Una de las peores facetas, en mi opinión, del mundo que vivimos es que hemos delegado demasiadas cosas de nuestra propia responsabilidad en los actores erróneos. Por ejemplo, la escuela debería estar sólo para la enseñanza de conocimientos y habilidades, mientras que el proceso más completo de la educación debería comenzar en casa. No es […]
Una de las peores facetas, en mi opinión, del mundo que vivimos es que hemos delegado demasiadas cosas de nuestra propia responsabilidad en los actores erróneos. Por ejemplo, la escuela debería estar sólo para la enseñanza de conocimientos y habilidades, mientras que el proceso más completo de la educación debería comenzar en casa. No es así, como sabemos, al menos en España, donde la confusión entre enseñanza y educación es uno de los males generales de la sociedad y particulares de la escuela.
Pues bien, hay otro ámbito donde a medias estamos delegando responsabilidades en un actor que desde luego no tiene ese papel, aunque a medias se lo está apropiando con sus propios y muy pecuniarios fines: el de los derechos «tecnológicos». Ese actor es «la empresa». Esa confusión de «derechos para unos» = «deberes/negocios para otros» puede estar en la base del éxito del capitalismo (éxito para unos pocos), pero en este artículo me interesa algo más concreto.
Por ejemplo: ahora mismo en España son las empresas de telecomunicaciones las que tienen encargardo el cumplimiento del derecho de las personas residentes en lugares aislados a las telecomunicaciones. Y el debate en torno a la neutralidad de la red podría zanjarse (de forma perjudicial para otros derechos de todos, como la igualdad, la participación, la creación, la libertad de expresión y el acceso a la cultura) si hiciéramos a esas mismas empresas albaceas de nuestro derecho (aún incipiente, para mí incluso pobre o mal definido) al aceso a internet por banda «ancha» (pero que no nos engañen, 1 Mb/s no es ya «banda ancha», y es el número que se está barajando entre políticos y prebostes de las empresas de internet), como excusa o compensación por que esas mismas empresa rompan la neutralidad actual (aunque ya muy amenazada y rota de facto cuando hablamos de movilidad) de la red de redes.
La neutralidad de la red consiste en que todos los bytes son iguales, algo que podríamos inferir de la igualdad de las personas (ante la ley, ya sabemos que en general y sobre todo para las empresas, las personas somos claramente diferentes y todo lo más, «segmentables» como mercado). Hagamos un símil físico: no hay ningún proceso en la «vida real» que haga, más allá de los trucos comerciales, que tengamos peor acceso a determinados tipos de libros que a otros. Si lo hubiera, sería un proceso censor, y todas las asociaciones pro derechos civiles estarían en pie de guerra (siendo tiquismiquis, la centralización de las librerías en centros comerciales y la desaparición bajo el telón del mercado del negocio librero tradicional -muy previa a la digitalización y el libro electrónico- es un proceso de ese tipo, pero no es algo inherente a la publicación de los libros). Pues bien, que todos los bytes sean iguales hasta ahora implicaba que no importaba qué transportaran (P2P, correo electrónico, web, telefonía, una descarga de un archivo,…) la velocidad de dichos bytes por la red física era siempre la misma, y dependiente sólo de cuestiones técnicas, como la disponibilidad de los servidores o la cantidad de éstos entre la fuente y el destino de la información. Su velocidad (y por ende el ancho de banda usado) era simplemente la menor de las velocidades de los dispositivos involucrados en su transmisión.
