Eulogia Flores Vázquez y Obtilia Eugenio Manuel son dos mujeres indígenas mexicanas, quienes antes de cumplir la mayoría de edad ya trabajaban en la Montaña y en la Costa Chica del estado de Guerrero en la defensa de los derechos humanos de sus comunidades. Por sus denuncias de violencia intrafamiliar, falta de servicios de salud […]
Eulogia Flores Vázquez y Obtilia Eugenio Manuel son dos mujeres indígenas mexicanas, quienes antes de cumplir la mayoría de edad ya trabajaban en la Montaña y en la Costa Chica del estado de Guerrero en la defensa de los derechos humanos de sus comunidades.
Por sus denuncias de violencia intrafamiliar, falta de servicios de salud adecuados, violaciones sexuales de mujeres por parte de militares -una de las cuales llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en agosto pasado-, ambas han sido amenazadas de muerte, y en los últimos tres años han visto sufrir y morir a familiares y amigos que compartían con ellas esta causa.
Quizás a ellos dediquen su esfuerzo, pues todo indica que Flores y Eugenio no bajarán la guardia, porque creen que la única razón para arriesgarse a morir en esta lucha tiene que ver con el respeto a la vida y a la dignidad de las personas.
«Vale la pena hacerlo por las mujeres y niñas»
Un día de marzo del 2005 comenzó el movimiento de un grupo de mujeres indígenas de la etnia na savi (mixteca), en la comunidad de Cochoapa el Grande, en la región de la Montaña de Guerrero, cuando se dieron cuenta de que «no era normal que viviéramos dentro de nuestras casas los golpes que los maridos, los padres o los hermanos nos dan», dice Flores, de 23 años.
Bastaron tres meses para conformar un grupo de más de 150 mujeres que sólo asistían a las asambleas con el consentimiento de sus padres y maridos. Cuando ellas empezaron a denunciar la violencia intrafamiliar, «los hombres se fueron contra ellas», dice.
El municipio de Cochoapa el Grande, con 15,600 habitantes, es considerado el de menor índice de desarrollo humano en México, de acuerdo al documento «Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2000-2005», presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en julio del 2008 en México.
Las mujeres organizadas de Cochoapa el Grande centraron su esfuerzo en alternativas para mejorar los servicios de salud y disminuir la mortalidad materno-infantil y la desnutrición, cuyos niveles son hasta tres veces más altos que la media nacional, debido en parte a que el 96% de la población carece de seguro médico, indica otro documento del PNUD, el «Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006».
De acuerdo con el estatal Consejo Nacional de Población, en el 2005 a nivel nacional, por cada 100,000 partos mueren 51 mujeres, mientras que en las comunidades indígenas la cifra alcanza las 151 muertes. De acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Nutrición, presentados en agosto pasado, el porcentaje de niños mexicanos con desnutrición crónica es del 32.3% para las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas es del 11%.
La cultura es otro factor que tener en cuenta, pues «las mujeres por costumbre tienen a sus hijos en sus casas, usan el temascal [recinto donde se toman baños de vapor] y toman hierbas medicinales para curarse. No podíamos obligarlas a ir al médico», afirma Flores.
La exigencia de la población de recibir medicamentos, visitas médicas a domicilio y asistencia en los partos encolerizaron al médico de la comunidad y al presidente municipal, quienes amenazaron con quitar el único centro de salud si el movimiento de las mujeres continuaba. La gente dijo entonces, «mejor tener algo, aunque malo, que no tener nada», cuenta Flores, pero ella no se intimidó, a pesar de las amenazas de ser golpeada, de un incendio provocado en su casa y del secuestro de su padre.
Desde el 2007 Flores mantiene su lucha en la ciudad de Tlapa de Comonfort, en el corazón de la Montaña de Guerrero. Ella celebra que en Cochoapa el Grande ya haya una clínica con medicinas, doctores y enfermeras. El centro de salud se amplió a una clínica a mediados de 2008. El siguiente paso, dice, es gestionar con el actual presidente municipal un aparato de ultrasonido y una ambulancia para que los enfermos graves puedan ser trasladados al único Hospital General, que está a tres horas de distancia.
