Con cuatro semanas de paro médico nacional, un paro de 48 horas de la Central Obrera Boliviana (COB) y el inicio de la IX marcha indígena contra la Ley 222 que busca alentar una consulta amañada para destruir un parque nacional, el gobierno de Evo Morales muestra de manera descarnada su verdadera naturaleza antiobrera y […]
Con cuatro semanas de paro médico nacional, un paro de 48 horas de la Central Obrera Boliviana (COB) y el inicio de la IX marcha indígena contra la Ley 222 que busca alentar una consulta amañada para destruir un parque nacional, el gobierno de Evo Morales muestra de manera descarnada su verdadera naturaleza antiobrera y antipopular. Las protestas y los piquetes de huelga a nivel nacional se incrementan, superando los 4000 huelguistas de hambre del sector de la salud, al igual que las persecuciones y la criminalización de la protesta con despidos de cientos de médicos, huelguistas y personal de apoyo. De igual manera, la represión a las marchas dio un giro el martes 24/4 con enfrentamientos entre médicos, estudiantes de medicina y fuerzas de la policía con 14 heridos.
Por su parte, la COB se encuentra empantanada en un dialogo por un pliego de demandas cuyo eje central es el incremento salarial; componente muy duro para un gobierno que trata de conciliar permanentemente y no tocar los intereses patronales. El paro de 48 horas convocado por la COB el martes 24 y miércoles 25/4 ha logrado nutrirse por sectores de maestros de federaciones departamentales, quienes son disidentes de los acuerdos llevados a cabo por Pinaya (Secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos) y todo el equipo de la burocracia del partido comunista, quienes trataron de ahogar el conflicto realizando un débil acuerdo con el gobierno por diferentes concesiones parciales para el sector. Asimismo, un contingente de 800 mineros de Huanuni se encuentran en La Paz como vanguardia obrera que cuestiona los planes de reactivación económica y en especial los planes en el sector que implican mínimas inversiones en tareas de exploración de nuevos proyectos mineros. El anuncio de la COB de convocar a un ampliado nacional esta semana para evaluar el paro, y definir la posibilidad de huelga general indefinida, muestra la tendencia a ingresar en una escalada de conflictos empujando al MAS cada vez más a la derecha y acelerando el desgaste ante los ojos de los trabajadores y el pueblo pobre.
Las causas de esta escalada en la lucha obedecen a un conjunto de ataques contra los trabajadores como el que se efectuó sobre el sector salud y específicamente sobre los médicos y personal de apoyo clínico, al modificar el decreto especial del que gozaban eliminando la jornada de trabajo de 6 horas y elevándola a 8 horas pero con el mismo salario.
El gobierno ha tratado de ganar base social para este ataque en base a un discurso que exalta que la medida supuestamente sería la solución a los problemas de cobertura y calidad en la atención sanitaria. Nada más falso y unilateral ya que la crisis de salud no pasa por un incremento en la jornada de trabajo de los galenos y personal de apoyo sino por un cuadro más amplio de mejora en la asignación presupuestaria e inversión social que mejore, infraestructura, equipamiento y dé más cobertura ampliando los ítems disponibles en las distintas unidades médicas. La posición del gobierno ha sido la de atrincherarse detrás de un discurso que trata de motivar el rechazo de la población a la lucha de salud basándose en la sensibilidad que existe respecto a las deficiencias de los servicios y la ausencia de un verdadero seguro de salud y seguridad social. Asimismo, el gobierno ha rechazo el pedido de los médicos de ser tratados bajo la Ley general del trabajo con todos los beneficios y derechos que corresponderían, en una mirada que refleja su intención de realizar de manera continua mayores ajustes fiscales sacrificando a los trabajadores en su intento.
Sin embrago, el conflicto más molesto para el gobierno, desde el ángulo de un perfil «indigenista y pachamamista» que lo llevó a la admiración del «progresismo» internacional se encuentra en la IX marcha indígena que este miércoles 25 parte desde el Beni en contra de la Ley 222 que convoca a una consulta para la construcción de la carretera por medio del parque y territorio indígena (TIPNIS). En violación a todos los acuerdos nacionales e internacionales (ART 169 sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos) así como a su propia Constitución Política del Estado, el gobierno ha montado una estrategia de divisiones, amedrentamientos y golpizas, además de una guerra mediática para impedir que esta marcha llegue a La Paz. Los indígenas que en una marcha anterior habían logrado parar la construcción de la carretera, fueron sorprendidos por una ley revocatoria que pretende definir en un referéndum el destino de un proyecto vial al servicio de las transnacionales y las burguesías regionales.
Ante esta situación se hace indispensable la unidad de los sectores sobre la base de un programa de lucha unificado que impida la negociación sectorial dejando espacios a las burocracias para transar y aislar al conjunto de los sectores movilizados. Desde la LORCI venimos exigiendo a la COB y a la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas) la convocatoria urgente a una cumbre obrera, campesina, indígena y popular que con delgados de base sea capaz de formular un pliego único de demandas y elaborar un plan de lucha escalonado que permita agrupar fuerzas, sembrar la confianza en los trabajadores e indígenas y preparase para vencer la ofensiva antiobrera y antiindigena de Evo y el MAS.
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