El Instituto Espacio para la Memoria fue creado por la ley 961 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como resultado de la lucha histórica por Memoria, Verdad y Justicia, con la misión de la transmisión de la memoria y de la historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado […]
El Instituto Espacio para la Memoria fue creado por la ley 961 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como resultado de la lucha histórica por Memoria, Verdad y Justicia, con la misión de la transmisión de la memoria y de la historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado y gestionar los sitios de memoria, entre otras atribuciones.
Su fundación implicó gestar una experiencia de nuevo tipo: impulsar políticas públicas de memoria desde la acción concertada de organismos de derechos humanos y espacios estatales, con la particularidad de que el Instituto tiene autarquía y autonomía en su materia, de modo tal que la política de memoria se construye como política de estado más allá de la coyuntura y los gobiernos de turno.
Puesto en marcha hacia el 2006, el enorme balance confirmó lo acertado del enfoque de lo «público» por encima de lo meramente estatal. La realización del concurso para la construcción del Museo de la Memoria que estará situado en el edificio Cuatro Columnas de la Ex ESMA, con la supervisión de la Sociedad Central de Arquitectos y un jurado donde descollaban personalidades como Eduardo Luis Duhalde, Marta Vásquez o Adolfo Pérez Esquivel, anticipa el cumplimiento de su mandato histórico; el cuidado de los otros edificios tanto de la Ex ESMA como de aquellos que funcionaron también como Centros Clandestinos de Detención como «Automotores Orletti», «Club Atlético», «Olimpo» y «Virrey Cevallos», que se constituyen en prueba en los procesos judiciales en curso, confirman lo valioso de la experiencia que ha fomentado el pluralismo y la construcción colectiva.
Es por ello que desde el Consejo Directivo del IEM hacemos público nuestro rechazo a la decisión inconsulta de traspasar los sitios de memoria bajo la guarda del IEM a la órbita nacional. Esta decisión deja al Instituto Espacio para la Memoria cuasi inhabilitado, transformando lo que hasta ahora eran políticas públicas de memoria en políticas de gobierno. Con esa actitud, al mismo tiempo el gobierno de la Ciudad pone una vez más de manifiesto el desinterés por el patrimonio histórico de memoria en el ámbito de su incumbencia.
La metodología de llevar adelante este convenio de traspaso entre la Nación y la Ciudad, sin conocimiento de la misma por parte de las autoridades del IEM evidencia una práctica antidemocrática e inconsulta. La decisión de concretar un convenio de estas características, es un agravio a una expresión del movimiento de derechos humanos que hoy sostiene esta experiencia única de autonomía en la gestión de políticas públicas de memoria.
Por otra parte el método de intentar desacreditar mediante agravios y mentiras la valiosa labor del IEM desarrollada en todos estos años, pone de relieve las verdaderas intenciones de quienes no tienen escrúpulos a la hora de atacar a luchadores de los derechos humanos y sus instituciones.
Con esta decisión, la Ciudad queda sin un espacio de gestación de políticas públicas de Memoria, creado en esa jurisdicción a tal efecto, y la sociedad pierde la riqueza de un espacio plural subordinando esa tarea a la decisión del gobierno de turno, que como vimos en la Ciudad de Buenos Aires, puede cambiar de signo político e ideológico. La concentración de decisiones sobre la memoria en un ámbito estatal conlleva el riesgo de que éstas cambien con cada cambio de gobierno nacional. La autonomía del IEM garantiza a todos la continuidad de las políticas públicas que expresan la variedad de fuerzas que por décadas han luchado por la Memoria, la Verdad y la Justicia.