La larga inactividad de hecho del Congreso tuvo su contracara en las sesiones extraordinarias. Antes de Navidad el arbolito del Gobierno se decoró con muchas leyes, varias positivas y otras, menos, negativas. Las elecciones de octubre no pasaron en vano. Ese 54 por ciento de votos colectados por la presidenta y las listas oficialistas trocaron […]
La larga inactividad de hecho del Congreso tuvo su contracara en las sesiones extraordinarias. Antes de Navidad el arbolito del Gobierno se decoró con muchas leyes, varias positivas y otras, menos, negativas.
Las elecciones de octubre no pasaron en vano. Ese 54 por ciento de votos colectados por la presidenta y las listas oficialistas trocaron las mayorías en el Congreso, donde el Grupo A había ejercido una breve e inútil hegemonía de comisiones. El segundo mandato de Cristina Fernández empezó con una correlación de fuerzas favorable en ambas cámaras.
Y eso se notó en el trámite veloz de la agenda marcada por el Ejecutivo para las Sesiones Extraordinarias. Una de las diferencias con lo ocurrido en 2010 es que el Senado aprobó el Presupuesto Nacional 2012, negado por la transitoria mayoría opositora en aquella oportunidad. Ahora las bancadas opositoras dieron quórum y algunas votaron a favor, dejando sus críticas para el tratamiento en particular. Ya no está Julio Cleto Cobos sino Amado Boudou. Y hasta los detractores Gerardo Morales, Adolfo Rodríguez Saa y el huidizo Carlos Reuteman adoptaron posturas más comprensivas para con la iniciativa del FpV. Lo más probable es que no hayan cambiado su pensamiento sino tomado nota del respaldo mayoritario de la jefa de Estado. No desean malquistarse con ese electorado y quedar pagando. Razones de oportunidad o de oportunismo…
Como sea, esta vez el PEN cuenta con la ley de leyes. Quizás esto quedó algo oscurecido por la polvareda levantada por otras leyes más polémicas, como la del papel para diarios y la antiterrorista.
Se prevé un crecimiento del PBI de 5,1 por ciento y una inflación anual de 9,2 por ciento. Se destinará 60 por ciento del gasto público a los servicios sociales de salud, educación, vivienda, agua potable, etc. En un año teñido por la crisis económica mundial será importante que el Estado mantenga también el gasto para energía, transporte y empresas. En todo caso debería canalizarlo mejor, para que no ocurra que durante ocho años se subsidiaron luz, agua y gas a casinos, puertos, aeropuertos, mineras y petroleras, hasta que el mes pasado se anunció su corte.
Los senadores incluyeron el Fondo del Desendeudamiento, de 5.700 millones de dólares de reservas de libre disponibilidad para afrontar la deuda externa. Y este puede ser el lunar (o la luna, para los más críticos) del presupuesto, porque continúa lo que el gobierno llama «desendeudamiento» y es el pago puntual de la deuda. La presidenta aseguró que había abonado ya 26.000 millones de dólares y este año vencen otros 7.000 millones de esa moneda. Pese a tanta puntualidad con los acreedores externos, Tomás Lukin (Página/12, jueves 22), citando a la Oficina Nacional de Crédito Público, afirmó que «la deuda pública total alcanzó la suma de 175 mil millones de dólares en el tercer trimestre del año. Si bien la relación entre la deuda y el PIB disminuye, el stock aumentó 8 mil millones de dólares respecto de fines de 2010».
¿No habría que darle mejor destino a esas partidas, en la construcción de un millón de viviendas urgidas por la realidad social en Parque Indoamericano, Jujuy, Buenos Aires, etc?
Fiel al amo
La parte dulce de la agenda parlamentaria siguió con la sanción del Estatuto del Peón. Viene a reemplazar a la «ley» de la dictadura y el superministro José A. Martínez de Hoz. La mención de este apellido tan caro a las tradiciones ruralistas ilustra el sentido oligárquico de aquella disposición. Se obligaba a la peonada a trabajar de sol a sol, siguiendo las «costumbres o modalidades de la actividad». Con las reformas menemistas de los ´90, el gremio Uatre, dirigido por «Momo» Venegas, junto a la Mesa de Enlace, pasaron a dirigir el Renatre, organismo de control.
El PEN quiso introducir tiempo atrás modificaciones a esa legislación pero no prosperaron. El Ministerio de Trabajo propuso cambios favorables en los convenios respectivos, pero fueron vetados por la alianza de Uatre y la Sociedad Rural, con el acompañamiento vergonzoso de la Federación Agraria.
Los campamentos de trabajadores esclavos en Buenos Aires, Córdoba, Salta, Misiones, Corrientes, La Rioja, Río Negro, Neuquén y otras provincias no fueron detectados por el Renatre. La AFIP y la justicia hicieron las denuncias e inspecciones. Los peones golondrinas estaban presos en las jaulas de Nidera, Satus Ager, SSP, Pioneer, Du Pont, etc.
