especialmente implementar medidas de protección para Margarita y Guadalupe Castro Morales, viudas de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía -quienes fueron ejecutados extra-judicialmente en febrero de 2009 y cuyo crimen permanece impune.
En la reunión del 22 de junio, participaron además funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Tal como se puede corroborar en la minuta correspondiente -firmada por todos los funcionarios presentes- la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero se comprometió a realizar dos rondines diarios, uno por la mañana y uno por la noche, en los domicilios de Margarita y Guadalupe a partir del día 24 de junio, así como acompañamientos policíacos en sus traslados.
Para concretar tales medidas de protección, las indígenas beneficiarias, las y los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan e integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública acordaron confluir a las once de la mañana del día 24 en las oficinas de Tlachinollan ubicadas en la calle Álvarez número 20 barrio de la Villa de la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero.
El atentado
El 24 de junio de 2009, Urbano Palacios García comandante del primer sector de la región Costa Chica de la Policía preventiva estatal se presentó a las 11:30 en las oficinas de Tlachinollan para acordar con Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves el inicio de rondines en los domicilios de las mujeres indígenas, indica un comunicado de Tlachinollan.
Abel Barrera, director de Tlachinollan, solicitó expresamente al Comandante Urbano Palacios y a las autoridades policíacas del estado que hicieran el acompañamiento de Margarita a su comunidad llamada La Cortina una vez que terminaran las reuniones que tenía planeadas, a fin de garantizar su seguridad en el traslado a su domicilio y poder conocer además la ubicación del mismo para comenzar con los rondines que entrarían en vigor ese mismo día.
El comandante Palacios acordó realizar el acompañamiento y le pidió a los beneficiarios que llamaran a su celular a la hora en que la señora Margarita se fuera a trasladar de Ayutla a La Cortina.
Es importante señalar que ese día, Guadalupe y Margarita se reunieron en Ayutla durante la mañana y la tarde con el Fondo Para la No Violencia, y con funcionarios de las embajadas de Estados Unidos y de Canadá para testificar sobre la situación de riesgo y amenazas que viven, así como sobre el caso de sus esposos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, ejecutados extra-judicialmente en febrero de 2009, y cuyo casos permanecen impunes.
A partir de las 13:00 horas hasta aproximadamente las 19:00 horas, miembros de Tlachinollan llamaron reiteradamente a los teléfonos proporcionados por el comandante Palacios pero todos se encontraban fuera del área de servicio.
El Comandante Palacios tampoco se presentó nuevamente en la oficina de Tlachinollan como se había acordado y, como los teléfonos que proporcionó no servían, Margarita tuvo que emprender el regreso a su comunidad antes de que anocheciera, sin acompañamiento policíaco y sin que se realizara el rondín nocturno en su casa, al que se habían comprometido, según consta en la minuta de reunión entre los beneficiarios y el Estado mexicano de fecha 23 de junio de 2009.
A las 16:30 horas, Margarita salió de la oficina de Tlachinollan y se dirigió en compañía de su cuñado de nombre Santiago Ponce Lola y su cuñada Modesta Laureano Petra, todos ellos miembros de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OPFM), hacia la comunidad de la Cortina, donde habita con sus hijos.
Cuando se trasladaban en una camioneta Ford tipo pick up, aproximadamente a las 17:30 horas, al pasar por la comunidad de la Fátima, en el crucero de Ocotlán, Margarita y Santiago vieron del lado izquierdo, a una distancia de aproximadamente 3 metros, a un hombre agachado sobre el bordo de un cerro a orilla de la carretera. El hombre estaba apuntándoles con un arma larga, al parecer escopeta 12 o 16, y éste jaló el gatillo una vez sin darles.
La persona vestía playera negra, sombrero negro y un pañuelo negro que le cubría la cara. Cuando Margarita, Santiago y Modesta se percataron de la presencia de este hombre, Santiago, que conducía la camioneta, aceleró y el individuo les tiró dos disparos más en dirección de Santiago y de Margarita. Cuando la persona que disparó se percató que había fallado en su disparo, porque al parecer la pistola se encasquilló, se levantó y los siguió con la intención de poderlos alcanzar y dispararles más de cerca. Por fortuna, aceleraron y lograron escapar y salieron ilesos del atentado.
Es importante mencionar que como parte de las medidas provisionales, el Estado Mexicano había provisto de un teléfono satelital a Margarita el 1º de junio de 2009, que sin embargo no funciona actualmente por lo que no pude ser utilizado para comunicar esta emergencia.
Demandas
Ante los hechos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan condena este intento de asesinato en contra de los defensores indígenas, dice en su comunicado, y solicita al Estado Mexicano implementar sin dilación medidas de seguridad y protección, de acuerdo con lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa gran preocupación de que estos hechos sucedan dentro del marco de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Mexicano, con el objeto de «proteger la vida e integridad» de 107 personas del Estado de Guerrero, incluyendo a Margarita Martín de las Nieves y a otras personas de diversas organizaciones sociales y de derechos humanos.
Adicionalmente, dice la Ofician, en lo que aparenta ser un desafío, es de mencionar que dichos sucesos se presentaron un día después de que la Oficina constató que el Estado se comprometió a realizar acompañamientos policíacos en los traslados de Margarita Martín de las Nieves.
La Oficina reitera su preocupación ante las condiciones de vulnerabilidad en la que las y los defensores de derechos humanos desarrollan su labor en el país y llama a las autoridades competentes para esclarecer los hechos de manera rápida y eficaz.