El gobierno boliviano amenazó hoy con expulsar del país a una parte de la cooperación norteamericana que financia fundaciones y grupos de influencia que conspiran contra el proceso de cambio que se vive en Bolivia. «Si la ayuda norteamericana no se ajusta a las políticas de Estado, tiene las puertas abiertas. No permitiremos un solo […]
El gobierno boliviano amenazó hoy con expulsar del país a una parte de la cooperación norteamericana que financia fundaciones y grupos de influencia que conspiran contra el proceso de cambio que se vive en Bolivia. «Si la ayuda norteamericana no se ajusta a las políticas de Estado, tiene las puertas abiertas. No permitiremos un solo día más que esta cooperación empañe nuestra democracia, conspire contra el derecho a la libertad de nuestro pueblo y ofenda nuestra dignidad nacional», advirtió el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
El ministro Quintana manifestó que el Ejecutivo no seguirá permitiendo la intromisión ni formas de cooperación poco transparentes y discrecionales que acosan al proyecto boliviano. La autoridad aclaró que este no es un rompimiento de las relaciones con Estados Unidos sino solo una explicación de los recientes comentarios que hicieran el Presidente y el Vicepresidente de la República con respecto a la ayuda poco transparente que llega de Estados Unidos.
Quinta informó cómo opera y con quiénes trabaja la cooperación de Estados Unidos. Según la autoridad, este trabajo es «unilateral».
La ayuda de USAID tiene dos componentes: La cooperación bilateral oficial, en la que el Estado participa de alguna manera en la identificación de áreas de trabajo, pero no en la administración de recursos (la responsabilidad es las agencias norteamericanas, gran parte de las instituciones no gubernamentales trabajan subordinadas a la administración de las ONG norteamericanas), y la cooperación unilateral extraoficial, que se ejecuta sin contraparte ni controles del Estado. USAID utiliza este último tipo de recursos de manera discrecional, a imagen y semejanza de los intereses de Estados Unidos.??La ayuda bilateral oficial representa el 30 por ciento del total de la cooperación norteamericana, mientras que la ayuda unilateral significa el 70 por ciento. En términos económicos, el monto total de cooperación para 2007 es de 120 millones de dólares, lo que quiere decir que 40 millones de dólares están circunscritos a la ayuda bilateral y 81 millones a la cooperación unilateral. Este último tipo de cooperación se ejecuta sin consultar con el gobierno y sin que las autoridades conozcan los programas, los proyectos y los destinatarios finales.
Lo curioso es que gran parte de la cooperación estadounidense retorna a Estados Unidos y una mínima parte se queda en Bolivia. El 40 por ciento de la cooperación se gasta en comisiones que las ONG americanas cobran por administración de recursos; el 30 por ciento se destina a sueldos de funcionarios norteamericanos, y solo el 30 por ciento se invierte en la ejecución de proyectos, incluidos los salarios para los bolivianos. «¿Qué queda para el desarrollo? Nada», afirma Quintana.??Los niveles salariales son diferenciados: Un norteamericano gana 25 mil dólares al mes; un ejecutivo de alto nivel boliviano, 5 mil dólares. «¿Cuál es la condición de justicia y equidad?», se pregunta el Minist4ro??Las estructuras institucionales que financia el gobierno norteamericano están integradas por funcionarios de viejos regímenes como el de Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Quiroga.??Dado que la cooperación de Estados Unidos no trabaja directamente con las ONG bolivianas, intermedia con las ONG americanas que subcontratan a fundaciones alineadas a la potencia del norte. ¿Quiénes son sus funcionarios en Bolivia? Aparecen en las listas del «think tank» pro gringo Carlos Hugo Molina, ex viceministro en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Roberto Barbery y Rubén Ardaya, ex autoridades en anteriores gobiernos; Wálter Guevara Anaya, José Carlos Campero, Javier Cuevas, Javier Revollo, Juan Carlos Urenda, Franz Barrios, Iván Arias, Diego Ayo, Marcelo Renjel, Cayo Salinas, y otros que trabajaron para los gobiernos neoliberales del pasado.
