La Comisión Nacional, del grupo denominado, Agenda Indígena: Evaluación y Desafíos, pedirá a la Comisión de Asuntos Indígenas (CAI), de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, que encabeza Cándido Coheto Martínez, asumir su compromiso con las sociedades originarias y garantizar sus derechos ancestrales. Reunidos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el pasado […]
La Comisión Nacional, del grupo denominado, Agenda Indígena: Evaluación y Desafíos, pedirá a la Comisión de Asuntos Indígenas (CAI), de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, que encabeza Cándido Coheto Martínez, asumir su compromiso con las sociedades originarias y garantizar sus derechos ancestrales.
Reunidos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el pasado 18 de noviembre, las dirigencias, acordaron construir una agenda estratégica para el desarrollo de los pueblos indígenas, misma que subrayaron, «forme parte sustantiva del trabajo de la CAI».
Destacan como parte de sus prioridades, lo referente a la armonización legislativa nacional y local con instrumentos internacionales, a fin de que se reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público; impulsar la creación de la VI Circunscripción Plurinominal; promover la Ley de Consulta con consentimiento previo, libre e informado, que tenga como marco de referencia, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde sean las sociedades originarias las que decidan al respecto.
De igual manera, demandan diseñar mecanismos para garantizar una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado. Recalcan la importancia para fortalecer la participación armónica de las mujeres, jóvenes y niños para el relevo generacional en los liderazgos y la permanencia de los propios pueblos.
En esta nueva relación, exigen la cancelación de megaproyectos en sus territorios, como los referentes al agua, minería, recursos energéticos, bosques y todo aquello que tenga que ver con el cambio climático.
Además, la libertad de los presos indígenas, el fortalecimiento del programa de traductores y el cumplimiento de las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a la impartición de justicia indígena.
Como parte de sus aportes, las delegaciones indígenas de 14 entidades del país, en esta reunión del 18 de noviembre que tuvo lugar en la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, retomaron el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, establecido en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de la ONU, en septiembre de 2014, entre los que destacan la autodeterminación indígena.
En este mismo sentido, el compromiso de México de incluir a los pueblos indígenas en la elaboración de las políticas públicas dirigidos hacia ellos.
Los asistentes se pronunciaron contra las políticas asistencialistas y plantearon la instrumentación de programas de desarrollo sostenible, que se construyan desde la concepción de los mismos pueblos y comunidades.
Subrayaron que las Naciones Unidas han recomendado a México la aplicación de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales.
Que la misma ONU, pide a México garantizar que los pueblos indígenas estén al frente de las instituciones públicas encargadas de la instrumentación de la política indígena del Estado Nacional, y que los pueblos indígenas cuenten con representación directa en el Congreso de la Unión.
A este evento, acudieron 40 liderazgos entre ellos, de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí, Estado de México, Quintana Roo, Hidalgo, Yucatán, Morelos, con el aval de grupos indígenas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Yucatán.
Este grupo aglutina a dirigentes, hombres y mujeres que de manera pública han venido participando por el reconocimiento de sus derechos políticos y libertades fundamentales desde los años 70’s.
Revelaron que desde la década de los años setenta, el movimiento indígena colocó en la agenda nacional e internacional, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incorporada en los «Acuerdos de San Andrés», parte de ellos, incluidos en la Reforma Constitucional del 2001, reconocidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas.
La realidad en sus pueblos y comunidades indígenas, dicen, es de pobreza, marginación, desplazamientos, despojos, criminalización de sus reivindicaciones y liderazgos.
De igual manera, plantean la formulación y aplicación de programas y políticas públicas que atiendan la problemática y las necesidades específicas de la población migrante o radicados en zonas urbanas.
Reiteran el respaldo a las policías comunitarias por ser una institución indígena, sujeta a la autoridad comunitaria y al pueblo indígena mismo; también consideran que se debe garantizar el derecho a la comunicación e información de los pueblos indígenas, partiendo en principio de la reforma constitucional a la ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sin excluir otros ámbitos del rubro.
De igual manera, hacer suyos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Finalmente, definieron, organizar un Foro Nacional en febrero del 2016 para analizar temas como los Acuerdos de San Andrés para incorporarlos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, territorios, proyectos sostenibles, lenguas indígenas.