Pese a cosas tan graves, el capo de Uatre no alteró sus relaciones carnales con la Sociedad Rural, que le da gratis un stand en la Exposición de Palermo. Lo mismo hace Expoagro (Clarín y La Nación), la mega muestra del agrobusiness en campos bonaerenses y santafesinos.
La Mesa de Enlace permitía que el susodicho sindicalista-empresario manejara la caja del Renatre, de 360 millones de pesos anuales. Como la ley disuelve la entidad y crea una estatal (Renatea), los chillidos desesperados de «Momo» fueron como los de un chancho que van a carnear para Nochebuena.
Venegas permitía violar en tantos casos el límite de ocho horas de la jornada laboral. La «negritud» del empleo es del orden del 62 por ciento del total de los 900.000 empleados, cuando en el país es del 34 por ciento, una tasa alta. La evasión de aportes está a la orden del día, en medio de esa informalidad, con mínimos beneficios jubilatorios. En un año de la gestión menemista se jubilaron en todo el país once (11) peones, graficando cómo habían sido pialados esos asalariados.
Y demostrando la circularidad de ciertas discusiones en Argentina, Carlos Menem fue el único senador que esta semana votó contra el Estatuto. Ocho horas de trabajo, jubilación a los 58 años y 25 años de servicios, creación de Renatea, etc, parecen buenos para esos trabajadores, pero no para «Momo». Este se desgañitó insultando a los senadores frente al Congreso, con discurso peronista. Hablaba un peón de los Martínez de Hoz. Un desclasado. Un «esclavo de la casa», fiel al amo.
Clarinete toca a degüello
La contradicción entre las mayorías de la sociedad y el monopolio Clarín-La Nación (Papel Prensa) no desapareció en estos meses. De pronto entró en ebullición política cuando primero Diputados y luego el Senado aprobaron la ley sobre papel de diarios.
Los mismos que se apropiaron durante la dictadura militar-cívica de la única productora de pasta celulosa y papel para diarios, aprovechando que sus dueños estaban secuestrados y torturados por el Ejército, han asegurado que ese norma afectará la libertad de prensa y la propiedad privada.
Esos argumentos fueron repetidos por las bancadas opositoras de ambas cámaras, haciendo el ridículo de repetir gansadas y oficiar de amanuenses de esos grandes empresarios. ¿Si el monopolio de la fabricación de ese insumo básico para la prensa lo detenta esa dupla privada es buenísimo para la libertad y si interviene el Estado es peligrosísimo?
El Estado no está expropiando a esos dudosos propietarios de la planta de San Pedro. Simplemente está diciendo que ese insumo clave es de interés público y que su producción, comercialización y distribución deberán hacerse según determinadas pautas. No valdrá más como única palabra la de Héctor Magnetto y Fernando Saguier. Papel Prensa deberá trabajar a full para proveer a todos las publicaciones e incluso exportar, a precios iguales para todos los demandantes. Si no abastece todo el consumo interno sus propietarios privados deben invertir a tal fin y, si no lo hacen, el Estado pondrá recursos y eso ampliará su participación accionaria. Si la empresa incumple será pasible de multas y hasta clausuras.
¿Qué hay de «nazismo y stalinismo» en eso, según la desagradable comparación de la senadora Norma Morandini? Nada. Lo que pasa es que la ex candidata a vicepresidente responde más a Magnetto que a Hermes Binner y el FAP. Por esa sesgada pertenencia e ideología, más la nefasta influencia que dejó en su formación política la energúmena Lilita Carrió, la senadora cordobesa ve cercenamiento de la libertad de prensa cuando se avecina un panorama mejor para los medios gráficos. Aflojar los tentáculos de Clarinete salvará del estrangulamiento a centenares de publicaciones.
De la norma mencionada, los monopolios y sus representantes parlamentarios pueden imputar al gobierno. Lo mismo, vía AFIP, de la inhibición de bienes de la propietaria del vocero de la Sociedad Rural, por créditos fiscales impagos.
En cambio, de la intervención y allanamiento de Cablevisión, decididas por el juez Walter Bento a pedido del grupo Vilas-Manzano, no pueden hacer esa imputación a Cristina Fernández. El asunto pinta como un conflicto inter-monopolista en disputa por el mercado de la tele por cable.
El duelo gobierno versus monopolios de la comunicación volvió a tomar temperatura ígnea. Debe ser por eso que éstos han acusado a aquél de pretender aplicarles la flamante ley antiterrorista. Florencio Randazzo y Miguel Pichetto desmintieron esa intención, corrigiendo la plana a José Sbatella, de la Unidad de Información Financiera.
Una pena. La posibilidad de encuadrar en esa norma a quienes dan golpes de mercado y aterrorizan a la población con mentiras desde los monopolios mediáticos, habría sido la única aplicación positiva de una ley tan negativa.
Fuente original: http://www.laarena.com.ar/