¿Cuáles son las causas de los incendios? ¿Por qué suceden? ¿A quiénes benefician? Habitantes de Epuyén y El Bolsón señalan la complicidad de los gobiernos y precisan cuáles son los sectores beneficiados por las llamas. El accionar tragicómico de Patricia Bullrich, la represión vía judicialización y, de fondo, el poder económico que pretende más territorios.
La temperatura bajó y el viento se calmó en La Comarca Andina. Los pobladores esperan que el milagro ocurra, que la pesadilla de los días de fuego y no poder dormir termine para comenzar con la reconstrucción, de cara a un invierno que será aún más duro: sin los árboles nativos quemados para proteger el suelo de nevadas y lluvias; y conservar el agua para el abastecimiento y la producción en la próxima primavera.
Un invierno duro por delante después de un verano corto: temporada clave para cultivar frutas, verduras, pasturas, miel; temporada clave para trabajar con un turismo que se fue detrás del humo. Pero que el fuego baje su intensidad permite empezar a pensar qué pasó. ¿Cuáles son los responsables? ¿Qué se pudo haber evitado? ¿Qué modelo de vida se va a desarrollar en La Comarca?
Desde las asambleas de base, organizaciones comunitarias y rurales, desde los medios independientes hay propuestas y causas más complejas que la de un simple «fuego intencional» que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pretende hacer responsable al Pueblo Mapuche y que el gobernador de Río Negro, Albert Weretilneck, atribuye a «delincuentes». En la misma línea, el Ministerio Público Fiscal se apresuró en detener a nueve personas (los jueces de garantías liberaron por falta de pruebas, hasta el momento, a ocho).
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a cargo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego desde diciembre, se hizo presente en El Bolsón, por primera vez, desde el 15 de enero cuando comenzaron los incendios en Epuyén (Chubut). En los primeros días de enero sí había viajado para participar del desalojo de la Lof Pailako, como parte de la construcción del “enemigo interno” del Pueblo Mapuche; al que buscó responsabilizar por el fuego en estos días y que ayer coincidió sus visita con más persecución: la Policía de Chubut —a cargo del gobernador PRO Ignacio Torres— allanó varias comunidades y una radio comunitaria, y detuvo a una integrante de la comunidad Pillan Mahuiza.
En medio de la persecución, Bullrich dijo que enviaría al Congreso una reforma al Código Penal para crear un agravante por “intimidación al gobierno” para perseguir a los “pseudomapuches”.
“Lo que están haciendo, el gobierno de Torres y de Milei, es ocultar su incapacidad sospechosa para controlar los fuegos que están arrasando con gran parte de la Cordillera y quieren adjudicárselo al Pueblo Mapuche», sentenció Mauro Millán, lonko de la comunidad Pillan Mahuiza.
El escenario de Bullrich fue el aeroclub de El Bolsón, donde también anunció la creación de una Agencia Federal de Emergencias —que solo fusionará áreas burocráticas, aunque bajo su órbita ya funcionaba el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo—, pero no habló de más fondos para el combate del fuego, que, como informó Tierra Viva, fueron subejecutados en 2024. En enero de 2025 había ejecutado cero pesos, con las llamas ya encendidas, y recién en la primera semana de febrero se distribuyeron los primeros 75 millones de pesos.
También anunció que el proyecto de reforma del Código Penal busca incrementar las penas de quienes inicien un incendio. Una figura que ya se persigue como “estrago” y que fue aplicada a Nicolás Heredia, el único detenido por los incendios al que se le dictó una prisión preventiva, con una acusación cuestionada por la falta de pruebas.
El monocultivo de pino y un Estado que no previene
El fuego se inició el 15 de enero en Epuyén con un día de vientos fuertes y en momentos de una sequía histórica. El efecto del cambio climático es innegable para especialistas y vecinos en la Patagonia. En solo unas horas, en zona de interfase —entre bosques, viviendas y chacras— quemó 76 viviendas y galpones, y dejó otras cien con destrucción parcial. Después de 19 días, el fuego se logró contener en un cañadón entre el Cerro Gladys y el lago Epuyén. Fueron 3600 hectáreas quemadas (un incendio de dimensión similar al de El Bolsón).
