La lenta distribución y acceso a las vacunas contra el coronavirus en los países de menores ingresos obliga a revisar los acuerdos de propiedad intelectual y como pasó con el VIH/Sida, ejercer el derecho a las licencias obligatorias para uso de las patentes de los biológicos, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El planteamiento no es nuevo pero sigue siendo indispensable por las asimetrías que prevalecen, pues los países desarrollados concentran 44 por ciento de los compromisos de compra de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2, para 12 por ciento de la población mundial.
Señaló que en América del Norte, 42 por ciento de las personas ya están vacunadas; en Europa el avance es de 35 por ciento, mientras en América Latina es de sólo 13 por ciento y hay países como Haití y Honduras que no han recibido los biológicos.
Bárcena participó ayer en el segundo día del Simposio Internacional La Regulación Sanitaria en un Mundo Pos Covid-19, organizado con motivo del 20 aniversario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el cual concluyó con la propuesta de México para crear una red de colaboración entre las agencias reguladoras de las Américas, con la finalidad de cooperar y armonizar sus procesos.
El objetivo es mejorar y agilizar el acceso a insumos para la salud ante enfermedades emergentes; entre otros, tener acuerdos de equivalencia para el reconocimiento de los registros sanitarios de medicamentos emitidos por los países miembros de la red, siempre que estos sean seguros, eficaces y de calidad.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud leyó la propuesta que se enviará a los países de la región para su revisión y adhesión. La formación de una red latinoamericana de agencias reguladoras es una de las lecciones que dejó la pandemia de Covid-19, pues la mayoría de los gobiernos enfrentó severos desafíos para contar con los medicamentos, equipos y dispositivos necesarios para la atención de los enfermos.
Antes Bárcena hizo un planteamiento similar y propuso la creación de un repositorio virtual de datos clínicos de los productos farmacéuticos y una plataforma de registro de ensayos clínicos que puedan ser consultados y utilizados por todos.
Sobre las patentes de las vacunas, señaló que el artículo 31 del Acuerdo de Doha plantea la posibilidad de las licencias obligatorias para ampliar el acceso a los biológicos en los países de menores ingresos. Incluso, planteó que los países de la región de las Américas deberían retomar su capacidad de producción de medicinas y vacunas.
México, Cuba, Brasil y Chile, entre otros, están listos para fabricar los biológicos y eso resolvería el actual “déficit de solidaridad global” y actitudes como la de Estados Unidos que no ha cumplido el compromiso que tiene de donar vacunas a Centroamérica y El Caribe.
Bárcena también dijo que se debe revisar el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que “ha sido una gran idea pero no ha llegado a todos” y hasta ahora, dijo, no hay claridad sobre las aportaciones que hará a las naciones pobres, si tienen que comprar las vacunas o si habrá subsidios.
Planteó, incluso, la posibilidad de que América Latina cree su propio mecanismo Covax con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).