La población en el Estado de Morelos está viviendo en medio de una grave crisis de inseguridad y violencia que sobresale de entre situaciones similares que se viven en todo México. La situación en Morelos pone al desnudo la vinculación entre las instituciones del Estado y la industria criminal que lleva a su extremo la […]
La población en el Estado de Morelos está viviendo en medio de una grave crisis de inseguridad y violencia que sobresale de entre situaciones similares que se viven en todo México. La situación en Morelos pone al desnudo la vinculación entre las instituciones del Estado y la industria criminal que lleva a su extremo la descomposición capitalista en el aspecto fenoménico de la barbarie. La barbarie capitalista de la violencia ligada a los negocios de la droga, ocurre simultáneamente con la agudización de la desigualdad social y la privación de derechos humanos de la mayoría, mientras crece el fortalecimiento del aparato represivo del Estado para impedir que las protestas sociales se transformen en luchas antineoliberales, por derechos humanos plenos para todas y todos y en última instancia anticapitalistas..
El asesinato de Gisela Mota, presidenta municipal de Temixco, es el caso reciente que ha impactado social y políticamente, en un estado donde existen precedentes importantes, impunes y sin solución como la desaparición de nuestro camarada José Ramón García Gómez en 1988, la masacre de indígenas en Xoxocotla en 1989, los crímenes que detonaron el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2010, la desaparición de Jehtro Ramsés Sánchez Santana o el feminicidio de Doña Petra Benítez Barrios junto a su hijo y su nieto, que forma parte de los 633 feminicidios documentados por la CIDHM del año 2000 al 2015 para fundamentar la solicitud de Alerta de Violencia de Género, así como la desaparición y asesinato del activista Gustavo Delgado Salgado.
Los niveles de violencia criminal e institucional se han mantenido en una espiral creciente. Las causas son estructurales y propias del sistema capitalista en crisis que, sin embargo, tratan de ocultar para utilizar políticamente pero no para resolver realmente. La violencia institucional diseñada para impedir que la protesta social crezca, se extiende como un cáncer que va infestando todo el cuerpo social y termina afectando gravemente la vida y la libertad de la mayoría de la sociedad.
Si la desaparición forzada de nuestro camarada José Ramón nos permitió identificar con claridad a sus autores materiales y lograr que fueran llevados a la cárcel, demostrando que fue el propio Estado a través de un grupo de policías creado para perseguir militantes revolucionarios y luchadores sociales, no se logró esclarecer definitivamente su paradero y establecer la verdad histórica que el gobierno se empeña en ocultar. Un dato no menor es que José Ramón fue candidato a la Presidencia Municipal de Cuautla en 1988, por lo que los atentados de índole política tienen antecedentes que no hay que olvidar para analizar la situación actual. El caso de Jehtro Ramsés a su vez mostró que la biopolitica de la desaparición forzada se había extendido a cualquier persona sin que necesariamente llevara a cabo acciones de lucha o de protesta social. Hoy existen 93 casos de desaparición en dos años en Morelos y sobre todo mujeres jóvenes.
El feminicidio de Doña Petra ocurrió igualmente contra una abuela que se transformó en activista en la defensa de los derechos del pueblo luego de la masacre de Aguas Blancas y de la persecución que sufrió su familia campesina a manos del Estado y policías privados hasta arrancarle la vida. Este ejemplo paradigmático forma parte de la larga lista de impunidad en que permanecen la mayoría de los feminicidios en Morelos durante más de 15 años. En menos de un mes se han presentado ya 5 feminicidios en enero de 2016.
La desaparición y asesinato de Gustavo Salgado Delgado, militante del FPR, ha sido la muestra de la violencia contra un activista social que se extiende cada vez más bajo un gobierno perredista que no se distingue de sus antecesores de otros partidos, sin que se esclarezca la verdad ni se logre la justicia que son elementos fundamentales para que esta clase de hechos no se repitan.
Pésimos antecedentes de una justicia al mejor postor que tienen un sesgado carácter de clase, donde únicamente se detiene a quienes atentan contra la vida de los poderosos económica y políticamente, sin que se haga justicia a la mayoría de víctimas pobres, desamparados, desconocidos, sin nombre y sin rostro, que se llegan a excluir inclusive de las estadísticas oficiales.
