La impunidad es sinónimo de los gobiernos neoliberales y dictatoriales, aquellos regímenes que violan los derechos humanos, que abusan a niños y mujeres indefensos, que pisotean los valores de los pueblos, que imponen proyectos a sangre y fuego y, sobretodo, que protegen a los responsables de esos flagelos. La impunidad es cómplice del poder. En […]
La impunidad es sinónimo de los gobiernos neoliberales y dictatoriales, aquellos regímenes que violan los derechos humanos, que abusan a niños y mujeres indefensos, que pisotean los valores de los pueblos, que imponen proyectos a sangre y fuego y, sobretodo, que protegen a los responsables de esos flagelos. La impunidad es cómplice del poder.
En Bolivia, donde se construye un Estado Libre, Plurinacional, Soberano, y Multiétnico, lamentablemente reina la impunidad.
Un 25 de septiembre, hace dos años en una inhóspita población llamada Chaparina, la Octava Marcha Indígena en Defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fue reprimida cobardemente: efectivos policiales golpearon sin compasión a cientos de indígenas que marchaban pacífica y sacrificadamente en defensa de su hábitat natural.
Las mujeres maniatadas y amordazadas fueron arrastradas de los cabellos, los niños en su afán de escapar de los gases lacrimógenos fueron pisoteados, los viejos que se desvanecían fueron golpeados y la mayoría de los marchistas -incluidos sus dirigentes- fueron pateados salvajemente y obligados a subir a vehículos que los trasladaron a lugares desconocidos.
«¡Hijos de puta suban a los camiones!»… «¡Aquél es dirigente hay que matarlo!»… «¡No tiene que escapar nadie!»… «¡Qué importa si son mujeres o wawas (niños), estos son unos salvajes!», fueron las frases policíacas que aún se guardan en la memoria de los bolivianos.
Hace dos años, el Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales Ayma, prometía el esclarecimiento total del caso y además pedía perdón a los indígenas y a la población boliviana.
«Nuevamente quiero decirles a las familias víctimas (de la represión) que nos disculpen, que me perdonen. Quiero que sepan que no ha habido ninguna instrucción ni jamás habíamos pensado que podría ocurrir de esa manera, duele bastante, como víctimas que hemos sido en muchas oportunidades de la represión por la fuerza pública», expresó.
«Quiero decirle al pueblo boliviano, con mucha sinceridad, yo, como víctima junto a muchos de mis compañeros, compañeras del trópico de Cochabamba y de Bolivia, nunca podría instruir que haya una violencia como la realizada en Yucumo», agregó.
Ante la presión popular, el Vicepresidente del Estado Plurinacional Álvaro García Linera, confesó que el gobierno conocía quién había ordenado la represión a los indígenas y lo develarían en su momento. Hasta la fecha, se guardan herméticamente los nombres.
¿Premio a los responsables?
El «gobierno del cambio» para evitar develar la identificación de los responsables materiales e intelectuales de la represión, actuó como en los mejores tiempos de los regímenes tradicionales: premió a sus funcionarios en otras responsabilidades.
El ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti ahora es embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), el ex ministro de la Presidencia Carlos Romero asumió el mando del ministerio de Gobierno, el responsable del operativo policial coronel Víctor Maldonado fue Comandante de la Policía Nacional, el fiscal que investigaba el caso José Ángel Ponce fue designado como Fiscal de Distrito de La Paz. La lista de los «premiados» es más extensa lo que devela que lamentablemente en este gobierno el contubernio político-policíaco-judicial sigue impune.
La dirigencia indígena presentó varias consideraciones para verificar que la represión estuvo organizada desde el Poder Ejecutivo.
1. La solicitud realizada el sábado 24 de septiembre de 2011 -un día antes de la represión- por la ex ministra de Justicia Nilda Copa y el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, al Ministerio Público, para que se intervenga la marcha.
2. El viaje a Washington -un día antes de la represión- de la ministra de Transparencia Nardy Suxo y del ex presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce, para reunirse el lunes 26 con el secretario de la OEA José Miguel Insulza, con la finalidad de hablar sobre la intervención de la marcha.
3. La infiltración en la marcha de una mujer policía vestida de civil que primero delató a algunos dirigentes y luego terminó siendo parte del operativo y también de otros efectivos que se infiltraron en el campamento de los marchistas.
4. El alquiler por parte de funcionarios del Ministerio de Gobierno de camiones y buses sin placas para detener indígenas y evacuarlos por la fuerza hasta Trinidad y de allí, en aviones militares, a sus comunidades de origen.
5. El envío de dos aviones Hércules desde La Paz para trasladar a los presos indígenas. La movilización de aviones de la Fuerza Aérea sólo se puede realizar con anuencia del Ministerio de Defensa o del Jefe de Estado.
6. La carta de renuncia de la ex ministra de Defensa Nacional Cecilia Chacón enviada al Presidente: «Asumo esta decisión porque no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno y no puedo defender o justificar la misma».
7. Las declaraciones del ex viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales César Navarro: «Nosotros hemos tomado la decisión…».
8. La política comunicacional del gobierno que acusó al Ministerio Público como el solicitante de la intervención a la marcha indígena y que no sabían mayores detalles sobre los hechos de violencia.
9. La acusación del ex ministro Sacha Llorenti al ex viceministro Marcos Farfán como el responsable de haber ordenado la brutal represión en el puente de Chaparina. Farfán -al igual que otros funcionarios encarcelados hoy por extorsión y corrupción- lo desmintió, acusó y renunció.
10. El lunes 26 de septiembre, por la noche, el Presidente Morales Ayma calificó a la acción policial como «imperdonable» y presuntamente no sabía quién fue la autoridad que ordenó la brutal represión; horas después el Vicepresidente García Linera confesó que el gobierno sabía quién había ordenado la represión.
¿Justicia para todos?
Aunque diferentes sectores sociales -incluidos los oficialistas- solicitaron una investigación transparente de la represión a los pueblos indígenas hasta que concluya en una sanción ejemplar, los gobernantes no escuchan el clamor popular.
Mientras tanto, los principales dirigentes indígenas Adolfo Chávez, Fernando Vargas y Pedro Nuni se encuentran con una orden de aprehensión por el sólo hecho de actuar bajo la justicia comunitaria.
Hace más de 60 días, los tres líderes indígenas viven con la orden de detención que se la puede ejecutar en cualquier momento.
El coordinador de Fortalecimiento e Integración Política de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) Rafael Quispe lamentó que el actual gobierno se caracterice por proteger a represores y de sancionar a los verdaderos dirigentes.
Quispe que también se encontraba con una orden de aprehensión (hace un par de meses) cuestionó la independencia del poder judicial y criticó la persecución política a dirigentes que defienden a sus organizaciones y no son afines al gobierno
El presidente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) Adolfo Chávez expresó que si el gobierno no tiene la capacidad de esclarecer los hechos de Chaparina pasará a la historia como un gobierno represor
Al recordar dos años de la represión a los pueblos indígenas, es necesario apuntar que la policía boliviana en su conjunto -aparte de priorizar la violencia para solucionar conflictos se caracteriza por ser corrupta y extorsionadora- y, por tanto, es necesario que el gobierno del proceso de cambio identifique a los responsables materiales e intelectuales; caso contrario, no habrá ninguna diferencia con los regímenes neoliberales o dictatoriales donde reina la impunidad…
Alex Contreras Baspineiro. Periodista y escritor boliviano.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.