El presidente de México, Felipe Calderón, colocó a los militares en la primera línea de su gestión, una estrategia inédita en la historia moderna del país que levanta críticas de organizaciones de derechos humanos e inquieta a analistas y juristas. Las Fuerzas Armadas, que según diversas encuestas es la institución más respetada por los mexicanos […]
El presidente de México, Felipe Calderón, colocó a los militares en la primera línea de su gestión, una estrategia inédita en la historia moderna del país que levanta críticas de organizaciones de derechos humanos e inquieta a analistas y juristas.
Las Fuerzas Armadas, que según diversas encuestas es la institución más respetada por los mexicanos consultados después de la familia, son desde la asunción en diciembre del gobierno de Calderón protagonistas del combate al narcotráfico. Una tarea que, aunque vienen realizando desde los años 90, nunca fue tan amplia y publicitada como ahora.
A partir del primer minuto de su gestión, Calderón se hizo acompañar de militares, habló a su favor en eventos castrenses donde tradicionalmente el Poder Ejecutivo no ofrecía discursos y ordenó aumentar el sueldo de la tropa en un promedio de 19 por ciento.
Además, transfirió a 10.000 soldados y marinos a la Policía Federal Preventiva y escuchó loas poco usuales de parte del secretario (ministro) de Defensa, general Guillermo Galván. Este funcionario declaró que la legitimidad de Calderón, cuestionada por la oposición izquierdista, «permanece cimentada en la aprobación popular» y en el fallo «contundente» de las instituciones.
El presidente «se ha tomado de la mano de los militares pues necesita elevar su legitimidad, incrementar su fuerza negociadora frente a la oposición y controlar hasta donde se pueda la mafia del narcotráfico y la delincuencia en general, que están desatadas», dijo a IPS Guillermo Garduño, experto en temas de seguridad y militares de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Sin embargo, «no veo hasta ahora un peligro real de militarizar a las instituciones civiles o sujetarlas a la influencia castrense», aclaró Garduño.
Pero algunos grupos humanitarios sí encuentran tal riesgo. «Hay evidencia de que Calderón está dando demasiado poder a los militares y hay riesgo de que someta su gobierno a ese poder», señaló a IPS Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Fuerzas Armadas locales, que a diferencia de sus pares de América Latina nunca protagonizaron un golpe de Estado, están volcadas al combate contra el llamado «crimen organizado», campo donde integran los mandos operativos junto a autoridades civiles.
Unos 20.000 de los 200.000 miembros de la institución castrense mexicana fueron desplegados en varios estados para realizar tareas contra bandas del narcotráfico, que no obstante siguen desplegando acciones de extrema violencia. Unas 630 personas han sido ejecutadas por esos grupos en lo que va del año.
La presencia de los militares en tareas policiales inquieta a juristas, quienes recuerdan que según la Constitución, «en tiempos de paz (cuando no hay declaratoria de guerra), ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar».
«A nadie parece importarle que se infrinja de modo flagrante la estricta disposición constitucional» en aras de la lucha contra el narcotráfico, sostuvo Miguel Granados en su columna del diario local Reforma.
Según este experto en asuntos jurídicos, el presidente ha manifestado con total claridad una «propensión y necesidad de cobijarse en las instituciones castrenses para gobernar».
En el pasado, aunque las Fuerzas Armadas expresaban su respaldo al presidente de turno, en general permanecían detrás de bastidores en lo relativo a la vida pública. Pero eso parece estar cambiando.
El general Rodolfo Carrillo, director de Sanidad Militar de la secretaría de Defensa, participó el 24 de marzo con uniforme y acompañado de un pelotón en una reunión del grupo antiabortista Pro Vida, donde se analizaron los proyectos que sobre la legalización del aborto se discuten en el Congreso legislativo nacional y en el parlamento de la ciudad de México.
A esa cita acudieron delegados de organizaciones conservadoras y el cardenal colombiano, Alfonso López, presidente del Pontificio Consejo para la Familia del Vaticano.
Que el general Carrillo haya ido a esa reunión «fue una estupidez mayúscula», dijo el experto de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Granados opina que esa presencia «se convirtió en un mensaje de cercanía y aun de solidaridad» con las posiciones antiabortistas de la Iglesia Católica, que son las mismas que ha expresado Calderón.
Otro hecho último que preocupa a los grupos humanitarios es la descalificación que hizo el gobierno, la estatal Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los jefes militares, de los testimonios y pruebas que indicarían que soldados violaron a una anciana indígena en una alejada zona rural el 25 de febrero.
«Nos parece que se quiere dejar todo en la impunidad, lo que es inaceptable. Lamentamos sobremanera que el gobierno esté dando tantas muestras de sometimiento al poder militar», indicó Ramírez.
Familiares de Ernestina Ascencio, quien murió luego de la presunta violación, indicaron que antes de expirar ésta afirmó que varios militares la habían atacado.
Sus dichos fueron respaldados en un primer momento por fiscales que, tras examinar el cadáver, aseguraron que había sufrido una agresión sexual que le desgarró la vagina y el ano y que mostraba además fractura de cráneo y cadera.
Pero todo eso fue negado y las Fuerzas Armadas señalaron, a través de un comunicado, que «grupos desafectos a este instituto armado en reiteradas ocasiones han puesto en tela de juicio las acciones que realiza en beneficio de la sociedad mexicana y en este caso en particular delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen».
Ascencio, de 73 años, nunca fue violada y murió por un cuadro de desnutrición y perforación intestinal, sostuvo, empero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Xavier Olea, uno de los fundadores a fines de los años 80 del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), opina que Calderón ha usado a las Fuerzas Armadas para «impactar a la opinión pública y ganarse su aprobación», luego de su cuestionado triunfo en las elecciones presidenciales del 2 de julio.
En esos comicios, el actual mandatario sacó en votos apenas medio punto porcentual de ventaja al candidato del PRD, Andrés López Obrador, quien denunció un fraude, aunque los jueces no avalaron tal señalamiento.