Ese 23 de noviembre temprano madrugó la madrugada. A las 6:45 de la mañana, tres hombres armados secuestraron al maestro de primaria Irineo Salmerón Dircio. Se dirigía a su trabajo en San Lucas, Tixtla, en el estado de Guerrero. El profesor Irineo era un profesionista y un luchador social querido y admirado por sus […]
Ese 23 de noviembre temprano madrugó la madrugada. A las 6:45 de la mañana, tres hombres armados secuestraron al maestro de primaria Irineo Salmerón Dircio. Se dirigía a su trabajo en San Lucas, Tixtla, en el estado de Guerrero.
El profesor Irineo era un profesionista y un luchador social querido y admirado por sus compañeros. Además de enseñar, era el coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Tixtla.
Dos días después, en el municipio de Chilapa, a escasos 500 metros de un retén de militares, su cuerpo fue encontrado dentro de bolsas de plástico negras amarradas con cintas color café. El asesinato fue reivindicado en una cartulina blanca por Los jefes. Pero Pedro Santos Bartolo, coordinador de la Policía Comunitaria, responsabilizó del homicidio al gobierno del estado con su nueva careta de crimen organizado
.
Casi 500 amigos y compañeros participaron en la misa de cuerpo presente que se celebró en memoria del maestro Salmerón en la principal iglesia de Tixtla. A las 3:30 de la tarde, un numeroso cortejo fúnebre partió con cuatro coronas de flores blancas al frente y cuatro compañeros cargando sobre sus hombros el ataúd envuelto en la bandera nacional. En el funeral, un policía comunitario advirtió: el que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen
(https://goo.gl/KJVPXk).
Apenas unos días antes fueron encontrados en un paraje que lleva de Tixtla al poblado de Atliaca nueve cuerpos descuartizados con señales de tortura. Dos meses atrás, dos policías comunitarios fueron asesinados. Y hace un año, el 26 de noviembre de 2015, también en Tixtla, fueron ejecutados cuatro miembros de la CRAC-PC, casa de justicia La Patria es Primero.
En Tixtla, municipio donde se encuentra la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se vive desde hace meses una oleada incontrolable de violencia generalizada. Grupos armados, teóricamente ligados a los cárteles de Los ardillos y Los rojos, se disputan con absoluta impunidad el control del territorio y las vías de comunicación.
Pero ni la violencia ni la impunidad son exclusivos de ese municipio guerrerense. En lo que va de 2016 ha habido unos 2 mil asesinatos. En Acapulco, Zitlala, Teloloapan, Ocotito, Ajuchitlán, Arcelia y Chilapa hay decenas de personas desaparecidas y miles más han tenido que salir de sus comunidades huyendo.
En varias comunidades de Tierra Caliente, los maestros deben ir a las escuelas a trabajar protegidos por la policía. La violencia atroz que se vive en esa región es tan grande que muchas de las agresiones ni siquiera son denunciadas por las víctimas. El miedo es de tal tamaño que la gente no quiere hablar.
En Guerrero, como en otras entidades del país, los crímenes no son cometidos por hampones aislados. Son obra de grupos delincuenciales que controlan una próspera industria que se dedica a múltiples actividades: robo, secuestro, extorsión, prostitución, ventas de alcohol y, por supuesto, producción y tráfico de drogas, especialmente de amapola y mariguana. Sus ganancias se blanquean en un amplio entramado de negocios legales. Sus actividades ilícitas cuentan con la protección de policías, militares, jueces, políticos, empresarios y notarios. Es el reino de la narcopolítica.
En ese clima de inseguridad e impunidad generalizado han proliferado policías comunitarias en las zonas indígenas y grupos de autodefensa en pueblos mestizos. La primera surgió en la Montaña y la Costa Chica en 1995. En su origen, son una respuesta honesta de pueblos originarios y campesinos para enfrentar la delincuencia. Parten de sus experiencias organizativas previas. En sus filas es común encontrar maestros pertenecientes a la Ceteg. Algunos trataron en un primer momento de limitar su acción a la defensa de sus territorios y patrimonios, sin confrontarse de lleno con el crimen organizado. Cada vez les es más difícil hacerlo.
El gobierno estatal y el federal han intervenido en la vida interna y los procesos organizativos que llevaron a formar policías comunitarias y autodefensas. Ahora, amenazan con echar atrás la ley 701, que legitima su actuación. Al mismo tiempo, presionan para que algunas de ellas se regularicen
e ingresen a la Policía Rural de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Aprovechando diferencias internas, las autoridades han divido a algunas organizaciones, han favorecido con recursos e interlocución a otras y han corrompido y detenido a varios de sus dirigentes por no aceptar renunciar a la lucha. Nueve comunitarios (entre ellos Gonzalo Molina, Arturo Campos y Bernardino García) están en la cárcel por el delito de organizar a sus pueblos para defenderse del crimen organizado.
La acción de estas policías comunitarias y autodefensas se cruza inevitablemente con la lucha de los cárteles por rutas, zonas de siembra y mercados locales. Según un informe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia actúan en Guerrero, entre otros, Los Granados, Los rojos, La familia michoacana, Guerreros unidos, La empresa, el cártel Jalisco Nueva generación (aliado con los Tequileros, escindidos de La Familia) y unas 50 células delictivas.
Ha sido notable en los meses recientes la expansión de Los ardillos, que han salido de su madriguera en Quechultenango para aterrizar en Acapulco y controlar varios corredores importantes. Este cártel fue fundado por el padre del ex diputado local del PRD Bernardo Ortega Jiménez, y sus hermanos están señalados como sus líderes.
La presencia de las comunitarias es también muy importante en el corredor Tlapa Marquelia, donde, a pesar del rechazo abierto de las comunidades, se han otorgado importantes concesiones mineras a grandes empresas. Esas policías comunitarias son, por lo pronto, una garantía de que esas mineras no comiencen a operar. Curiosamente, la intervención gubernamental en la vida interna de las policías comunitarias y su intención de dividirlas coincide con la resistencia de los pobladores a los proyectos mineros.
Twitter: @lhan55
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/12/20/opinion/015a2pol