Mientras trabajaba esta mañana junto sus vecinos en el mejorado del tendido eléctrico frente a su propio domicilio, en el Barrio La Fe, Leonardo Santillán intentó ser detenido sin motivos ni orden judicial por integrantes de la policía bonaerense que se desplazaban en el patrullero número 8160, patente EKB-536, perteneciente a la comisaría 6º de […]
Mientras trabajaba esta mañana junto sus vecinos en el mejorado del tendido eléctrico frente a su propio domicilio, en el Barrio La Fe, Leonardo Santillán intentó ser detenido sin motivos ni orden judicial por integrantes de la policía bonaerense que se desplazaban en el patrullero número 8160, patente EKB-536, perteneciente a la comisaría 6º de Monte Chingolo, Lanús. Ante la reacción vecinal, el agente que después fue identificado como Máximo Ponce, lo amenazó de muerte en presencia de testigos que ya radicaron la denuncia. Según declaró Marcelo, vecino de Leonardo y uno de los testigos, el policía dijo antes de retirarse atropellando a quienes se habían acercado: «cuando estés solo te vamos a hacer cagar», señalando a Santillán.
El intento de detención ilegal y la amenaza se producen dos días después de haberse conmemorado el tercer aniversario de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y en un momento de mayor exposición pública de Leonardo, ya que en los últimos días dio entrevistas televisivas y radiales en reemplazo de su padre Alberto, quien habitualmente lo hace pero que actualmente se encuentra indispuesto por una afección renal. Otros elementos agravan la situación: Leonardo está citado como testigo el próximo 17 de julio en el juicio en el que son juzgados ocho policías por el asesinato de su hermano y de Maximiliano Kosteki. En su declaración deberá hablar de los uniformados que vio entrar a la estación de trenes de Avellaneda minutos antes de haber sido asesinado Darío, ya que él también estuvo allí. Por otra parte, el pasado 8 de junio Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, había denunciado ante el ministro de Seguridad provincial León Arslanián las amenazas hacia su persona que viene recibiendo desde hace un año, y que recrudecieron con el inicio del juicio.
La particularidad de este caso es que los vecinos pudieron identificar al policía y radicaron la denuncia. Acompañados por integrantes del MTD de Lanús (donde militaba Darío Santillán) y la Asociación Madres de Plaza de Mayo (con quien el MTD desarrolla emprendimientos productivos en la zona), Leonardo y los vecinos que presenciaron el intento de detención se dirigieron a la comisaría 6º de Lanús, a exigir la identificación del agente policial. El teniente Ignacio Valenzuela, a cargo de la dependencia en ausencia del comisario, informó que el agente que los vecinos volvieron a identificar en la misma seccional es el oficial Máximo Ponce, legajo personal nº 144.857. En ese mismo instante Santillán y los testigos radicaron la denuncia, que fue elevada con posterioridad a la UFI nº 9 de Lomas de Zamora.
En la denuncia penal, a la que tuvo acceso Prensa De Frente, Santillán relató que se «encontraba trabajando en la puerta de su domicilio, poniendo una llave térmica, emprolijando así la instalación domiciliaria»; que ante el requerimiento policial se identifica; que «los policías le obligan al denunciante como así a sus amigos a colocarse contra el móvil policial (…); que ante ello el deponente juntamente con los otros amigos le refieren `nosotros no estamos haciendo nada, sólo estamos trabajando`» .Entonces «la policía intenta meterlo dentro del móvil policial, aglomerándose un montón de personas». Entre los vecinos que presenciaron las posteriores amenazas y se presentaron como testigos se encontraba Pablo Solana, referente del MTD, quien también acompañó la denuncia dejando constancia que tras el intento de detención «mantuvo un diálogo personal con el policía Ponce» para apaciguar la situación, ante lo que éste aceleró (el patrullero) y amenazó: «a aquel, cuando lo agarre solo lo voy a hacer cagar», esto referido al denunciante (Santillán)». Los testigos explicaron que, en el léxico barrial, «hacer cagar» refiere claramente a una amenaza de muerte.
