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Imposición en la ENAH

Fuentes: La Jornada

  La Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) es la prestigiada alma mater de numerosos científicos sociales mexicanos-latinoamericanos y de otras latitudes que se formaron en sus aulas con una concepción crítica y de compromiso social, con una historia de participación en los movimientos populares de nuestro país y de Nuestra América, y con […]

 

La Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) es la prestigiada alma mater de numerosos científicos sociales mexicanos-latinoamericanos y de otras latitudes que se formaron en sus aulas con una concepción crítica y de compromiso social, con una historia de participación en los movimientos populares de nuestro país y de Nuestra América, y con una práctica de autogobiernos que a partir del influjo renovador del movimiento del 68 se impusieron de facto desde los años 70 a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), su dependencia jerárquica institucional. En efecto, desde antes de instalarse en su sede actual en los terrenos de Cuicuilco (1979), el triunfador en elecciones universales, directas y secretas era reconocido por el INAH. Por cuatro años (1980-1984) a mí me correspondió ser el segundo director electo por la comunidad y después, nombrado institucionalmente por el connotado historiador Gastón García Cantú, quien -por cierto- en todo momento respetó la autonomía de la ENAH.

Sin embargo, a partir de la puesta en práctica de un controvertido Reglamento General Académico -a finales de los 80 y en el contexto de los retrocesos democráticos neoliberales- se establece una ponderación de los votos por sector y la presentación de una terna de la cual el director del INAH designa al director de la escuela. A pesar de esta regresión en el método electoral, se continuó la elección de los directores y aunque no siempre los «designados» representaron opciones gratas a los ojos de las respectivas autoridades del INAH, éstas tuvieron la «sensatez» de nombrar a quienes la comunidad había elegido por mayoría.

El proceso de auscultación por votación ponderada para elegir director de la ENAH para el periodo 2008-2011 lo inició su Consejo Técnico desde la segunda semana de julio de 2007. Se inscribieron tres candidatos que en términos generales representaban los intereses y expectativas de la comunidad: el historiador Gumersindo Vera, la antropóloga física Patricia Hernández y el arquitecto-arqueólogo Alejandro Villalobos. Hubo un significativo debate programado para los dos turnos el 13 de septiembre -cinco días antes de las votaciones-, en el que los tres candidatos se comprometieron ante el auditorio reunido a respetar el voto mayoritario y no aceptar una investidura sin este aval democrático. Villalobos, incluso, llegó a afirmar que él «tiene hijos y que no podría verlos a la cara si aceptaba el nombramiento sin haber ganado la votación».

Finalmente, aunque el proceso electoral ponderado y general dio como ganador al candidato Vera, por primera vez en ya casi tres décadas, el director general actual del INAH, Alfonso de Maria y Campos, se inclinó por habilitar a Villalobos, quien olvidó convenientemente sus reticencias éticas electorales y aceptó el nombramiento el 12 de diciembre.

El día 13 de ese mes se dio la primera protesta en las oficinas centrales del INAH en la que su secretario técnico, Rafael Pérez Miranda, expuso a los inconformes el argumento de la legalidad formal de la designación de Villalobos, sin tomar en consideración compromisos anteriores, los usos y costumbres de la ENAH y demostrando una total incomprensión de las reglas del juego no escritas a lo largo de tantos años. La segunda protesta fue el día de la entrega de premios INAH el 17 de diciembre, cuando los policías del Museo Nacional de Antropología impidieron la entrada de los inconformes.

Desde que comenzó el semestre escolar en enero, se reanudaron tanto las acciones opositoras como los intentos por parte de las autoridades por legitimar la imposición de Villalobos. El movimiento de protesta clausuró simbólicamente las oficinas de la dirección y de la secretaría académica de la ENAH, que hasta ahora permanecen cerradas. Villalobos, por su parte, insiste en sus pretensiones de dirigir una institución que claramente no le dio el apoyo mayoritario. El día 9 de enero en que la plana mayor del INAH y sus invitados llegaron a dar «posesión» a Villalobos, se clausuraron los dos principales accesos a la ENAH; no obstante, al estilo Felipe Calderón, las autoridades del INAH, encabezadas por De Maria y Campos, entraron por la puerta de atrás, y en medio de los gritos de «fuera» y «espurio» intentaron bochornosa e infructuosamente hacer una ceremonia que diera cauce a la dirección ilegítima.

Ante ese evidente fracaso de las autoridades, el miércoles 30 de enero intentaron habilitar al director espurio instalando el Consejo Académico con el espaldarazo de Pérez Miranda, pero hubo una protesta con consignas alusivas e incluso un mariachi que cantó Las Golondrinas a Villalobos. El jueves 31 de ese mes, Rafael Pérez Miranda convocó a una reunión con objetivos de respaldo a la medida autoritaria en el Museo Nacional de Antropología con los profesores de tiempo completo; sin embargo, acudieron en su mayoría docentes temporales opositores que tampoco avalaron la «legalidad» de la investidura.

Desde el 9 al 13 de enero se realizaron asambleas de estudiantes, trabajadores y profesores para discutir y pronunciarse respecto al conflicto, y a partir del 14 de ese mes se conformó una asamblea general que después se convirtió en «permanente». Se han expresado y escuchado las diferentes voces y se han tomado decisiones mayoritarias en lo que toca a las demandas centrales consensuadas: contra la imposición de Villalobos como director de la ENAH, por la modificación de su reglamento y la reposición del proceso electoral con reglas definidas, diálogo directo con el director general del INAH para resolver el conflicto, y, sobre todo, por la defensa de la Escuela Nacional de Antropología e Historia como una institución de educación superior democrática y pública.