La falta de castigo a los responsables intelectuales y materiales de las desapariciones forzadas es el principal problema que enfrentamos los familiares de las víctimas, las organizaciones y el pueblo en general. Se trata de la falta de castigo a los grandes empresarios y políticos que se beneficiaron de las desapariciones forzadas, y quienes las […]
La falta de castigo a los responsables intelectuales y materiales de las desapariciones forzadas es el principal problema que enfrentamos los familiares de las víctimas, las organizaciones y el pueblo en general.
Se trata de la falta de castigo a los grandes empresarios y políticos que se beneficiaron de las desapariciones forzadas, y quienes las facilitaron con información o desinformación.
Falta de castigo, es decir, impunidad. Mientras ésta exista las desapariciones forzadas se podrán volver a cometer, pues quienes las realizan y se benefician de ellas saben que no serán castigados. La impunidad es una garantía de que, digan lo que digan los gobiernos en turno, ellos pueden volver a lastimar en lo más profundo al pueblo organizado y sembrar el terror en el que aún no lo está para evitar que se organice.
El castigo para acabar con la impunidad no es venganza, sino justicia, y la justicia por la cual luchamos es el castigo proporcional al crimen que se comete. Es por esta razón que no podemos aceptar que haya beneficios para los agentes del Estado que planificaron y ejecutaron las desapariciones forzadas, así como tampoco para los empresarios que se beneficiaron con ellas.
¿Cuántos años de cárcel serían los justos para una persona que haciendo uso de todo el poder material de Estado ordena o desaparece a otras personas?
Luchamos por la justicia, por el castigo a quienes han desaparecido a cientos de luchadores sociales y de personas que no realizaban actividad política alguna, y en el marco de esta lucha por la justica es que diferentes organizaciones iniciamos un plantón popular en el Zócalo de la Ciudad de México del 22 al 30 de mayo de 2019.
Este plantón tuvo por objetivo informar al pueblo sobre la falta de castigo a los responsables de las desapariciones forzadas en los últimos 50 años en nuestro país; sobre la necesidad de conocer la verdad respecto a este crimen de lesa humanidad. El plantón fue un ejercicio de memoria, de colocar el rostro y el nombre de algunos de los cientos de desaparecidos. El plantón y todas las actividades fueron un ejercicio para dignificar a los luchadores sociales, a los revolucionarios y a las personas sin participación política desaparecidas de manera forzada por el Estado.
El plantón culminó el 30 de mayo con una marcha de casi tres mil personas de diferentes organizaciones y personas solidarias. Al término se fue a presidencia para solicitar audiencia; la respuesta fue una cita para el día miércoles 5 de junio a las 12 pm. con Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación; pero el encuentro no se realizó porque, según dijeron, ni siquiera sabía que se había acordado.
Después de la denuncia del hecho, se acordó un nuevo encuentro para el día 12 de junio. En esta ocasión la cita se llevó a cabo y Alejandro Encinas se comprometió a avanzar en la solución de los diferentes casos presentados por las organizaciones que conforman desde hace 10 años la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.
Los casos que se atenderán entre otros son los de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, revolucionarios detenidos y desaparecidos el 25 de mayo del 2007 a manos del Estado mexicano, reivindicados por el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR); el de Virginia y Daniel Ortiz, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT); el de Teodulfo Torres Soriano, desaparecido en 2013 por documentar la ejecución extrajudicial de su compañero, durante las protestas de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto; el de Fidencio Gómez Sántiz, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), detenido-desaparecido hace tres años en el estado de Chiapas.
Esperamos que en todos los casos se presenten con vida a los desaparecidos para así lograr resarcir en algo el daño causado a sus familiares, a sus organizaciones y al pueblo por su desaparición a manos de agentes del Estado.
El presente gobierno dice tener la voluntad política de hacer justicia; incluso convirtió la que fue la primera oficina de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) en las oficinas de la Dirección General de Estrategias de Derechos Humanos, y develó una placa en ese lugar en memoria de las víctimas de dicha policía política del régimen priista.
El 10 de junio, en un aniversario más de la masacre contra estudiantes y pueblo conocida como la masacre de jueves de Corpus en 1971, el gobierno también dio a conocer un pequeño documental titulado «La herencia más dolorosa», en el que se mencionan a las víctimas de la represión política de la década de 1970 fundamentalmente, quienes fueron detenidos-desaparecidos, ejecutados, torturados, perseguidos. Pero en el evento nunca mencionaron que la herencia más dolorosa es la impunidad, la falta de justicia, la falta de verdad, condiciones básicas para poder lograr la reparación integral del daño, y mucho menos mencionaron que la motivación del Estado fue aniquilar a quienes cuestionaban el sistema económico-social capitalista que aún prevalece.
No mencionaron tampoco a los beneficiarios de la represión política: los empresarios, como Alfonso Romo, quien es parte del gabinete de López Obrador y que integra el grupo Monterrey, el cual pagó como premio a la DFS por cada guerrillero asesinado.
La verdad no puede ser a medias, así como tampoco la justicia.
Para muchos esta actividad del gobierno actual es una muestra de su disposición política por enfrentar el pasado, para nosotros la mejor muestra será la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos y el fin de la impunidad.
Con impunidad, con falta de castigo, sin justicia sólo se prolonga la agonía del pueblo, y se da tiempo y condiciones para que quienes perpetran las desapariciones forzadas las vuelvan a cometer en beneficio de los mismos de siempre: los empresarios integrantes de la burguesía que, hoy por hoy, todavía controlan nuestro destino.
Nota:
Este artículo fue publicado como parte de la contraportada del No. 44 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Junio-Agosto 2019.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.