Hace unos años publiqué un texto que titulé «Historia de Incapacidades». Es una visión personal de cómo transcurrió la historia de Bolivia, desde su fundación hasta que asume el presidente Carlos Mesa, con muchas esperanzas de mi parte. La tesis que sostengo en ese pequeño ensayo es que, las clases dominantes, han sido incapaces de […]
Hace unos años publiqué un texto que titulé «Historia de Incapacidades». Es una visión personal de cómo transcurrió la historia de Bolivia, desde su fundación hasta que asume el presidente Carlos Mesa, con muchas esperanzas de mi parte. La tesis que sostengo en ese pequeño ensayo es que, las clases dominantes, han sido incapaces de dirigir nuestro país, simplemente porque nunca lo entendieron ni quisieron comprenderlo.
En los cuatro años transcurridos desde entonces, porque encara la alternativa de perder todo el poder que detentó desde 1825 y mucho antes, ha mostrado en forma descarnada esa incompetencia. Ciertamente, la traduce en un plan de agresiones que rápidamente alcanzan una muy alta cresta y se desbordan en hechos como los que se dieron en Santa Cruz recientemente.
Clase dominante, clase soberbia
Toda la historia muestra que, la clase dominante de un Estado, es soberbia por antonomasia. Ha impuesto su concepción de la sociedad, los rangos en que deben situarse las personas y las reglas de convivencia. Todos los miembros de la sociedad se adecuan a este sistema y lo aceptan con entusiasmo o con resignación.
Pero cuando un país, como es el caso de Bolivia, se rebela en forma permanente contra la clase dominante, es incuestionable que, ésta, no tiene la capacidad de imponer su concepción social. En tales condiciones, no tiene ninguna justificación para tener soberbia. Siendo una clase incapaz, está obligada a aceptar el cambio de su concepción, lo que conlleva la sustitución de su clase en el manejo del Estado.
Todo esto sería relativamente ordenado, si la razón dominara las relaciones sociales. Pero no es así y la soberbia, en vez de atemperarse, se acrecienta, se hace intolerable.
Advierto que no estoy haciendo teoría, ni siquiera pretendo acumular moralinas. Amigos que actúan en el campo de la clase dominante, hoy desplazada, me aconsejan en forma constante sobre los caminos que debe tomar el presidente Evo Morales, sus ministros y parlamentarios, para evitar confrontaciones con ese sector que maneja la economía del país. Pero, ¿qué supone no confrontar a esa clase? Dejar que ellos sigan manejando la economía del país. Pasar por el gobierno sin cambiar las reglas de convivencia social. Mañana, cuando retornen ellos, nos aceptarán como un socio más.
Pueden darse cuenta del grado de soberbia irracional a la que han llegado. Es cierto que muchos partidos que se iniciaron en una confrontación con el sistema, terminaron integrándose a éste, convertidos en celosos guardianes de su estabilidad.
Los riesgos del poder
Los partidos que dominaron la escena desde 1985, dejaron de tener capacidad de conducción; debían ser sustituidos. Lo fueron de una manera especial: los partidos tradicionales dejaron su espacio a los comités cívicos; así como en 1952, la clase obrera impuso su impronta política a través de la Central Obrera Boliviana (COB), en 2004 la burguesía dominante se expresó a través de los comités cívicos encabezados por el de Santa Cruz.
Pero no nos apresuremos a sacar conclusiones. No es lo mismo la COB que el comité cívico. Aquella representó la transformación social; éste defiende la inamovilidad. La legitimidad de la primera es indiscutible; el otro es símbolo retardatario.
La clase dominante a la que nos referimos, la que impuso el modelo neoliberal en 1985 e insiste en mantenerlo, prometió sacar al país de la miseria y el atraso. No sólo que fue incapaz de hacerlo, sino que ensanchó la brecha que nos separa del desarrollo. Así llegó al segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada que marcó el final de ese modelo.
Esa clase dominante perdió a uno de sus mejores representantes, cuando Goni fue expulsado del gobierno. De modo que se preparó para la etapa siguiente, buscando y encontrando los puntos débiles del nuevo gobierno que comenzó el 17 de octubre de 2003. Así fue cómo, en un trato que se negoció rápidamente, Carlos Mesa convocó a elección de prefectos.
Creyó que, de ese modo, aseguraba el respaldo de la clase derrotada por la movilización popular. Distanciado así de los sectores sociales que lo aceptaron bajo el compromiso público de llevar adelante la nacionalización del petróleo y la realización de la asamblea constituyente, tampoco obtuvo el apoyo del empresariado neoliberal, que tenía otros planes.
Su renuncia en junio de 2005, la convocatoria a elecciones generales en diciembre siguiente y el inobjetable triunfo de Evo Morales, confirmaron plenamente la incapacidad de la clase derrotada dos años antes.
Carlos Mesa había arriesgado su permanencia en el gobierno, pero su apuesta no era suficiente para mantenerse en la arena política.
La ofensiva retrógrada
Desde el primer momento, desde enero de 2006, la clase derrotada por el movimiento popular ha ensayado todos los métodos para lograr que el gobierno entre en contradicciones, para mantenerse en el aparato del Estado y para enfrentar a las organizaciones sociales.
Ha logrado retrasar algunos procesos. Ha obtenido victorias momentáneas. Hasta se siente fuerte en determinadas regiones en las que el Movimiento al Socialismo (MAS) y el aparato del gobierno central están debilitados e, incluso, han perdido la iniciativa. Pero, esta situación, no les da una perspectiva a largo plazo. Saben, o al menos intuyen, que serán definitivamente derrotados en el futuro próximo. El tiempo es aliado del proceso de transformación emprendido por el gobierno de Evo Morales
Por eso es que asistimos a los brotes de violencia. Quisieron mostrar, en Santa Cruz, que podían tomar impunemente las oficinas del gobierno. Al menos una cualquiera. ¿Cualquiera? ¿Por qué volcaron toda su violencia sobre las oficinas de Impuestos Nacionales en Santa Cruz de la Sierra? Habrá que investigar qué los motivó a elegir precisamente esas oficinas.
Pero tales brotes, no son aislados. Se descubren arsenales en Chuquisaca y en Santa Cruz. Un juez, descaradamente, deja en libertad al acusado y aún pretende que se le devuelva el arsenal. ¿Qué se trama? ¿Tan desesperados están como para decidirse a recuperar sus beneficios y prebendas matando personas?
Las trampas consabidas
Sería demasiado simple que busquen ese camino que, internacionalmente, los mostraría como enterradores de la democracia. Claro que, los gobiernos y organismos que se proclaman vigilantes de la democracia, aceptaron el golpe de Fujimori en el Perú y podrían aceptar un golpe más que volviera, a Bolivia, al redil de Washington.
Por otra parte, pueden aún intentar ponerle una trampa al gobierno. Es probable que quieran provocar al punto que sea el MAS que inicie la guerra de las balas. Una provocación aquí, una manifestación agresiva allá, un boicot en otra parte y otras acciones más que den la sensación de que está a punto de estallar la guerra.
Este gobierno, porque es un gobierno del pueblo, no va a caer en las trampas que le están tendiendo prefectos y comiteístas. Vamos a atacarlos donde les duele: en sus bolsillos, pero ya no debemos caer en sus trampas.