El gobierno de los Estados Unidos, no cede en su intento de imponer en el plano internacional la matriz comunicacional que califique al Estado Plurinacional de Bolivia como Estado narcotraficante y a su presidente indígena Evo Morales Ayma, como una autoridad estatal comprometida con esa actividad ilegal. No es novedad que el país del norte […]
El gobierno de los Estados Unidos, no cede en su intento de imponer en el plano internacional la matriz comunicacional que califique al Estado Plurinacional de Bolivia como Estado narcotraficante y a su presidente indígena Evo Morales Ayma, como una autoridad estatal comprometida con esa actividad ilegal.
No es novedad que el país del norte hoy use a jueces y fiscales para producir acusaciones que permitan desde el marco de los aparatos judiciales, generar golpes de estado institucionales, como ocurriera en Brasil, Argentina o Ecuador, países en los que presidentes progresistas que ejercían una soberanía incómoda a los intereses hegemónicos, fueron depuestos o imputados.
Un primer intento en atacar desde esa dirección se produjo cuando el ex Fiscal Marcelo Sosa, quien acusara en abril de 2018 a Evo Morales como autor intelectual de crímenes de lesa humanidad, en referencia a las muertes de Eduardo Rozsa Flores, Arpad Magyarosi y Michel Martin Dwyer, miembros de una célula paramilitar que planeaba acciones separatistas para desmembrar a Bolivia. El hecho se produjo en operativo en el Hotel Las Américas de Santa Cruz el 16 de abril de 2009.
El mencionado Fiscal se refugió en Brasil, donde autoridades judiciales promovieron ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la concesión de su estatus de refugiado a principios de 2017. Las acusaciones contra Morales, no prosperaron aunque llegaron como denuncias a la Corte Penal Internacional.
Después de este intento con el ex fiscal Sosa, la embajada estadounjidense vuelve a la carga intentando tener nuevamente control sobre el Ministerio Público, instancia fundamental para el inicio de procesos acusatorios.
Para el efecto, y mediante amigos comunes de su ciudad natal, animó en los últimos minutos del plazo de presentación de documentos a Jorge Pérez Valenzuela, como candidato al cargo de Fiscal General, aunque éste se encontraba inhabilitado para postularse, al ser imputado por el caso LPZ160625 (Mutual de Servicios al Policía, Muserpol), con medida cautelar de orden personal.
Esta candidatura fue avalada e impulsada de manera preocupante por personas del Movimiemto Al Socialismo (MAS) cercanas a Pérez Valenzuela, que en su sola voracidad de poder se han abierto a todo tipo de alianzas.
Pérez Valenzuela ocupó los cargos de Viceministro de Gobierno y ministro de la misma cartera, instancias en las que ocultó la orden de captura internacional generada por la Interpol (caso 2006/582016 – sello rojo- y caso 9755 en el Juzgado Penal Económico, Secretaría Nº 16 en Buenos Aires, Argentina), pendiente sobre su padre Jorge Pérez Ardaya, quien fuera detenido el 6 de diciembre de 2006 en el aeropuerto de Ezeiza, junto a otras 18 personas transportando a España un total de 88 kilogramos de cocaína.
Esta situación se develó cuando en Buenos Aires iniciaron una auditoría sobre bolivianos con orden de captura en Argentina, apareciendo en las listas el nombre de Jorge Pérez Ardaya, en vista que el juez subrogante Diego Zysman Bernaldo de Quiroz, quien fuera investigado por el Consejo de la Magistratura, le concediera el 13 de diciembre de 2006 el beneficio de excarcelación y proceso sin detención preventiva.
Sin embargo, Pérez Ardaya fugó en pleno proceso de investigación.
Cuando la información ya era de dominio público, el ministro de Gobierno Carlos Romero Bonifaz, declaró públicamente que Pérez Ardaya no gozaba de ninguna protección estatal y que si era requerido por el Estado argentino, sería extraditado, situación que se produjo el día 14 de febrero, cuando el perseguido por la Interpol fue conducido por la aerovía BOA a las 12.50 pm con destino a la capital bonaerense.
El hecho resultó definitivo para el alejamiento de Jorge Pérez Valenzuela, que continuaba circulando por los pasillos del Ministerio de Gobierno, como un profesional penalista consultado para casos especiales, como expresara el propio ministro Romero en conferencia de prensa de fecha 13 de febrero de 2017.
De producirse la elección de Pérez Valenzuela, los Estados Unidos tendrían todos los argumentos para demostrar la relación familiar de este con el tráfico de drogas y, a partir de ello, acusar al Estado Plurinacional en su conjunto, de proteger dicha actividad, en vísperas de la construcción de una nueva victoria electoral de Evo Morales para presidir Bolivia hasta el 2025, situación legitimada por el voto duro mayoritario, de al menos un 40%, básicamente de origen indígena.
El candidato a Fiscal General del Estado Plurinacional, hoy vive en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, siendo parte de un consolidado bufete de abogados reconocido por su potencial para llevar procesos penales y causas relacionadas con la Ley Antinarcóticos 1008 y la defensa de avasalladores de tierras.
Con esta designación, los intereses estadounidense, ¿quieren instalar el «lawfare» como mecanismo destituyente del proceso de cambio?
Carlos Quispe. Abogado y docente boliviano. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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