Este 22 de diciembre se cumplen 15 años de impunidad por parte del Estado por la matanza de 45 indígenas tzotziles indefensos, en su mayoría niños y mujeres -cinco de ellas embarazadas-, quienes se encontraban orando por la paz en una ermita del Municipio de Chenalhó, Chiapas. 24 horas antes de la conmemoración, miles de […]
Este 22 de diciembre se cumplen 15 años de impunidad por parte del Estado por la matanza de 45 indígenas tzotziles indefensos, en su mayoría niños y mujeres -cinco de ellas embarazadas-, quienes se encontraban orando por la paz en una ermita del Municipio de Chenalhó, Chiapas. 24 horas antes de la conmemoración, miles de zapatistas han tapado su rostro y silenciado su voz en una demostración de fuerza y dignidad.
El 22 de diciembre de 2007, yo estaba ahí, donde se quedaron muertos, yo me quedé debajo de 3 cadáveres. Yo trato de dejarlo en paz, yo trato de olvidarlo, pero no puedo… porque aquí perdí 9 personas de mi familia: mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi tío y mis 5 hermanas…
En memoria de Manuel Vázquez Luna*
A pesar de que la impunidad y la corrupción no son aceptadas, ni bien vistas por ninguna sociedad, no cabe duda de que el contexto mexicano y sobretodo el sistema judicial, han tolerado e incluso fomentado infinidad de veces dichas prácticas.
De acuerdo a cifras oficiales, la tasa de impunidad e ineficacia por parte de las agencias encargadas de las investigaciones -policías investigadoras y ministerios públicos- es de un 95%. Esto quiere decir que, como lo señala Rubí Blancas Orduño del Programa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: «A mayor impunidad, más crimen; a menor participación ciudadana, más corrupción; a menor prevención, mayor diversificación de formas de criminalidad; a mayor corrupción, mayor permeabilidad de formas de ilegalidad… y así se reproducen, desde una localidad, a escala nacional e incluso internacional […]».
Por ello, la realidad mexicana ha generado que sea una cotidianidad que «si a un policía le das 10 mil pesos te arma un expediente mal hecho, y eso da pauta para que el juez deje libre al delincuente en 30 días. De ahí que exista entre 80 ó 90% de reincidencia» (Programas de la UNODC, 2012).
La versión oficial sobre la matanza de Acteal, impulsada por Aguilar Camín y Ricardo Raphael, comparte el rasgo común de buscar diluir la responsabilidad del crimen de estado y de lesa humanidad y por ende deslindar responsabilidades directas del hoy ex presidente, Ernesto Zedillo, del ex gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, el ex jefe de la SEDENA Enrique Cervantes Aguirre y el ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet, hoy convertido en titular de Educación.
El verdadero objetivo de dicha versión, no fue el imperio de la justicia y de la verdad histórica, sino por el contrario buscó deslegitimizar a la Sociedad Civil de las Abejas -quién siempre se ha reconocido como una organización con una ética gandhiana de no-violencia– concluyendo que los hechos fueron el resultado de una «batalla» entre comunidades zapatistas y antizapatistas. El propio Ernesto Zedillo, durante un viaje a Venezuela, señaló al EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) como «el mayor grupo paramilitar de Chiapas», olvidándose de la ley que había palomeado en 1995, donde reconocía a los zapatistas como «un grupo mayoritariamente indígena que se inconformó».
Las pruebas documentales y testimoniales de diversas investigaciones independientes, que incluyen tesis académicas e informes de organismos internacionales, así como actores activos confesos y testigos colaterales; señalaron que sin lugar a dudas, la Matanza de Acteal fue una acción de guerra contrainsurgente que fue minuciosamente planeado y ejecutado con la finalidad de sembrar terror en la población y permitir que el ejército mexicano se reposicionara en las zonas de influencia ganadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El propio Libro Blanco de la PGR (Procuraduría General de la República), menciona que los asesinos corroboraron la complicidad de «algunos» elementos de la Coordinación de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Asimismo, mucho se ha hablado del Plan Chiapas 94 de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se «recomendaba» crear grupos de autodefensa civil, que al igual que en otros países, como es el caso de Colombia, su misión principal fue desplazar forzosamente a la población, a través del terror infundado.
Por lo que, ese fatídico 22 de diciembre de hace 15 años, un grupo paramilitar, entrenado, armado y protegido por las más altas jerarquías militares, policíacas y civiles, de los tres niveles de gobierno, asesinó premeditadamente, con alevosía y ventaja a 45 indígenas tzotziles. La participación de militares y policías presupone una táctica militar de contraguerrilla conocida como el «yunque y el martillo», la cual consiste en que las autoridades estatales adoptan una función de fuerzas de contención (yunque) y permiten/fomentan/incentivan la función de golpe de los grupos paramilitares (martillo) contra el EZLN y sus simpatizantes.
A lo largo de estos años, caracterizados por la impunidad y la corrupción, han sido identificados autores intelectuales, cómplices y encubridores de este delito de lesa humanidad, por omisión y comisión. Sin embargo, al día de hoy los culpables materiales se encuentran libres, gracias a que la Suprema Corte de Justicia encontró consuetudinarias fallas en el debido proceso.
No cabe duda que el sistema de justicia mexicano tiene grandes deficiencias y como el hoy nuevo Procurador General de la República, Jesús Murillo Kara, reconoce es urgente «tratar de evitar una fórmula que me parece perversa: no debe haber inocentes en las cárceles».
Pero ¿qué pasa cuando el Estado libera culpables? y más preocupante aún, ¿qué pasa cuando el Estado no realiza las investigaciones correspondientes para encarcelar a los verdaderos culpables? Seguirán repitiéndose masacres como la Acteal en nuestro país -marcado por la violencia- mientras prevalezca la impunidad y se pretenda borrar de nuestra memoria el clamor de justicia. Por ello, los guardianes de la memoria, la Sociedad Civil de las Abejas, siempre estarán presentes para recordarnos que otra justicia y otro derecho no sólo son posibles, sino necesarios para construir un futuro diferente para nuestros hijos: ¡Lekil kuxlejal!
Nota: Texto original de la Agencia Autónoma de Comunicación SubVersiones
* Manuel Vázquez Luna falleció el sábado 10 de noviembre de 2012 en el Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas donde ingresó el pasado 22 de octubre. Manuel tenía 12 años cuando la masacre ocurrió y era uno de los guardianes de la memoria de su comunidad.