Los hechos recientes en el municipio de Venustiano Carranza, específicamente el asesinato de tres campesinos, así como los sucesos que le anteceden a este hecho, es decir, las agresiones paramilitares contra comuneros que luchan por la defensa de sus tierras, dónde resultaron asesinados dos compañeros nuestros, resultan ser aspectos que se encuadran a la política del terrorismo de Estado cuyo objetivo es frenar la lucha organizada del pueblo.
El terrorismo de Estado es una política de gobierno de carácter contrainsurgente que se objetiva en el cometido de crímenes de lesa humanidad como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, mascares y tortura contra del pueblo organizado y no organizado, el objetivo de esta política es generar el mayor terror posible en la población para evitar de ese modo que siga organizándose para defender sus derechos.
Esta política se implementó con más agudeza en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, utilizó como pretexto la lucha contra el narcotráfico para militarizar y paramilitarizar el país y con ello cometer los más aborrecibles crímenes de Estado, la lista de víctimas demuestran la gravedad de esta política gubernamental.
Hoy en día el gobierno chiapaneco parece adoptar algunos de los preceptos del terrorismo de Estado para atentar contra la vida de militantes de organizaciones populares e independientes, y para imponer el interese empresarial y de caciques tal como lo ha hecho en Venustiano Carranza.
Con los asesinatos de campesinos en esa región en este último mes, el Estado busca propagar el temor en la sociedad, y al mismo tiempo generar confusión e incertidumbre sobre quién es el responsable de tales actos, el gobierno difunde que es un problema únicamente agrario, o un conflicto entre comunidades, donde nada tiene que ver, sin embargo, eso es falso, el gobierno de Chiapas tiene total responsabilidad en esos hechos.
Para ser más puntual el gobierno chiapaneco tiene responsabilidad porque, a) no atiende las demandas de las organizaciones populares, b) mantiene y protege a grupos paramilitares, b) coordina a policías, militares y paramilitares en las acciones contra comunidades organizadas, y c) porque su política está caracterizada por la represión y la demagogia.
Lo que acontece en Venustiano Carranza no está desligado de lo que sucede en otras regiones de la entidad dónde lo que se vive son detenciones y encarcelamiento de luchadores sociales y estudiantes que defienden sus derechos; desplazamiento forzado; despojo de tierras; ejecuciones extrajudiciales; tortura y demás violaciones a los derechos humanos.
En V. Carranza la característica es el nivel de violencia hacia comuneros, que ha dejado como saldo en tan solo un mes a tres campesinos asesinados, dos luchadores sociales asesinados a manos de paramilitares que son nuestros compañeros Efraín Espinoza Pérez y Mario Alberto Vázquez; varios torturados, y amenazas de más crímenes.
Es necesario identificar los diversos actores políticos en la región mencionada para lograr dar claridad a la situación, primeramente los que forman parte del Estado: los paramilitares de la Alianza San Bartolomé de los Llanos, otros grupos de carácter paramilitar disfrazados de autodefensas, los caciques de la región entre ellos Jesús Alejo Orantes Ruiz, así como los cuerpos castrenses que se encuentran ahí, todos ellos, son parte de los planes represivos del gobierno y que objetivan la violencia.
Ninguno de ellos aceptará sus crímenes, eso está claro, todos buscarán deslindarse para generar confusión, pero no debe haber duda sobre la responsabilidad del Estado en estos hechos, necesario es denunciarlos y evidenciarlos como parte de un mismo ente que busca detener la lucha por la tierra y por mejores condiciones de vida para el pueblo.
El gobierno de Chiapas conforme pasa el tiempo va desenmascarándose como lo que verdaderamente es, un gobierno represor y antipopular, que hace de las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de Estado su forma de hacer política.
Esta administración morenista a nivel estatal amenaza con seguir cometiendo más crímenes, por ello, no desarticula a los grupos paramilitares, al contrario los protege y afianza sus acuerdos con caciques y otros empresarios que tienen intereses en la región de Carranza.
En medio de la confusión y el temor Escandón Cadenas pretende reprimir y cometer crímenes contra las organizaciones populares, específicamente contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) por eso quienes luchamos de forma independiente estamos obligados a denunciar esta política para evitar más víctimas del lado del pueblo.
La Alianza MORENA – PVEM en Chiapas queda claro es bajo los preceptos represivos que este último echó andar durante el gobierno de Manuel Velazco Coello, ambos pretenden mantener el poder en beneficio de unos cuantos.
De cualquier agresión física o psicológica de nuestros compañeros en Venustiano Carranza será responsabilidad del gobierno estatal, así como del federal en tanto que a estado pasivo ante esta situación.
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!