No es mera coincidencia que los niveles de criminalidad hayan crecido a la par de las políticas neoliberales. El Estado se transforma acorde con las necesidades económicas y políticas de los grupos de poder capitalistas hegemónicos o dominantes a escala planetaria. Abandona las políticas de bienestar social , al juzgar como empresas privadas servicios sociales y fortalece el aparato represivo policiaco y militar. En Morelos en su momento el gobierno panista de Marco Adame y ahora el perredista de Graco Ramírez, aplicaron la política de guerra contra las drogas diseñada por Calderón, encubriendo el objetivo real de la lucha entre diversos grupos por el control monopólico de las ganancias del negocio del narcotráfico. La militarización de la seguridad pública es consecuencia de los afanes de elevar los niveles de ganancia de las industrias criminales. Los circuitos financieros donde se lava el dinero proveniente de toda clase de negocios ilícitos, se aceitan con la sangre del pueblo que padece los estragos de una guerra, oculta primero, y luego abierta. La producción, trasiego y consumo de drogas y toda clase de estupefacientes, crece al amparo de ésta supuesta guerra, donde en lugar de disminuir el narcotráfico se instala en prácticamente todo el cuerpo social. El involucramiento de policías y militares con la delincuencia no es meramente circunstancial. Es producto de los altos intereses económicos en juego. No hay delincuencia organizada sin complicidad y anuencia del Estado. La impunidad es generalizada porque las estructuras de poder están imbricadas con la corrupción y sus efectos corrosivos.
El gobierno priista fue el que estableció acuerdos políticos estratégicos con el gobierno norteamericano para ser una plataforma de producción de drogas desde los años de la guerra de Corea, y lo sigue siendo para abastecer el mercado más grande del mundo que se ubica precisamente entre la población norteamericana. El mercado mundial del narcotráfico genera ganancias de más de 500 mil millones de dólares anualmente y de ellos se quedan en las entrañas del imperialismo más del 80% dejando el resto para los países productores. El número de víctimas mortales es inversamente proporcional al destino de las ganancias. En esta historia son los pueblos pobres los que siguen siendo explotados por el poder del capital. Las cárceles en los propios Estados Unidos están llenas de afodescendientes, migrantes latinos, pobres y desempleados. Del mismo modo, las cárceles en México crece la población juvenil y de acusados de estar ligados a delitos por trasiego de estupefacientes. El negocio de las drogas no se detiene en remendar las heridas humanas.
Actualmente el gobierno perredista de Morelos está embarcado en justificar su estrategia policiaca y militarista de fortalecimiento del Mando Único, sin modificar un ápice las políticas dominantes que criminalizan a los jóvenes y a los consumidores de estupefacientes, lanzando todo el poder de fuego contra supuestos o reales integrantes de bandas de crimen organizado que hoy son identificados de una manera y mañana crecen y se multiplican porque se mantiene la impunidad y el motivo principal de su surgimiento, que es la obtención de la mayor ganancia en el menor tiempo posible, divisa del capital neoliberal y mafioso. Estado criminal. Estado mafioso. Narcoestado. Estado policíaco. Todas estas denominaciones no alcanzan a identificar plenamente la enorme descomposición institucional en aras de mantener el poder en unas cuantas manos. El asesinato de la Presidenta Municipal de Temixco se utiliza para imponer el Mando Único en todo Morelos pero también el gobierno de Peña Nieto lo utiliza, así como la colaboración de Graco Ramírez para justificar e imponer el mando único en todos los estados de la República.
La alternativa a la violencia criminal e institucional no es el Mando Único que se ubica en la misma lógica de militarización de la sociedad y que incrementa violencia contra la sociedad.
Vivimos en un estado de guerra donde el pueblo sufre las consecuencias. Es una expresión de la barbarie. Descomposición del tejido social que implica romper las relaciones de solidaridad por el sálvese quien pueda del individualismo egoísta.
La lucha por los derechos humanos forma parte sustancial de la lucha por una sociedad socialista, con justicia social, sin clases que opriman y exploten unas a otras y sin discriminación ni violencia. Derechos y libertades democráticas que han sido producto de las luchas históricas de los pueblos y no concesión gratuita de las clases dominantes. Derechos que son violados sistemáticamente bajo el capitalismo. Derechos que son irrenunciables desde ahora y que son imprescindibles para la vida, la libertad, la dignidad. La lucha por hacer vigentes los derechos humanos forma parte de la lucha de la izquierda socialista en nuestro país. Desde los años 70s la formación de los comités contra la represión, por la libertad de las y los presos políticos, por la presentación de los desaparecidos, ha sido impulsada por familiares como las doñas del Comité Eureka y apoyadas por el PRT y múltiples organizaciones políticas de izquierda, sociales y sindicales. Un amplio movimiento independiente, no gubernamental, de organizaciones de derechos humanos, se fortaleció sobre todo durante los años 80s a la fecha. Una cultura de respeto a los derechos humanos ha permeado en amplias capas sociales que resienten y resisten ante las consecuencias de la ofensiva privatizadora, represiva y neoliberal del capitalismo dominante.
