El martes 12 de enero de 2010, el ministro de defensa del Estado Plurinacional boliviano, Walker San Miguel, presentó el proyecto de creación de una Dirección de Inteligencia del Estado Plurinacional (DIDEP), que no sólo centralizaría las labores enunciadas en el nombre del futuro despacho, sino que «incorpora el concepto de un trabajo estratégico […]
El martes 12 de enero de 2010, el ministro de defensa del Estado Plurinacional boliviano, Walker San Miguel, presentó el proyecto de creación de una Dirección de Inteligencia del Estado Plurinacional (DIDEP), que no sólo centralizaría las labores enunciadas en el nombre del futuro despacho, sino que «incorpora el concepto de un trabajo estratégico para asesorar al presidente Evo Morales en la toma de decisiones», según la noticia aparecida en el matutino La Prensa, el 15 de enero.
En el mismo periódico, se informa que «además del trabajo especializado realizado tradicionalmente por militares y policías, la DIDEP contará con el aporte de cinco ministerios para la llamada «inteligencia estratégica», que se nutrirá con la información ofrecida por los despachos de Relaciones Exteriores, Economía, Autonomía, Planificación del Desarrollo y el de Lucha Contra la Corrupción». La Dirección analizará los componentes geográfico, económico, político, psicosocial, científico tecnológico, transportes y telecomunicaciones para la toma de decisiones estratégicas.
Finalmente, La Prensa agrega que «El ministro de Defensa, Walker San Miguel, explicó que con la inteligencia estratégica se establecerá, por ejemplo, si en una determinada región es factible ejecutar proyectos petroleros o si es adecuado firmar convenios con las empresas contratistas para evitar pérdidas económicas al Estado». Ante esta declaración, uno no puede dejar de referirse al conflicto por la exploración petrolera desatado desde el año pasado por el propio gobierno y que lo enfrenta con comunidades indígenas en la región de Alto Beni, al Norte del Departamento de La Paz. Es más, si bien San Miguel no aludió al problema, no es difícil imaginar que la parafernalia de inteligencia a crearse y esa aplicación práctica en la toma de decisiones estatales, no responde de manera directa al referido conflicto, dadas sus lamentables implicancias y sus más lamentables consecuencias de seguir siendo ejecutado como lo fue hasta ahora, conducido por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía y ejecutado por las empresas Petroandina y Geokinetics, estatal boliviana-venezolana y trasnacional norteamericana, respectivamente.
Esto lo dijimos mil veces a lo largo del ya acabado 2009: el tema de la exploración y la explotación petrolera en la Amazonía debía y debe ser analizado con mucha calma y con mucho conocimiento en la materia, y debía y debe ser debatido a fondo con las comunidades locales que son y serán los directos afectados de una actividad que todos sabemos o deberíamos saber los impactos negativos y los estragos ambientales y sociales que causa.
El fervor petrolero del gobierno nunca se detuvo a escucharnos y, al margen de las acusaciones sin sentido que recibimos, queremos creer que este nuevo sistema de inteligencia estratégica presentado por San Miguel servirá para que ese análisis y ese debate reclamado hasta el cansancio, pueden encontrar un escenario de desenvolvimiento y un ámbito de expresión.
Yendo al meollo de la cuestión, ese análisis y ese debate debería evaluar y considerar que a la verificación/ cuantificación y estudio de las supuestas reservas petroleras en el Norte del Departamento de La Paz, ya realizadas por Geokinetics y de continuar éstas por decisión gubernamental, debería empezar ya y acompañarlo un proceso de verificación/cuantificación y centralización de los estudios e información de la biodiversidad existente (especialmente referido al potencial ecoturístico, forestal y agroecológico) para su aprovechamiento sostenible en las mismas regiones.
La antedicha sería una versión soberana y digna, una versión ajustada a las necesidades reales de la gente, del ecosistema y del país, de ese «caminar con dos pies» que explicó el vicepresidente García Linera en una entrevista aparecida en Le Monde Diplomatique en agosto del año pasado.
Partiendo del principio de reconocer que Bolivia tiene que ejercer su derecho soberano a saber con qué cantidad y calidad de recursos naturales renovables y no renovables cuenta, se plantea no leer de manera unilateral, impositiva y en una sola dirección la problemática del desarrollo y la generación de ingresos para el Estado y la población. Más si trata del ámbito de un gobierno que ha hecho de la defensa de los Derechos de la Madre Tierra y de los Derechos de los Pueblos Indígenas, una bandera que brilla en el escenario mundial. Nos preguntamos por ello, si éste gobierno no reivindica el derecho de los indígenas a su propio modo de producción y a su propio modo de generar ingresos; si no se reivindica y se intenta el fortalecimiento de una vía económica alternativa al capitalismo depredador para espacios tan sensibles como el amazónico donde la preservación de la naturaleza es prioridad; si no se busca generar toma de conciencia y compromiso con relación a estos temas tan críticos, ¿quién lo hará? Suponemos que la DIDEP tomará en cuenta estas visiones.
El gobierno declaró que el 23 de enero próximo, hará anuncios sobre los resultados de los trabajos sísmicos que efectuaron los yanquis de la Geokinetics. Aquí, desde el vamos, se plantea la efectividad o no de la llamada «inteligencia estratégica» del Estado y del gobierno.
Si las supuestas reservas petroleras estudiadas no fueran relevantes, el gobierno sería deseable redoble los esfuerzos para apoyar la protección de la biodiversidad y su aprovechamiento sostenible por parte de las comunidades indígenas y campesinas agroecológicas, como la vía de desarrollo ineludible para el Norte del Departamento de La Paz.
Es decir, si no hay petróleo, el gobierno no debería olvidarse del Norte Amazónico paceño, levantar los campamentos y retirarse de una de las regiones más postergadas y olvidadas del país.
Si no hay petróleo, debería empeñarse en la otra vía de promoción económica, y elaborar e implementar un plan estratégico para ello, poniendo en el centro de sus objetivos, insistimos, el fortalecimiento de las comunidades indígenas originarias.
Los hermanos Mosetenes se merecen algo más que las promesas de aulas y sedes sociales hechas por los funcionarios de Petroandina y que ni siquiera han cumplido. Los hermanos Mosetenes, como el pueblo Chimán, los Lecos de Apolo y de Larecaja, los Josesanos, los Tacana, la comunidad Ese Ejja de Eyiyoquibo, y todos los que son o serían afectados de proseguir la actividad petrolera, se merecen, ante todo, respeto y dignidad. Un plan integral que considero eso como lo prioritario será la única manera efectiva de mejorar sus condiciones de existencia y su supervivencia como pueblos.
Si hubiese petróleo, la DIPEP podría también probar su accionar verdaderamente estratégico y proponer al gobierno iniciar negociaciones internacionales en el marco de la Iniciativa Yasuní-ITT presentada en la ONU por el Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, para dejar el crudo bajo tierra a cambio de apoyo financiero a las visiones y acciones en torno a un desarrollo no destructivo. Esta propuesta ya fue llamada a debate por el propio Presidente Evo Morales. Si este punto generase controversia, se podría llevar a cabo un referéndum departamental para dirimirlo.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.