En poco tiempo se cumplen dos años de la gestión del presidente Evo Morales y con ello, dos años de diferencias políticas entre dos visiones de país totalmente diferentes. El último conflicto de magnitud que vivimos tuvo lugar el pasado 15 de Diciembre del 2007. La preocupación generada fue muy grande pues según los medios […]
En poco tiempo se cumplen dos años de la gestión del presidente Evo Morales y con ello, dos años de diferencias políticas entre dos visiones de país totalmente diferentes. El último conflicto de magnitud que vivimos tuvo lugar el pasado 15 de Diciembre del 2007. La preocupación generada fue muy grande pues según los medios era inminente una confrontación nacional. Ese día dos proyectos antagónicos entre si fueron presentados a las poblaciones en occidente y en oriente, nos referimos al proyecto de Constitución Política del Estado presentado en La Paz por el gobierno nacional y al Estatuto Autonómico presentado en Santa Cruz y anunciado en los departamentos del Beni, Pando y Tarija.
A esto se sumó otro problema que mantuvo tensas las relaciones entre el gobierno y las prefecturas opositoras, y fue la aprobación de la ley de «renta de vejes». Esta ley determina el pago de una suma de 200 bolivianos a tod@s l@s mayores de 60 años y establece que una parte de los recursos para tal pago provendría del Impuesto Directo a los Hidrocarburos-IDH destinado a los presupuestos prefecturales. El gobierno afirma que se trata de una política de «redistribución justa» de la riqueza hidrocarburifera, mientras que los prefectos afirman un «recorte» de aproximadamente 80 % en sus partidas.
Como se esperaba, unas vez pasadas las fiestas de fin de año, por fin el diálogo se avizoró. El gran anuncio de una reunión para el lunes 7 de enero entre gobierno y prefectos, mantuvo, hasta ese día, con gran expectativa a toda la población boliviana. Ya en la reunión programada, se decidió discutir, básicamente, tres puntos centrales: el proyecto de nueva constitución política del estado, los estatutos autonómicos y el tema del IDH.
El clima del encuentro aparentaba muy tranquilo a pesar de que días antes se habían suscitado varios altercados de los cuales mencionamos dos ejemplos. El primero en Sucre, en donde la ministra de Justicia fue insultada y retenida al inaugurarse, en es ciudad, el año judicial. Al brotar nuevamente actitudes racistas y fascistas de personas que en su mayoría son funcionarios de la alcaldía, la ministra de Justicia prácticamente tuvo que huir de Sucre. http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=3549&id=1,
Otras señales de intolerancia se escucharon el fin se semana previo al diálogo, cuando el prefecto Costas encabezó una caravana en la localidad de Santa Rosa del Sara (Norte Cruceño) en donde amenazó, «sin decirlo» al alcalde elegido de esa localidad, de llevar a 100,00 o un millón de personas para defender a la población si es que se osaba amedrentarla http://www.el-nuevodia.com/versiones/20080106_007330/nota_247_529222.htm Esto, a raíz de un choque producido el pasado 15 de diciembre entre sectores que festejaban la aprobación de la nueva constitución política, con sectores pro-cívicos que agredieron a la población anteriormente mencionada. http://www.ubnoticias.org/es/article/civicos-armados-golpean-a-campesinos-en-santa-rosa-del-sara-santa-cruz
Y bueno, volviendo al famoso tema del diálogo, este comenzó unos minutos después de las seis de la tarde y se extendió por casi ocho horas. Fue trasmitido en directo por el canal de televisión estatal. Asistieron el presidente, el vicepresidente, algunos ministros y los 9 prefectos que se consolidan como la oposición real a este gobierno, relegando de su rol principal a lo partidos políticos como es el raquítico PODEMOS y sus lideres reciclados.
Así, después de casi dos años desde su posesión, se reúnen en una sola sala los prefectos con el presidente de la República. Por Chuquisaca estuvo presente el prefecto interino, pues don David Sánchez renunció irrevocablemente a su cargo, las razones, son por demás conocidas.
Y después de haberse reunido el lunes, y partecita del martes, los acuerdos a los que preliminarmente arribaron fueron tres: Revisar los temas conflictivos del proyecto de nueva Constitución, avanzar en los procesos autonómicos y crear un fondo económico para compensar a las regiones. El trabajo se desarrollaría a través de comisiones específicas con equipos técnicos de cada parte.
Ya operativizando los acuerdos, este 9 de Enero, se reunió en la ciudad de La Paz la primera comisión económica que discute el tema del IDH. La comisión que deberá encarar los problemas referidos a la nueva carta magna y a los estatutos autonómicos comenzará su trabajo el próximo lunes 14 de Enero, cuando se reúnan nuevamente los prefectos con el Gobierno central en la ciudad de La Paz. Para el caso, anunciaron por conveniente ampliar la participación de constituyentes y diputados, si el caso amerita.
El trabajo consiste, según declaraciones, en compatibilizar los contenidos de los proyectos de nueva constitución y los proyectos autonómicos. La ley preveé, más allá de cualquier cosa, que las autonomías deben estar enmarcadas en la Constitución Política del Estado, de lo contrario goza de tremenda ilegal. Por lo tanto ningún referéndum departamental podría, en este caso, avalar dichos estatutos.
Al mismo tiempo, el presidente de la República sugirió promover la elección de consejeros para que estos puedan trabajar, si vale el término, en la construcción de unos estatutos autonómicos con la participación legítima del pueblo. Propuso también una ley para trasparentar el manejo de los recursos económicos en todas las instancias de gobierno, entre otros.
Respecto a lo que se viene en adelante, la mayor parte de la opinión pública coincide en que se debe tener mucha paciencia y tolerancia, pues los problemas estructurales que necesitan solución requieren de bastante tiempo. Existen temas muy álgidos como es el de la tierra y el territorio, que a criterio de muchos, es el principal asunto. En este tema por ejemplo, el estatuto autonómico planteado por Santa Cruz, pretende que la administración departamental sea directamente la responsable de la gestión de la tierra, mientras que el nuevo proyecto de Constitución Política del Estado, pretende limitar la tenencia de tierras en grandísimas extensiones.
Recordemos que el actual presidente del comité cívico pro santa cruz, Branco Marinkovik, arrastra desde el año pasado serios problemas por la apropiación ilegal de mas de 20,000 Ha de tierras pertenecientes a la reserva forestal de Guarayos. http://www.constituyentesoberana.org/3/noticias/forestal/jul2007/180707_1.html Sabiendo que se juegan semejantes intereses y sabiendo que la única posibilidad para que Marinkovik, y muchos otros más puedan mantener en su poder estas inmensas cantidades de tierras, es dándole vida al estatuto autonómico propuesto en Santa Cruz, valdría la pena preguntarnos con la cabeza bien fría, hasta donde están dispuestos a dialogar estos señores?