En cuanto a su labor como defensora de derechos humanos, opina que «vale la pena hacerlo por las mujeres y niñas. Yo quiero que se cambie la costumbre del maltrato hacia las mujeres y que se mejore su salud. Estoy contenta con lo que hago. El movimiento inició por parte de mi familia, yo viví ese dolor y me gusta trabajar por mejorar las cosas en mi comunidad. Sé que algún día se va a cambiar».
«Los apoyos no llegan a nuestras comunidades»
Obtilia Eugenio Manuel, de 32 años, de la comunidad de la etnia me phaa (tlapaneca) de Barranca de Guadalupe, del municipio de Ayutla, en la Costa Chica de Guerrero, es reconocida como la primera mujer que tomó parte activa en las asambleas de su comunidad.
En esta región militarizada por el Estado, debido al cultivo de estupefacientes y la presencia de guerrilla, ella guarda recuerdos desde los 9 años de la discriminación femenina y de la masacre en la comunidad de El Charco, el 7 de junio de 1998, cuando efectivos del Ejército mexicano asesinaron a 11 campesinos indígenas.
Cuando Eugenio cumplió 11 años se fue a vivir a la cabecera municipal de Ayutla para estudiar la secundaria, luego regresó a Barranca de Guadalupe para convertirse en defensora de los derechos de su comunidad. En el 2002 fundó junto con su esposo y 130 personas más la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM), para denunciar las violaciones de los derechos humanos y gestionar proyectos productivos a favor del desarrollo económico de los indígenas de la Costa Chica de Guerrero, dedicados principalmente a la siembra de maíz, jamaica, frijol y frutas tropicales.
En un día de trabajo común como defensora de derechos humanos, con su bebé amarrado con un rebozo en la espalda, Eugenio recorre a pie, junto con algunos integrantes de la OPIM, los caminos en medio de la sierra. Por la mañana documentan la destrucción de una granja y el robo de la cosecha de frutos por parte de elementos del Ejército. En la tarde, ella regresa a su casa, donde ya la esperan otros tres hijos pequeños, con quienes se sienta a comer trozos de calabaza y ejotes (judías verdes) hervidos. Por la noche, recibe a una mujer de 60 años que, después de la muerte de su esposo 10 años atrás, denuncia que ella y su hija fueron violadas por militares.
Ningún integrante de la OPIM recibe remuneración económica y tampoco seguridad personal. En el 2005 la Corte IDH pidió a México medidas cautelares para proteger la integridad física de Eugenio y su familia, sin ningún resultado.
En los últimos siete años ella y sus compañeros han sido víctimas de amenazas, atentados de muerte, asesinatos, desaparición forzada, tortura y encarcelamiento, principalmente por denunciar la esterilización forzada de hombres indígenas por orden de autoridades de salud de Guerrero, y las violaciones sexuales de mujeres por parte de soldados, como ocurrió en el 2002 con Inés Fernández Ortega, indígena tlapaneca cuyo caso fue admitido por la Corte IDH en agosto pasado.
El ataque más reciente contra los indígenas defensores de derechos humanos en Ayutla sucedió en febrero pasado. Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, indígenas mixtecos y líderes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), fueron torturados y asesinados.
No hay personas detenidas por estos asesinatos. De acuerdo con la versión de un testigo, ambos fueron detenidos por tres hombres armados que se identificaron como policías, la tarde del viernes 13 de febrero en Ayutla y sus cuerpos aparecieron el 20 de febrero en el municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica de Guerrero. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, meses antes de su muerte ambos fueron hostigados por la Policía Ministerial de Guerrero, debido a las denuncias que hicieron contra las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército en la Costa Chica de Guerrero.
En medio de esta represión, Eugenio asumió la presidencia de la OPIM y recibió de parte de las organizaciones civiles de Guerrero el premio popular Sentimientos de la Nación.
«Mi compromiso es estar frente a todas y todos, hablar de los problemas que tenemos con los compañeros detenidos, seguir luchando por las necesidades que tenemos en las comunidades: obras, escuelas, médicos y proyectos para mujeres, pero no hay nada, los apoyos no llegan hasta nuestras comunidades. Sabemos que hay proyectos, pero no para nosotras como mujeres indígenas», dice Eugenio.