Sólo se puede enteder que el ensayo disgregador de las «Autonomías Regionales» de manera tan desconcertante y repentina se haya superpuesto a los temas pendientes en la opinión pública nacional, como son el de la aprobación de la ley de hidrocarburos y el del juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada (G.S.L) siempre y cuando se […]
Sólo se puede enteder que el ensayo disgregador de las «Autonomías Regionales» de manera tan desconcertante y repentina se haya superpuesto a los temas pendientes en la opinión pública nacional, como son el de la aprobación de la ley de hidrocarburos y el del juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada (G.S.L) siempre y cuando se perciba que este relevo en la discusión nacional se ha dado no sólo para garantizar únicamente impunidad a G.S.L, también a las petroleras, además de permitirles que sigan aprovechando asimétricamente las ganacias del negocio petrolero.
Ha quedado claro entonces que la intencionalidad de plantear tan perentoria y amenazantemente la realización de un referéndum autonómico en los departamento de la llamada media luna (plazas electorales del M.N.R) sirva para: garantizar no sólo impunidad a G.S.L, si no también a las petroleras a parte de permitirles el enriquencimiento geométrico, este (enriquecimiento) siendo tan desproporcionado, coincidentemente también será impune, ilícito y delincuencial, tal como la Resolución Administrativa Regulatoria de la Superintendencia General (SIRESE) ha declarado, cuando admite que casi la mayoría de las comnpañías petroleras han incurrido en esas actitudes: Prácticas monopólicas y anticompetitivas y fijación arbitraria de precios para la comercialización de los productos derivados del petróleo en el mercado interno.
Pero lo más increíble aún, es que el órgano regulador (Superintendencia de Hidrocarburos) no puede más que, a aparte de reconocer y aceptar la comisión de éstos actos ilícitos y delencuenciales, resignadamente dejarlos pasar de largo, porque la actual ley (1960) no contempla sanciones contra la comisión de los mismos, ó sea que existe una impunidad de facto ó un onanismo regulatorio en el sector.
Sólo así es comprensible porqué las compañías petroleras y los sectores corporativos criollos (Comites Cívicos, Cámaras de Hidrocarburos, medios de comunicación, analistas, gente del gobierno y otros como los angurrientos autonomistas y los señoritos silencioso(a)s que son los que irónicamente más chillan), compulsivamente esgrimen el principio de la segurida jurídica y la fe del estado: había sido para que campee orondamente la impunidad.
Claro, esto ya ocurrió con el dinero del anexo «d» con el que se les «confiscó» (Zaratti, el (in)visible y otros) no sólo el derecho a alzar la voz en favor del estado, incluso la moral, por eso será que también se pretende postergar el tratamiento de la ley, para que las petroleras nos sigan exprimiendo los recursos hasta que se apruebe el nuevo instrumento normativo.
Tengo por eso la sensación que ese concepto de la seguridad es una especie de chaleco de fuerza para quienes quieren la nacionalización y un cinturón de castidad para los celestinos que quieren seguridad jurídica para los depredadores.