La crisis del sistema de dominación, expresada con mayor claridad desde las multitudinarias protestas contra el gobierno de Peña Nieto, a raíz sobre todo, de la tragedia de Iguala con los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, ha crecido con ondas expansivas en todo el país. Morelos no es la excepción. A la estrategia militarista de la seguridad pública se han sumado todos los partidos con representación institucional. El gobierno de Graco Ramírez en Morelos se asume como el promotor principal de la estrategia de centralización de la policía con un Mando Único, bajo una perspectiva militarista y autoritaria, represiva, que no garantiza seguridad humana y ciudadana. La impunidad generalizada no puede ser eliminada mediante el uso de la fuerza letal, sino con la aplicación de la justicia que éstos gobiernos son incapaces de garantizar por la corrupción generalizada en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.
Desnudar las violencias y los beneficiarios del sistema es luchar por el respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos. Recuperar la capacidad humana de indignarse frente a cualquier dolor que sufren las víctimas a manos de criminales y perpetradores. Exigir justicia y verdad frente al Estado no significa confiar en las instituciones, sino en la capacidad de organización autónoma para conseguirlo.
Por eso es necesario sacar las lecciones de enormes movimientos que han impactado socialmente en nuestro país, para no olvidar que si es el Estado el responsable, por acción u omisión, de éstos crímenes, se requiere una estrategia de lucha unitaria que coloque en el centro una perspectiva de derechos humanos sin concesión alguna a quienes usan y abusan del poder. Y si el Estado es responsable de estos crímenes y la violencia institucional es una política de Estado, la lucha por el respeto a los derechos humanos es también una lucha política. Una lucha contra el poder oligárquico neoliberal y sus partidos. Ninguna confianza en que los gobiernos emanados del PRD puedan encabezar una lucha contra sus aliados de otros partidos como el PRI o el PAN, incluyendo a los otros que comparten la responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. No olvidamos que en Iguala y en el Gobierno de Guerrero fue el PRD el partido que tenía el poder al momento de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. No es casual que en medio de la crisis en Temixco, las distintas facciones del PRD se acusen mutuamente de estar tras el feminicidio de Gisela Mota y aprovechen para instalar el Mando Único por decreto en 15 municipios, incluyendo Temixco y Cuernavaca, en medio de ataques y descalificaciones con el gobierno de Cuauhtemoc Blanco, para que se acepte esta estrategia severamente cuestionada desde la defensa de los derechos humanos.
Por eso se requiere fortalecer la denuncia nacional e internacional de éstos crímenes, y exigir justicia en los casos como el de Gisela Mota y el de Doña Petra Benitez Barrios y los cientos de feminicidios, exigir que todas las medidas de la Alerta de Violencia de Género sean aplicadas sin simulaciones para detener y erradicar el feminicidio, por conseguir que se desmilitarice la seguridad pública y los militares regresen a sus cuarteles, que haya esclarecimiento de todos los casos de miles de desaparecidos, desde José Ramón hasta la fecha y que los 43 regresen a casa. Justicia y verdad para Gustavo Salgado Delgado y los decenas de jóvenes que han sido asesinados, como los 29 casos que se han acumulado en menos de un mes en enero de 2016, en medio del mayor operativo policiaco y militar sin que se detenga esta ola de violencia en Morelos.
Con nuestro respaldo a la lucha de organizaciones como la Comisión Independiente de Derechos Humanos, a defensoras y defensores, a periodistas y a pueblos que luchan de manera autónoma en Morelos, exigimos respeto a su labor y actividades que llevan a cabo.
Nuestro compromiso militante en esta lucha lo debemos asumir cotidianamente en donde quiera que nos encontremos. Fortalezcamos las movilizaciones nacionales e internacionales por los 43 de Ayotzinapa y por la Alerta de Violencia de Género en todo el país. Esta será una forma de respaldo a la lucha en Morelos por lograr que haya seguridad humana y ciudadana sin militarización ni mando único, con pleno respeto a los derechos humanos.
Por un Gobierno Obrero y Campesino.
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) – Comité Político, Ciudad de México, enero de 2016
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