El Decreto 28701, de 01-05-06, muestra la voluntad de lograr que «el Estado recupere la propiedad, la posesión y el control total y absoluto» de los hidrocarburos. No obstante, la disposición legal no podía implicar la expulsión de las compañías, si no se quería paralizar la producción y desabastecer el mercado interno, ya que YPFB […]
El Decreto 28701, de 01-05-06, muestra la voluntad de lograr que «el Estado recupere la propiedad, la posesión y el control total y absoluto» de los hidrocarburos. No obstante, la disposición legal no podía implicar la expulsión de las compañías, si no se quería paralizar la producción y desabastecer el mercado interno, ya que YPFB carecía de la posibilidad de reemplazarlas de inmediato. Se optó, en consecuencia, por una nacionalización gradual, que debía consolidarse mediante la transferencia al ente estatal del 50 % más uno de las acciones de Transredes, Chaco, Andina y las AFP. En mi opinión, debió procederse a la expropiación de acciones, dentro del orden constitucional vigente en ese momento. Para otras personas del entorno presidencial (que impusieron su criterio) se debía comprar ese monto accionario de Petrobrás, British Petróleum, Repsol y Total, con interminables negociaciones previas.
La suma a pagarse tenía que depender de auditorias, las que mostrarían las inversiones, amortizaciones, costos de operación y rentabilidad de cada empresa. En su artículo 4, el Decreto incrementó la tributación en los mega campos del 50 % (Ley de Hidrocarburos 3058, del 17-05-05, previa al gobierno de Evo Morales) al 82 %. Si bien las petroleras pagaron ese incremento, al no tomarse en cuenta los resultados de las auditorias en los nuevos contratos, el país tuvo que devolver ese excedente, de manera que la tercera nacionalización sólo consiguió mayores ingresos por el incremento de las cotizaciones internacionales y no por efectos del decreto. El ocultamiento de las auditorias (hasta el día de hoy), hizo que YPFB aceptara las cifras de las empresas, lo que terminó por desvirtuar la medida.
La nacionalización gradual necesitaba para avanzar con firmeza de una profunda reestructuración de YPFB. Los profesionales que realizaron las auditorias, bajo la orientación de los ingenieros Javier Escobar y Enrique Mariaca, conformaron un equipo humano confiable para cumplir esa tarea. En lugar de ello, se prefirió el egoísmo sectario. Evo y Álvaro García creyeron posible lograr que la nacionalización se afirme sometiéndose a Petrobrás. Grave error. La única manera de hacerlo era negociar desde la posición de fuerza que teníamos al existir una dramática dependencia del gigante complejo industrial de San Pablo del gas boliviano, del que no podía prescindir. La estratégica ventaja se perdió un año después, cuando Brasil consiguió su autosuficiencia en gas.
Consolidar la nacionalización implicaba una sólida cohesión interna. Fue correcto derrotar al separatismo de la «Nación Camba», así como erradicar el colonialismo interno. Pero fue erróneo imponer el reconocimiento constitucional a 36 inexistentes naciones indígenas, que fragmentaron la conciencia nacional. Cinco años después del Decreto del 01-05-06, el país no ha exportado ni un metro cúbico de gas con valor agregado, importa diesel, gasolina y GLP, el cambio de matriz energética está en pañales, no tenemos plantas separadoras de líquidos y la posibilidad de gasoductos al Mutún, al salar de Uyuni y al occidente del país es un sueño lejano. No se determinó en los contratos un cronograma de desembolsos para explorar y desarrollar nuevos campos. YPFB no es capaz de calcular el monto de nuestras reservas.
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), entidad que aglutina a las petroleras, condicionó sus inversiones al «gasolinazo» del 26-XII-10. En mi gestión, dejamos establecido que la CBH no era interlocutor válido para el gobierno y que hablaríamos con las compañías una por una y no como si se tratara de un sindicato de trasnacionales.
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