En estos momentos todo el sistema de transmisión de información por la red está en manos privadas, y el único objetivo de esas empresas es ganar dinero. Dejémoslo bien claro, gritando si hace falta: LAS EMPRESAS NO NACIERON PARA CUMPLIR NUESTROS DERECHOS NI PARA GARANTIZARLOS. Lo harán sólo por extrema obligación y por beneficios. Y buena parte de los beneficios con que sueñan ahora mismo los ISP provienen de romper esa neutralidad de la red. Por un lado pretenden cobrar más al usuario que participe plenamente por medio de la red («uso intensivo» lo llaman, los muy sinvergüenzas), y por otro pretenden cobrar también a las empresas de contenidos, de modo que a quien más pague más velocidad le concederán. No es nada difícil ver que con esta perspectiva el P2P estaría acabado -y es que los principales fabricantes de software propietario tienen intereses comunes con los ISP, como denota la alianza entre Microsoft y Telefónica, mientras el P2P permite la difusión eficiente y barata por la red del software libre (que no, que P2P no es sólo descargar contenido cultural)-, lo mismo que la telefonía sobre IP, una posible revolución de las comunicaciones (el valor estimado de Skype es de unos 5000 millones de dólares), que es la principal amenaza al negocio tradicional de las empresas de telecomunicaciones -la línea fija de telefono- mientras que empresas que basan parte de su negocio en la gratuidad para el usuario deberían abandonarla progresivamente (casualmente Google va dando los primeros pasos para convertirse en ISP, lo cual es tema de discusión aparte, ya que eso sería una gave amenaza para la competitividad, la competencia y los usuarios, dada la posición de dominio e Google). Dejamos aparte por escasez de importancia real los efectos perniciosos para la «innovación» (el segundo sueño de los emprendedores tecnológicos, después del de la subvención pública de sus actividades, es ser comprados por alguna gran empresa, por ejemplo de telecomunicaciones). [¿Cuántos enemigos me habrá ganado esa frase? Pocos, creo yo, no hay mucha audiencia y lo sé].
Es decir: la lucha en torno a la neutralidad de la red es una lucha entre los derechos de todos y los intereses económicos de algunos. Por tanto, debemos recuperar una realidad, que los derechos los garantizamos entre todos por medio de la mejor herramienta social que nos ha dado la evolución cultural de la Humanidad: el estado. Y tenemos dos formas de garantizarnos que tenemos el derecho a internet más allá de los lemas publicitarios de alguna telefónica. La forma ineficiente es la regulación, como ha hecho Chile recientemente (pero es un acto que desviará la atención de una ley próxima muy restrictiva por lo que he leído y que es más un acto para la galería que otra cosa, ya que ¿qué puede hacer un país solo para garantizar la neutralidad de la red para los servicios que llegan de fuera y que ya pudieran verse afectados de la no neutralidad de la red?).
La otra forma, mucho más eficiente, es la de controlar los medios de distribución (por analogía con los «medios de producción»), de la misma forma como las autopistas y carreteras en España son propiedad -creo- del Estado (aunque se ceda, muy vilmente en mi opinión, su aprovechamiento económico a las mafias de las empresas de peajes): que el Estado se haga con la propiedad de la red de cobre y fibra óptica, e incluso se encargue de su desarrollo y despliegue, de modo que las telefónicas se limiten a la distribución de la información. De hecho, un gran porcentaje de la red desplegada por Telefónica lo fue mientras era empresa estatal y por tanto se pagó con dinero público, mientras que Telefónica no pagó nada -creo- por ese bien cuando fue privatizada. Mi propuesta radical es, por supuesto, la nacionalización por parte de cada país de sus rees telemáticas físicas, de modo que la distribución de la señal no dependa de su contenido. Pero si existe la posibilidad de recomprarla, bueno, sería un mal menor.
La neutralidad de la red puede ser un ingrediente esencial de la posible evolución de la democracia a algo más participativo y justo. Su ruptura serviría para que dicha evolución no se fraguase. Nuestros derechos nos los tenemos que procurar nosotros mismos. Si en el siglo XIX eso pasaba por controlar los medios de producción, un verdadero izquierdismo del siglo XXI se basará en controlar para la democracia los medios de distribución telemáticos (por controlar me refiero a «tener», no a «vigilar» y decidir qué pasa o no: tengo entre los recovecos de mis neuronas otro post con la relación empresas-estados en la nueva era de internet). En el siglo XXI internet será sólo ligeramente menos esencial que el agua o la eletricidad para una vida plena en un país desarrollado (casualmentellas redes de distribución de aua y electricidad son también un apetecible bocado a punto de llegar a las bocas equivocadas): ¿vamos a dejar que se la queden los cuatro mamones de siempre?