Un informe preliminar que confirma irregularidades en el intento de venta de petróleo al Brasil por parte de YPFB a través de la intermediaria Iberoamérica llegó a manos del Presidente Evo Morales. El Primer Mandatario ya tiene una opinión sobre el negocio, pero esperará los informes finales antes de tomar una decisión. Según la cadena […]
Un informe preliminar que confirma irregularidades en el intento de venta de petróleo al Brasil por parte de YPFB a través de la intermediaria Iberoamérica llegó a manos del Presidente Evo Morales. El Primer Mandatario ya tiene una opinión sobre el negocio, pero esperará los informes finales antes de tomar una decisión.
Según la cadena de radio Erbol, el mencionado informe confirma que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos vulneró la nacionalización de los hidrocarburos al negociar con una empresa privada. El principal responsable de esta transacción es el presidente de la estatal petrolera Jorge Alvarado. Morales informó que ya tiene su propio análisis y evaluación respecto al caso, pero anunció que esperará los informes que deben elaborar autoridades competentes.
A fines del mes pasado la Superintendencia de Hidrocarburos frenó una presunta venta irregular de petróleo al Brasil argumentando que la transacción perjudicaba al Estado y violaba uno de los principios de la Ley de Hidrocarburos al quitar a Yacimientos su titularidad como única empresa responsable de la exportación y comercialización de hidrocarburos.
La Superintendencia observa que YPFB intentó vender 2000 barriles de crudo a precio preferencial para que sea refinado en Brasil y así obtener diesel, también a precio rebajado, para abastecer a las poblaciones del norte del país. El ente regulador critica a YPFB por enviar crudo al exterior cuando las refinerías nacionales tienen capacidad para procesar una parte de los 2000 barriles. También cuestiona el hecho de que se venda petróleo para recibir diesel sin tomar en cuenta que del crudo se obtienen otros derivados valiosos que no beneficiarán a la estatal petrolera ni al Estado.
Alvarado insiste en que no hubo ninguna irregularidad y asegura que el contrato le ahorraría al país al menos cuatro millones de dólares.
Por instrucción del gobierno la transacción es investigada por la Fiscalía de La Paz, la Contraloría General de la República y por una unidad especial del Ministerio de Hidrocarburos.
En las últimas horas se conoció de un retraso en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía. Para este martes estaba programada la recepción de declaraciones del director jurídico de la Superintendecia de Hidrocarburos Ramiro Ergueta y del Jefe de la Unidad de Compensación de esta misma entidad Milton José, pero éstos no se presentaron. Genaro Quenta, el fiscal que investiga el caso, emitió una segunda citación.
«Hemos pedido que (se emita) lo antes posible el informe correspondiente, pero también con transparencia, con mucha responsabilidad; tengo información de que se estaba pidiendo un equipo técnico para evaluar estos contratos», informó Morales. El Presidente prometió que respetará el resultado final de las investigaciones.