La marcha de los proletarios mineros en defensa de las ocho horas, que ha ingresado este lunes a la ciudad de La Paz, ha conmovido este lunes a los barrios más pobres y populosos y ha radicalizado a los sindicalistas. «Las empresas transnacionales están saqueando nuestros recursos naturales y están explotando a nuestros hermanos como […]
La marcha de los proletarios mineros en defensa de las ocho horas, que ha ingresado este lunes a la ciudad de La Paz, ha conmovido este lunes a los barrios más pobres y populosos y ha radicalizado a los sindicalistas.
«Las empresas transnacionales están saqueando nuestros recursos naturales y están explotando a nuestros hermanos como esclavos. Ya no podemos permitir tanta explotación, tanto saqueo», dice el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Venancio Taquichiri.
Instalado en las oficinas de la Federación, en pleno centro de la ciudad, y rodeado de cientos de trabajadores, que tras la dura caminata de una semana toman improvisado descanso en los pisos y gradas, Taquichiri, que ha compartido la marcha y el quemante sol del altiplano con sus compañeros, dice que los mineros «nunca hemos conseguido nada con el diálogo, siempre lo hemos hecho con nuestra lucha».
«Los mineros somos la vanguardia revolucionaria de los trabajadores y el pueblo, y no nos vamos a mover de La Paz hasta conseguir nuestros objetivos», recalca al reflejar la lucha y la decisión de un poco más de cuatro mil mineros que están en la sede de gobierno para lograr el respeto de la jornada laboral de ocho diarias, mejores precios para los contratos de producción y un incremento salarial de por lo menos el 12 por ciento.
Según Taquichiri, secretario de Conflictos de la Federación, el convenio suscrito a principios de año entre los trabajadores mineros y la transnacional Glencore/Sinchi Wayra que establecía cero despidos, ocho horas de trabajo y cero aumento salarial, había sido roto por los empresarios al intentar aumentar la jornada laboral a 10 horas, por lo que ahora los trabajadores iban por más, por aumento salarial incluido.
«Venceremos, venceremos / mil cadenas habrá que romper / venceremos, venceremos / los mineros sabremos vencer», han cantado por la mañana los mineros a su ingreso a la ciudad, donde han recibido el cariño de los vecinos, además de solidarias botellas de agua y bollos de pan.
ES UNA LUCHA NACIONAL
Y es que la lucha de los mineros por defender la jornada de ocho horas ha comenzado a recibir el apoyo de otras organizaciones laborales, que también afrontan el mismo problema. «Este es un problema nacional. En todo el país, los empresarios privados se están dando el lujo de vulnerar los derechos de los trabajadores y las leyes bolivianas», dice el principal dirigente de la Federación, Guido Mitma, que también ha caminado con sus hermanos de clase.
«Esta marcha es para que todas las empresas respeten las ocho horas, no sólo en las minas privadas. Los empresarios abusan en todos los sectores, en las fábricas, en las empresas de la agroindustria. Están abusando de los mineros, están abusando de los fabriles, están abusando de los trabajadores en el comercio, en las construcciones, en todo lado. Esta lucha es para todos. El gobierno tiene que asumir su responsabilidad y hacer cumplir las leyes laborales», agrega el minero Mitma.
«En el oriente, añade Taquichiri, trabajan hasta 12 horas seguidas, y para el colmo ni siquiera les pagan. Están explotando a todos los trabajadores».
REUNIÓN CON EL GOBIERNO
En horas de la tarde, los principales dirigentes de los marchistas se han reunido con los ministros del presidente indígena Evo Morales, los que hasta ahora se han limitado a expresar su «solidaridad» con los mineros, pero que no mueven un dedo para frenar la explotación laboral y menos el saqueo minero de Bolivia.
«Creo que los ministros no le están informando bien al Presidente, o de repente lo están asesorando mal (…) ojalá que entiendan que los mineros vamos a luchar por nuestras demandas hasta las últimas consecuencias», advierte Taquichiri.
Otro tema en la mesa de discusión, aunque de menor relevancia, es el virtual veto que han extendido las comunidades indígenas sobre algunas operaciones mineras que degradan el medio ambiente y destruyen los medios de vida de los campesinos.
Días atrás, la Federación de Mineros, por boca de Mitma, había conminado al Gobierno de Morales para que se decida si estaba a favor de la demandas de los trabajadores o de los abusos y privilegios de la empresa transnacional.
EVO, LA GLENCORE Y SÁNCHEZ DE LOZADA
Hasta ahora, la actitud de Morales con la Glencore/Sinchi Wayra ha sido contradictoria. En febrero de 2007, en Oruro, el propio presidente Morales había dirigido la expropiación sin indemnización de la empresa metalúrgica de Vinto que estaba siendo operada por la Glencore/ Sinchi Wayra y que la había adquirido de forma ilegal e irregular de manos del millonario empresario minero y ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
En esa ocasión, Morales anunció públicamente que serían revertidas al Estado todas las empresas que estaban siendo operadas por la Glencore/Sinchi Wayra y que habían sido transferidas por Sánchez de Lozada, que había fugado de Bolivia en el 2003 tras el genocidio de octubre (67 civiles asesinados y más de 400 heridos a bala). Sin embargo, nada de ello ocurrió y las minas del genocida Sánchez de Lozada de zinc, oro, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, como Bolívar, Poopó, Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita y la planta concentradora de minerales Don Diego y la central termoeléctrica de Aroifilia, siguieron en manos de la Glencore/Sinchi Wayra, la que acumula millonarias ganancias, paga una miseria en impuestos y sobreexplota la mano de obra local.
Desde el 2006, Glencore/Sinchi Wayra ha obtenido millonarias ganancias extraordinarias con el auge de precios de los minerales, al igual que la decena de poderosas transnacionales que controlan las tres cuartas partes de toda la producción minera nacional.
Durante el gobierno de Morales, en el trienio 2006-2008, según los datos oficiales del Ministerio de Minería procesados por Econoticiasbolivia, los acaudalados consorcios mineros declararon en las aduanas bolivianas la exportación de minerales y metales por un valor de 4.405,9 millones de dólares, pagando al Estado y las regiones un tributo casi simbólico de apenas 220 millones de dólares. Todo un saqueo, que sin embargo podría ser mucho mayor, tal como lo asegura el propio ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, quien demostró a principios del 2008, con documentos en mano, que cada año las compañías mineras estaban exportando el doble de lo que declaraban en las aduanas bolivianas.