La suba de los precios sigue siendo un problema en la Argentina. Muy pocos países presentan esta situación, en la región y en el mundo, lo que genera debates sobre las causas y las formas de superación del problema.
Una llamada de atención es el 4,8% de aumento en marzo 2021, acumulando en 12 meses 42,6% y 13% en el primer trimestre del año[1], para un supuesto del 29% en todo el año, imposible de cumplir.
No es un tema sencillo, y desde el punto de vista teórico se discute la teoría de los precios, que es el fenómeno en estudio, cuando en rigor, detrás de los precios están los valores, es decir, la teoría del valor, como esencia de la cuestión a indagar. En la concepción académica mayoritaria, se incluye a la primera, la teoría de los precios, bajo el rótulo de la “microeconomía”, lo que supone decisiones en el ámbito del mercado; y a la segunda, teoría del valor, en el plano de la “macroeconomía”, asociada a las definiciones de políticas del Estado. Esta definición es resultado de los consensos ideológicos y políticos asumidos por la corriente principal en “economía”, neoclásica en diferentes versiones, desde la aparición de las concepciones keynesianas en los treinta del siglo pasado.
La “micro” sería así el territorio de la libertad de decisión de los empresarios, los que deciden qué hacer con sus recursos, en dónde y en que invertir, qué y cuánto producir, a qué mercado ofrecerlo en función de la demanda, si el mercado interno o el mundial, en fin, multiplicidad de consideraciones, claro, todas asociadas al mayor rendimiento potencial del capital invertido, centrado en el “sujeto económico” individual, quien opta por las “mejores” oportunidades del libre mercado, dicho en tiempo de dominación transnacional. En esta concepción, la “macro” debe estar al servicio de la lógica del inversor, en tanto es quien decide, en definitiva, el ciclo económico, la producción y circulación de bienes y servicios, más aún en tiempos de privatizaciones extendidas y creciente mercantilización de la vida cotidiana.
En ese marco, varias explicaciones aluden a la cotización del dólar, a la evolución de las tarifas y de los salarios; todas cuestiones asociadas a “marcos de regulación pública”, claro que la razón más mentada remite al exceso del gasto público, a la emisión monetaria y de deuda; las cuáles remiten a políticas públicas.
Vale mencionar que el tipo de cambio “blue”, paralelo o ilegal llegó a 195 pesos por dólar en octubre del 2020 y hoy oscila en torno a los 143 pesos por dólar. El dólar oficial presenta cotizaciones con baja actualización, tanto que en enero 2021 estaba en 90 pesos por dólar y en la actualidad se acerca a los 98 pesos por dólar. Como se puede verificar, desde los máximos de la cotización, lo que existe es una disminución, que no se expresa en los precios. Algo similar ocurre con las tarifas, en general contenidas, como en el caso de marzo, donde el 4,8% se explica por un aumento del 5,1% en bienes y 4,3% en servicios. De los salarios ni hablar, ya que no quedan dudas de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos populares, salarios, jubilaciones y planes sociales diversos. Son las formas mayoritarias de hacerse de ingresos de la población. Por lo tanto, ni la cotización de las divisas, ni la evolución de las tarifas, ni los salarios u otros ingresos populares explican en la coyuntura el crecimiento de los precios.
Es cierto también, que se menciona a la puja distributiva, o sea, la disputa por la apropiación de la renta generada en el país, sea entre el capital y el trabajo, entre los propios capitalistas según su capacidad para fijar precios y condiciones en el mercado, como a la capacidad del Estado por apropiarse vía impuestos del producto social. Queda claro que los empresarios ganan respecto de los ingresos de trabajadoras y trabajadores, como señala la información oficial respecto de la distribución del ingreso[2]. Los ingresos al trabajo asalariado caen 0,77%, mientras que el excedente de explotación bruta, la ganancia empresaria creció un 2,78%. Se puede discutir la forma de explicitación de la distribución funcional del ingreso entre propietarios de medios de producción y fuerza de trabajo, pero queda claro que la ganancia gana respecto de los salarios. Allí se menciona también, que los puestos de trabajo cayeron un -7,5% durante el 2020; en el trabajo registrado la caída alcanzó -2,6% (hubo medidas de política pública de contención), y una reducción del -15,9% de puestos de trabajo no registrados. Son datos que explican el crecimiento del desempleo (11%) y de la pobreza (42,2%).
Son muchos los factores que intentan explicar el problema, pero lo real es el incremento creciente de precios según la información oficial, con impacto diferenciado según el lugar que se ocupe en el proceso de producción y distribución. Por ello es que para pensar críticamente el fenómeno (precios), debe analizarse el tema esencial (valor).
En este sentido, se requiere pensar y modificar el modelo productivo y de desarrollo, instalado como rumbo principal por casi medio siglo desde mediados de 1975 y potenciado en tiempos de la dictadura, los 90 y en los años recientes. No alcanza con criticar el orden construido, sino que se requiere pensar la transición de esta realidad a otra que cambie sustancialmente las formas de organización económica de la sociedad.
¿Se trata de aumentar la producción o de reorientar la misma?
No es un debate menor, ya que la hegemonía profesional e intelectual en la disciplina demanda facilidades para el inversor capitalista. Sin inversión privada no hay solución, pontifican. Vale pensar que el sector privado está hegemonizado por el capital externo, tal como se visibiliza en la información pública[3].
Hay que pensar en otros sujetos económicos asociados a formas cooperativas y solidarias, de autogestión y comunitarias, incluso pequeñas y medianas empresas, que acerquen la producción al abastecimiento de cercanía, contribuyendo no solo a la expansión de la producción, sino a combatir el desempleo y la pobreza, eliminando en lo posible la búsqueda de la ganancia como objetivo central del orden económico.
En el debate suscitado se juega el sentido de la mejora en la productividad del trabajo, ya que el mismo se asocia a desarrollos científicos y tecnológicos, vinculados a políticas públicas en materia de educación, ciencia y técnica, por lo que la inversión pública no solo debe orientarse al sector empresarial, sino y principalmente al desarrollo educativo y científico.
Notas:
[1] INDEC. Índice de precios al consumidor (IPC), Marzo 2021, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_04_21CDDCA5F8DD.pdf
[2] INDEC. Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra. Cuarto Trimestre del 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/cgi_04_219C96E27491.pdf
[3] INDEC. Encuesta Nacional a Grandes Empresas, 2019, enero del 2021, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/enge_01_21A14C3F4BA3.pdf
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.