«No estamos dispuestos a ser patio trasero de ninguna potencia extranjera. A los empleados bolivianos que trabajan con las organizaciones norteamericanas les pedimos que trabajen por el bien de Bolivia y que no sean unos vendepatrias», comentó Quintana.
En qué se gasta la plata gringa
Según una investigación del periodista Reed Lindsay publicada en El Juguete Rabioso en noviembre de 2005, Estados Unidos ha gastado millones de dólares apoyando a partidos desacreditados y socavando movimientos sociales independientes. Se tiene evidencia de que USAID intentó alguna vez apoyar la construcción de partidos políticos «moderados y pro democráticos» que sirvan como una balanza al MAS de Evo Morales, al que tildaban de «agitador ilegal de coca».
«Moderación» es la palabra preferida de los programas de «promoción de la democracia» que siempre favorecen a los partidos y dirigentes que apoyan el mantenimiento del statu quo. Entre 2002 y 2004, el Instituto Nacional Democrático en Temas Internacionales (NDI por sus siglas en inglés) incluyó a Bolivia en su «programa de dirigencia política» con una beca de la Fundación Nacional para democracia (NED), famosa por su apoyo a la oposición a Chávez en Venezuela.
Según documentos obtenidos por FOIA, el programa llevó 13 líderes a Washington para que asistan a talleres y después distribuyó fondos para sus proyectos de fortalecimiento de sus partidos. Los participantes fueron miembros del MNR, ADN, MIR y NFR. El MAS y el MIP no fueron invitados.
También financiado por USAID, el Instituto Republicano Internacional (IRI) estableció una oficina en Bolivia pocos meses después para «fortalecer a la sociedad civil» incluyendo un proyecto para distribuir 20 mil manuales en colegios que se titula «Hacia una cultura democrática: autoridad y responsabilidad». El manual ni menciona a las comunidades indígenas, y mucho menos a las autoridades indígenas. «Estas culturas no respetan las reglas», dijo la representante del IRI, María Eugenia Verástegui. «Ellos son autoritarios. En una democracia se tiene que respetar las normas… tenemos que institucionalizar el conflicto para que estas figuras radicales estén en el juego democrático».
Otro proyecto del IRI incluyó una serie de reuniones entre políticos y periodistas para estimular a la prensa a que «muestre la buena cara del sistema político y los partidos políticos, tan desacreditados ahora».
Según la experiencia de los que reciben fondos, la definición de democracia que impone la ayuda cooperante estadounidense es muy restringida. «En lugar de fortalecer las organizaciones locales, ellos las destruyen desde el interior», explica Mónica Mendizábal, que trabajaba en el Centro Gregoria Apaza para la promoción de mujeres en El Alto hasta 2004.
Mendizábal manejó un programa financiado por USAID con talleres con campesinos aymaras sobre justicia comunitaria. Según Mendizábal, representantes de USAID le dijeron que no permita una discusión «demasiado libre» en los foros y le advirtieron no «mover las aguas demasiado».
En marzo de 2004, USAID abrió una rama de la Oficina de Iniciativas Transitorias (OTI) en La Paz. OTI fue fundada en 1994 para «tender un puente entre la ayuda coyuntural y el desarrollo a largo plazo a los países en crisis». Denominado por un analista como «las fuerzas especiales de ayuda al desarrollo», OTI está orgullosa de su habilidad para intervenir muy rápidamente después de recibir una orden y de evaluar y aprobar propuestas en cuestión de días. OTI se presenta como una organización experta en resolver conflictos, pero no ha iniciado ni un solo programa en Santa Cruz, donde fermenta un profundo conflicto regional.