Antecedentes de violencia, secuestros y amenazas a testigos de los hechos en Avellaneda y a movilizaciones populares en Lanús:
El ex comisario Felix Osvaldo Vega, jefe de Fanchiotti, está procesado por encubrimiento en la causa que investiga los asesinatos de Darío y Maximiliano, ya que el fiscal entiende que entorpeció la investigación después de cometidos los crímenes. Su nombre aparece cuando se busca establecer alguna vinculación entre los hechos del 26 de junio y la violencia político-policial en la zona sur del conurbano. Hombre del duhaldismo en la policía bonaerense y vecino de Lanús, Vega estaba a cargo de la Departamental Lomas de Zamora el 26 de junio de 2002 por pedido de Quindimil, quien lo apadrinó a lo largo de toda su carrera policial. También había estrechado relación con el vicejefe de la SIDE Oscar Rodríguez, en su paso como comisario en la zona de Guernica cuando Rodríguez era intendente. Dos meses después de haber sido destituido a causa de la Masacre de Avellaneda, Vega le pidió al intendente Quindimil que intercediera para que pudiese recuperar un cargo de importancia en la función pública. De la conversación surgió la posibilidad de que el ex comisario ocupase la Dirección de Vigilancia de la Municipalidad de Lanús, es decir, la estructura de seguridad propia del municipio, paralela a las fuerzas policiales. Lo conversado en esa reunión fue reflejado por el periódico zonal La Defensa en su edición del 4 de septiembre de 2002: «Son contadas las horas de Carlos Avido a cargo de la Dirección de Vigilancia. En su lugar iría el recientemente destituido jefe departamental, Osvaldo Vega, el comisario preferido por Quindimil». El escándalo después de esta publicación impidió que el presidente del Partido Justicialista de la provincia pudiera nombrar a su protegido en un cargo político bajo su órbita. Los aprietes a testigos, amenazas y balaceras en el distrito, en cambio siguieron.
El pasado 9 de junio, otro agente, en este caso del Servicio Penitenciario, fue condenado a 5 años y seis meses por balear una movilización frente al municipio de Lanús, en abril de 2002. En el fallo, el tribunal estableció que el agente Cabrera había efectuado «al menos tres disparos» ante «centenares de personas que manifestaban por el cobro adeudado de planes sociales por parte del Estado» hiriendo gravemente al manifestante Juan Arredondo, según fundamentó el presidente del tribunal oral nº 5 de Lomas de Zamora, Dr. Pedro Raúl Pianta. Además del fusilamiento de Darío y el balazo que recibió Juan Arredondo frente a la municipalidad de Quindimil, distintos hechos de violencia policial o parapolicial se repitieron en el distrito en torno a la causa por los asesinatos de Kosteki y Santillán. Otro vecino baleado fue Luis Barrios, de la Coordinadora de Unidad Barrial. Era el miércoles 3 de julio de 2002 y bajo la lluvia se preparaba en Avellaneda la movilización de repudio por los crímenes del 26 de junio. Luis iba al volante de su camioneta, preparado para salir del Centro Popular de Remedios de Escalada. Una persona se acercó abruptamente y disparó al interior de la camioneta, contra él. El mismo miércoles 3, dos horas después de que en Remedios de Escalada el silenciador evitó que se escuchara el ruido del disparo, en la parroquia San Juan Tadeo, en Lanús Centro, se escuchó el sonido del teléfono: «Si dicen la misa son boleta. Los hacemos mierda. Los vamos a matar», fue el mensaje que dejaron para el sacerdote. A una semana de los fusilamientos de Avellaneda y justo el día en que Maxi hubiera cumplido 23 años, sus compañeros de colegio habían pedido una misa en su memoria. El sacerdote se asustó y prefirió suspender el oficio religioso. Dos días antes, justo frente a la estación de trenes de Lanús, otro mensaje llegaba por vía telefónica, esta vez en el estudio del abogado de las víctimas, Claudio Pandolfi: «Te vamos a matar como a un perro, como a Santillán», le dejaron grabado en el contestador. Cuatro meses después balearon el frente del estudio jurídico del doctor Smietniasky, donde trabaja Cherco, socio de Pandolfi. «Para que se dejen de joder con los amigos de Lomas», dijeron esa vez.
En el mismo Barrio La Fe donde vive Leonardo y ahora fue amenazado, otros testigos, compañeros de Darío Santillán, ya habían sido intimidados: «En lo que ya aparece como un patrón de seguimientos, llamadas y aprietes, dos hombres armados rompieron la casa de un piquetero en el barrio La Fe» relató el 2 de setiembre de 2002 el diario Página 12. En el mismo artículo, la periodista Laura Vales describe: «En el barrio La Fe, también otros piqueteros han sido amenazados. Carlos Leiva, quien aportó datos sobre la represión en la causa judicial, denunció que fue seguido por un Siena gris sin patente el día anterior a que debiera declarar en la fiscalía. Otras dos militantes de la Verón, que todavía no han decidido presentar la denuncia a la Justicia, refirieron que fueron amenazadas desde automóviles sin chapa cuando salían de La Fe. A una de ellas le tiraron el vehículo encima. Las amenazas contra desocupados y testigos ocasionales comenzaron el día después de las muertes de Santillán y Kosteki, cuando los comerciantes de la estación Avellaneda fueron visitados por personas de civil que les advirtieron sobre el peligro de declarar. «Vos no viste nada porque tenías los ojos irritados por los gases», le dijeron a una de las empleadas del lugar. El sábado 29 de junio, Sergio Kowalewsky, fotógrafo que captó imágenes del asesinato en la estación, recibió una intimidación en su teléfono particular.»
Todas las novedades del Jiucio por la Masacre de Avellaneda, en el Diario Del Juicio