¿Hacia un nuevo papel para las fuerzas armadas?

Las transformaciones en el papel de las fuerzas armadas mexicanas, propiciadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pueden ser vistas como ensayo de un nuevo patrón de dominación para América Latina, más acorde con el actual modelo de acumulación, basado en cadenas de alcance planetario.

El ejército mexicano será empeñado en la construcción de infraestructura de conectividad, de logística, considerada de “seguridad nacional, y operará como empresa.[1] Así, además de contar con la parcela del presupuesto nacional para él destinado, podrá obtener recursos propios retirados de su actividad económica. Al blindar militarmente esas actividades frente a la resistencia de comunidades afectadas y ambientalistas, garantiza el flujo de valor a través de las cadenas de acumulación. Pero, al tratarse esas actividades económicas de cuestión de seguridad nacional, la institución no estará completamente sometida al control de la sociedad, ni siquiera por la vía de las instituciones formalmente republicanas.

Si las formas de democracia representativa vienen siendo cada vez más un cascarón vaciado, en el que ni siquiera las clases dirigentes vienen dirimiendo sus pleitos, los cambios que se insinúan en el papel de las instituciones militares son un indicador revelador de su obsolescencia. Las decisiones sobre lo que importa a la dinámica del capital se vienen tomando en otra parte. Al mismo tiempo, la aceleración de la expansión expoliadora precisa de la mano legal del Estado, con sus instrumentos legales y coercitivos, y también de su mano ilegal, de milicias, paramilitares, parapoliciales y organizaciones delictivas con un accionar cada vez más diversificado. Esa forma compuesta se revela contingente, operando en la transición para otro modelo. Y el creciente poder otorgado al ejército mexicano es un indicio de lo que puede perfilarse en el continente.

El financiamiento de las fuerzas armadas por medio de las actividades económicas extractivas ya ocurre en Chile desde 1976, cuando el entonces presidente Augusto Pinochet determinó que 10% de los lucros de la estatal del cobre Codelco está destinado a las fuerzas armadas, con un piso mínimo de 90 millones de dólares anuales.[2] Actualmente, en el Ngulumapu (territorio mapuche ocupado por el Estado chileno) hay participación directa de la Armada en negocios con las empresas de la cadena de la pasta de celulosa, como es el caso de las licitaciones para el cultivo de especies exóticas (pino y eucalipto) en áreas pertenecientes a esa institución.[3]

En 2017, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro creó la Zona Económica Militar en el Arco del Orinoco, que faculta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para proteger la región y para comercializar minerales.[4] Se formó inclusive la Compañía de Minera Militar Anónima, denominada CAMIMPEG.

En Brasil, la integración de la Amazonía a las cadenas de acumulación no ocurrió ni en la primera fase de la invasión del continente, iniciada en 1492, ni en la segunda, en las últimas décadas del siglo XIX, si descartamos el breve ciclo de la extracción de caucho, de 1880 a 1910. La integración intensa del territorio se inaugura con la dictadura iniciada en 1964.[5] Las fuerzas armadas brasileñas mapearon y abrieron el territorio a la explotación intensa, sea de agropecuaria o de minería. La transición al gobierno civil, en la década del ‘80, tenía como cláusula tácita (y “pétrea”) la permanencia de la presencia militar en toda la región. Durante los cuatro años del gobierno del presidente Jair Messias Bolsonaro, el control militar sobre la Amazonía aumentó, organizando y garantizando la actividad extractiva, tanto la legal como la ilegal. Militares retirados, asociados con fondos de inversión de diferentes procedencias explotan minas en la región.[6] Probablemente, la continuidad de ese control militar sea uno de los principales acuerdos de gobernabilidad que quieran sellar con el coordinador de la transición y vicepresidente electo el pasado domingo 31 de octubre Geraldo Alckmin.

Esos ejemplos de Chile, Venezuela y Brasil son sólo algunos indicios de que lo que se perfila en México tal vez no sea una singularidad del país “tan lejos de dios y tan cerca de los Estados Unidos”, como supo decir el escritor Juan Rulfo. Aunque México esté más expuesto a las demandas estadounidenses por insumos, sobre todo para la industria 4.0,[7] tal vez sea una tendencia que debemos considerar para preparar nuestra resistencia. Como vemos, tal modalidad, que incluye la autofinanciación de las instituciones militares, blinda actividades vinculadas a la exportación de materias primas, frente a gobiernos de diferentes colores que por ventura se turnen en la administración pública y puedan eventualmente provocar “disturbios” en la continuidad del flujo de exportaciones. Aunque éstas no son en absoluto incompatibles con las propuestas neodesarrollistas, que combinan el consenso de las commodities con políticas de alivio a la pobreza generada por la propia matriz exportadora de materias primas. Es más, la extracción de riquezas para exportación es justificada con el argumento de que es el superávit de exportaciones el que permite reunir recursos para las políticas sociales para los más pobres. La participación directa de las instituciones militares, que poseen el monopolio legal de la violencia, en las actividades económicas sea de la logística de exportación, sea de la extracción propiamente dicha, garantizan de manera más eficiente la expoliación. Frente a esa nueva modalidad en desarrollo, los territorios precisan organizarse con previsión y astucia.

Notas:

[1] Ver: https://www.forbes.com.mx/sedena-pide-un-presupuesto-de-4-mil-748-mdp-para-sus-empresas/ y