A diferencia de USAID, OTI tiene un enfoque «abiertamente político» y da prioridad al trabajo con grupos locales que pueden tener un impacto político. Según su literatura, OTI «trabaja en proximidad con el Departamento del Estado, que muchas veces usa los instrumentos programáticos de OTI para traducir sus metas diplomáticas y políticas extranjeras en mejoramientos tangibles en el país». Hasta finales de 2005, la contratista privada Cassals y Asociados administraba sus fondos en Bolivia a través de una oficina en La Paz que se denomina Iniciativas Democráticas Bolivianas (IDB).
A través de IDB se financió un programa gubernamental de instalación de conexiones de gas para los residentes de El Alto, esto con el objetivo de «despolitizar el tema de gas natural dando gas, al mismo tiempo que se promueve la exportación». Otra subvención de 31 mil dólares financió un programa gubernamental para instalar tuberías de agua y alcantarillado para «desarmar las demandas de los sectores radicales que pedían la nacionalización de los servicios de agua». La beca fue subvencionada después de las protestas en El Alto contra la empresa privada del agua AISA. Desde marzo de 2004 hasta julio de 2005, 2,8 millones de dólares, casi el 43% del dinero distribuido por OTI, fue invertido en la «difusión de información y diálogo».
Según Sandra Aliaga, antigua jefa de comunicación del ex Presidente Carlos Mesa, OTI financió 40% del presupuesto de relaciones públicas del gobierno incluyendo una serie de «encuentros informativos» sobre el referéndum del gas. Pero debido a que el tema era muy «sensible», la organización decidió no financiar debates sobre la ley de hidrocarburos, aunque esa legislación determinaría el destino del gas de Bolivia.
Según Julio Mamani, periodista aymara que dirige la Agencia de Prensa Alteña (APA), dirigentes de juntas vecinales denunciaron que Iniciativas Democráticas de Bolivia ofreció computadores, teléfonos y otros materiales en junio con la condición de que suspendieran las protestas. [1]
Al mismo tiempo que la OTI ayudó al gobierno de Mesa a lanzar el referéndum y a mantener el debate sobre el gas dentro de ciertos límites, entregaba silenciosamente montos abultados de dinero para crear movimientos indígenas favorables a Estados Unidos. Uno de los beneficiados fue la Fundación Brecha, dirigida por Marcial Fabricano, que ha sido acusado por comunidades indígenas en el parque nacional Isiboro Securé de aceptar «pegas» en 1997 de un maderero a cambio de árboles ilegalmente talados.
Fabricano era el viceministro de Temas Indígenas en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y ejerció mucha influenza sobre la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Bajó influencia del director de la Fundación Víctor Hugo Vela, el CIDOB asumió una posición completamente opuesta a la mayoría de los movimientos indígenas. Según el OTI, «mientras grupos regionales y indígenas están bloqueando las calles, ocupando tierra privada y haciendo huelgas, CIDOB constantemente ha llamado al diálogo y a recurrir a métodos pacíficos para asegurar equidad para la población indígena».
Walter Reynaga creó una organización política e indígena pro Estados Unidos que se denomina Movimiento Tierra y Libertad (MTL) gracias a una subvención de 190 mil dólares de OTI en 2004. Durante 11 meses, Reynaga entrenó a 80 dirigentes jóvenes indígenas en un curso tocando temas económicos, políticos, sociológicos y de derecho. El programa terminó con un debate público en febrero de 2005.
Reynaga estaba en la vanguardia del movimiento indígena en los años ochenta, pero ahora es un defensor de las políticas neoliberales y un admirador de la democracia representativa del norte. Reynaga dijo que logró cooptar a algunos miembros del MAS y también a gente del Movimiento Sin Tierra. Comentó también que intentó ganar el apoyo de Evo Morales hacia su línea política a inicios de 2005 dándole clases privadas de economía y política en su casa de Cochabamba, pero Morales, abruptamente, cortó las reuniones, declaró Reynaga.
[1] USAID ofreció equipar 15 sedes sociales de las juntas vecinales en el Distrito 8, uno de los más radicales en la insurrección de Octubre de 2003, con la condición de que los dirigentes suspendan el paro.