¿Por qué el desastre? «El responsable, en Epuyén, es la forestación de pinos. La problemática no es de ahora. Cuando fue el incendio de los barrios, fue el pino también el asesino», sentencia Claudia Sastre, comunicadora de radio Asamblea Epuyén y de la Fundación Onda Andina, sobre los incendios de 2021, en los que murieron tres personas y se perdieron cientos de casas en los barrios Las Golondrinas, Ecoaldea y Bosques al sur. Lamenta que a nivel prevención el Estado demostró estar “en el mismo punto” que en aquel incendio, mientras que la sociedad sí activó su organización con “brigadas comunitarias y redes de asistencia solidaria”.
«Todos estamos ahora trabajando en la reconstrucción, pero lo que falta es prevención, porque si no esto va a volver a pasar», asegura la integrante de la Asamblea de Vecinos de Epuyén y habla de “teorema del pino», con el que se refiere al descontrol -—en particular en esa localidad— de las antiguas forestaciones de este árbol exótico, que en la década del 50 llegó para sostener la industria de los aserradores que ya habían devastado los nativos, cipreses y radales. Se entregaron tierras fiscales para esas producciones, pero ahora permanecen abandonadas, sin control por parte de la Secretaría de Bosques de Chubut —«no hay exigencias a los propietarios de las forestaciones para que limpien las forestaciones ni se aplican multas»— y con la especies desperdigadas hasta en los bordes de las rutas.
«Esas forestaciones le sirvieron sólo al forestador», señala Sastre y resume en una frase 75 años de presencia del pino en la zona: «Fue el momento de la implantación y ahora es el momento del incendio. En el medio no hubo nada». Otro complejidad es la tenencia de la tierra, la imposibilidad de tramitar permisos de poda, cuando el Estado mantiene las tierras como fiscales sin reconocer a los viejos pobladores. «El 80 por ciento de la gente a la que se le quemó la vivienda no tiene título de propiedad», apunta y se pregunta: «¿El Estado los va a reconocer para la reconstrucción?».
El ejemplo está en el punto cero del incendio en Epuyén, la escuela 9 en el Barrio del Lago. El terreno lindero tenía pinos de 20 metros, con ramas que tocaban el suelo, pertenecientes a una vieja forestación de lo que fue la empresa Bosques del Epuyén. Parte de un negocio de forestación, que también intentó transformarse en especulación inmobiliaria con el inconcluso proyecto Senderos del Epuyén, un negocio del empresario José Luis Sánchez Cabezudo, denunciado por la asamblea de vecinos.
«La situación de la forestación abandonada al lado de la escuela 9 era una invitación a la catástrofe», sentencia la comunicadora. Los pinos fueron el fósforo, mientras que la hipótesis de la intencionalidad humana que lo inició está firme, pero los motivos los debiera investigar el Poder Judicial, que aún no tiene certezas. Sobre las acusaciones del gobernador Torres al Pueblo Mapuche, Sastre no da rodeos: «Las comunidades mapuches en Epuyén conviven con todos los vecinos, son gente integrada a la comunidad, sin conflictos territoriales. La relación que estableció Torres con el desalojo de la Lof Pailako es lejana».
Otro de los motivos de inicios de incendio en La Comarca son los desperfectos en el suministro eléctrico y asegura que como asamblea lo tienen documentado, con los testimonio de los vecinos que, en 2021, perdieron sus casas en el barrio Bosques del Sur, asentado sobre una forestación de pino abandonada por la empresa Manosa. «El fuego corría por los cables porque para ahorrar ponían alambre en lugar de fusibles», explica Sastre y apunta la reciente detención por el delito de «negociaciones incompatibles» del responsable de mantener la limpieza de las líneas: Mauro Palma, ex jefe de la Delegación Noroeste de la Dirección General de Servicios.
«A los que quieran tener luz en La Comarca él les recomendaba ‘ajo y agua’, a joderse y aguantarse», recordó la asambleísta sobre cómo operaba Palma. Este verano también hubo focos secundarios iniciados por desperfectos eléctricos, mientras que los cortes de luz preventivos, que se realizan ante los incendios, impiden el funcionamiento de las bombas de agua eléctricas; sólo pueden enfrentar el fuego quienes tienen bombas autónomas con combustible. «¿Cómo pudieron hacer tan mal las cosas?», apunta la asambleísta sobre otra responsabilidad estatal.
En ese punto invita a una reflexión profunda sin «simplificaciones», que incluye el porqué los incendios no ocurren en las extensas tierras, parte de ellas con forestación de pino, que Benetton tiene en la localidad de El Maitén. «Tienen brigadas, tienen camiones, tienen fajas cortafuego, tienen equipos especializados, tienen todo. Los que estamos a la intemperie somos los pobladores comunes, y el Estado que debería protegernos no lo hace», apunta.
Y deja abierta su hipótesis: «En el fondo está la intención de sacar a la gente de las tierras. ¿Hay algo más desalentador que vivir en un bosque quemado? ¿Cuánta gente se queda viviendo en La Comarca Andina después del terror que vivimos durante un mes? A alguien beneficia que nos vayamos de acá. Intereses extractivistas inmobiliarios, intereses mineros, interés de dejarnos sin agua». A esa hipótesis le pone ejemplos: desarrollos inmobiliarios como Senderos del Epuyén; y el interés minero y turístico del emprendimiento Mina Puma.
«Si el Estado no previene, tenemos que organizarnos, de manera comunitaria, para poder vivir y habitar nuestro territorio, el mismo que los forestadores dejaron abandonado», propone.
Mallín Ahogado: sin prevención, sin presupuesto y con muchos negocios detrás
Al otro lado del Paralelo 42 —que divide Chubut y Río Negro—, el fuego se inició el 30 de enero en lo que, desde 1994, es el Área Natural Protegida del Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE), donde se encuentra el paraje rural Mallín Ahogado. Manuel de Lucía es poblador, docente diplomado en educación ambiental, integra la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, el Frente Rural y es vocal en la Brigada Forestal de Mallín Ahogado; cuyo cuartel quedó bajo el fuego de los primeros días.
La primera denuncia que deja frente a las llamas es la falta de un Plan de Gestión y Plan de Manejo para preservar el área natural frente a la que describe como una afluencia turística masiva, sin cupos, ni controles ni información de prevención. El último plan de manejo se presentó en 2018, pero no fue tratado por el Concejo Deliberante local. La falta de un plan se traduce en falta de recursos. «No sé si se hubiese podido prevenir el incendio, porque fue intencional; pero sí podríamos haber tenido, al menos, los medios de ataque primario; porque cuando se financia un área protegida, también se financia equipamiento, personal, sistemas anti-incendios”, apunta.
“Hubo una gran desidia estatal en la preservación del área. Nosotros veníamos advirtiendo, presentado proyectos, senderos interpretativos para los turistas, un plan de manejo integral”, denuncia y señala que entre los argumentos de la Intendencia local para planificar y bajar fondos era que “la afluencia era incontrolable por el efecto de las redes sociales y la promoción de los instagramers”.
El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendio Forestales (Splif) está al frente de los incendios que aún no han sido apagados y ya consumieron 3600 hectáreas. Según sus propios reportes, la cantidad de brigadistas rondaron los 50, sumados a entre 20 y 40 del Servicio Nacional de Manejo del Fuego; y la ayuda de bomberos voluntarios y brigadistas de Bariloche o Chubut. Entre 150 y 300 personas combatiendo el fuego, con formación y equipamiento, para un área con cientos de hectáreas de bosques, con gran cantidad de biomasa, y condiciones climáticas adversas por el cambio climático: falta de lluvias, calor y viento.
«En el Splif son vecinos que lo ponen todo, pero tienen una jurisdicción enorme por abarcar. Hay un acto desmedido entre lo que se pretende controlar y lo que se financia. Hay un problema esencial de financiamiento”, insiste De Lucía y vuelve a marcar que a pesar de las mesas de diálogo en la que los vecinos participaron con las instituciones públicas, “la prevención fue solo una palabra, no hubo financiamiento para la prevención”. “La acción de las brigadas, sin desmerecerlas, hubiesen sido una hormiguita si no hubiese sido por todo el apoyo de la comunidad en el combate al fuego”
Pero como integrante del Frente Rural y como educador ambiental, De Lucía amplía el foco del incendio, el contexto en el que ocurren, para comprender la transformación de hecho de un paraje rural, “en defensa del territorio, del agua, de la vida en comunidad, de la producción agropecuaria”, en un territorio volcado al turismo, el negocio inmobiliario y por qué no minero. En 2024, Río Negro fue la primera provincia en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y El Bolsón, a cargo del intendente Bruno Pogliano (de la fuerza oficialista del gobernador Weretilneck), el primer municipio en seguir ese mismo camino.
A fines de 2023, la Legislatura provincial modificó la Ley Provincial de Tierras, que era insignia en reconocer que “la tierra es para quien la trabaja”. Ese fin se modificó “para priorizar el beneficio de mayor rinde económico: donde hay metales, minería; donde hay aptitud para la explotación turística y negocios inmobiliarios. Eso es clave para entender cómo pretenden corrernos con el fuego para avanzar con este modelo de gentrificación», sostiene De Lucía.
Un año más atrás, en 2022, el Concejo Deliberante de El Bolsón votó la ordenanza 189/2022, que modifica el código urbano del paraje y limita la presencia de colmenas y la producción de animales. «Entonces sentimos que nos comenzaron a correr de nuestras producciones. Hasta el momento, con papeles, pero el negocio inmobiliario se olfatea. La ordenanza fue la legalización de otra forma de habitar el territorio, si Mallín lo empezamos a partir en zonas urbanas y suburbanas, vamos teniendo un avance sobre los terrenos productivos», explica el integrante del Frente Rural, que mantiene como consigna «la ruralidad nos alimenta» y pregunta: “Si lo rural se vuelve urbano ¿dónde producimos nuestros alimentos?”.
Los catastros del Mallín Ahogado marcaban parcelas de hasta 25 hectáreas, que con los años se redujeron a diez y, desde la última ordenanza, a solo 3000 metros cuadrados. Mientras el fuego avanzó sobre los árboles que retienen el agua para la vida y la producción, en relación con el humedal de la Pampa de Ludden, donde hace años se proyecta un barrio privado. El emprendimiento es impulsado por la empresa Laderas, manejada por Nicolás Van Ditmar, un operador inmobiliario y administrador de empresas de Joe Lewis, el empresario británico que mantiene privatizado Lago Escondido y que aportó un helicóptero para el combate a los incendios. El intendente Pogliano fue contador de la empresa Laderas.
Dos días antes del inicio del fuego, Pogliano habló en la celebración por el aniversario 99 de El Bolsón y dejó claro el rumbo de su gestión: «Ya está saldada la discusión sobre si el perfil de nuestra localidad debe ser productivo o turístico, ¡Es turístico! La movilidad económica y el crecimiento de nuestra ciudad se asientan, mayoritariamente, en el turismo». En ese discurso Pogliano criticó a quienes «se oponen al progreso» y no hizo referencia, como en el discurso de un año atrás, a la necesidad de incorporar a los pobladores en un ente para preservar el ANPRALE, el área natural que quedó bajo fuego.
Además, en el cierre de su discurso se dirigió a Weretilneck, para sostener que «la locomotora que tracciona a la provincia» son otros dos proyectos extractivos cuestionados por los pobladores locales: la instalación de una planta de licuefacción de gas en Sierra Grande y el proyecto Calcatreu, que abriría el paso de la megaminería en Río Negro.
De Lucía señala que la aún vigente modificación de la Ley de Manejo del Fuego —que prohíbe el cambio de uso del suelo tras los incendios— es una herramienta jurídica para hacer frente al marco normativo propuesto por el gobierno provincial y municipal, pero más confía en la organización: “El cuerpo en el territorio es otra legalidad, más allá de que no esté escrita y que pueda ser desplazada. Estar combatiendo el fuego, estar en esta red de ayuda, de compromiso y asistencia es una herramienta de garantía. Seguir estando en el territorio, no haber migrado, no haber quebrado emocionalmente, va a dejar el rastro de que no nos corrieron aunque nos quemaron”. Y repite la frase con la que se dan fuerzas en el Mallín en los últimos días: “Apaguemos el fuego y sembremos”.