La nominación de Jorge Quiroga como «delegado ante la comunidad internacional» para «explicar la violación de los derechos humanos» demuestra el fracaso de la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez, en hacer creer al mundo que no hubo un golpe de Estado en Bolivia el pasado 10 de noviembre. La autonombrada Añez cree que […]
La nominación de Jorge Quiroga como «delegado ante la comunidad internacional» para «explicar la violación de los derechos humanos» demuestra el fracaso de la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez, en hacer creer al mundo que no hubo un golpe de Estado en Bolivia el pasado 10 de noviembre.
La autonombrada Añez cree que el simple hecho de colocarse una banda presidencial le otorga por arte de magia la inteligencia necesaria para gobernar democráticamente un país como Bolivia, cuando en los hechos actúa como el testaferro de una derecha golpista boliviana, apañada por Estados Unidos, que es la que le prepara la estrategia, los decretos y los discursos que ella difícilmente los lee al país.
Sin embargo, aunque su imagen puede ser conveniente dentro el espacio nacional, sus dotes no le alcanzan para maquillar en la escena internacional el golpe de Estado del 10 de noviembre.
Una presidenta que cita erradamente a Einstein en el Parlamento, una abogada que ni siquiera puede conjugar adecuadamente el verbo poner en un discurso en el Palacio de gobierno tras el golpe («…agradezco también a todos los ministros que nos acompañan, que han ponido el empeño…») solo puede alcanzar a ser entrevistada por un ex actor de telenovelas mexicanas en CNN, pero hasta allí llega.
Con este nombramiento, anunciado por Añez el 2 de diciembre por la noche en La Paz, Jorge Quiroga y las figuras que apoyan el golpe de Estado buscarán tapar el sol con el dedo y convencer a la opinión internacional que no hubo un golpe de Estado en Bolivia.
Buscarán hacer creer que la represión desatada desde el golpe cívico-militar del 10 de noviembre, la suma de muertos, heridos y detenidos, además de la persecución desatada contra los movimientos sociales que rechazan el golpe de Estado, es un acto de «defensa de la democracia» en Bolivia.
En el país, tanto Fernando Camacho como Carlos Mesa, pasando por la propia Añez, la ministra de Comunicaciones Longaric, y el ministro de Gobierno Murillo, han insistido que no hubo un golpe de Estado.
El 11 de noviembre, en un mensaje en su cuenta Facebook, Fernando Camacho, explicó que «es falso» afirmar que hubo un golpe de Estado en Bolivia.
El 12 de noviembre, en una entrevista al periódico español ABC, Carlos Mesa declaró que Evo Morales «miente de manera grosera» al afirmar que hubo un golpe de Estado, añadiendo que «Eso no ocurrió. Las Fuerzas Armadas no sacaron ningún soldado ni hubo actos de subversión».
La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, que no tiene la menor idea de lo que le compete a un gobierno de transición, pero sí sabe lo que le conviene a la restauración neoliberal en el país, también declaró el 12 de noviembre a Radio France Internacional que lo que ocurrió en Bolivia el 10 de noviembre «no es un golpe de Estado porque un golpe de Estado es una imposición, es presión, es coacción», como si no fueron precisamente esas las acciones llevadas a cabo por la derecha racista y cristera que ahora ocupa el gobierno en el país.
Añez, Mesa, Quiroga, Camacho, Longaric, Murillo y sus demás cómplices buscan desesperadamente hacer creer al mundo que no hubo golpe de Estado en Bolivia. Esto por una sencilla razón: bajo un golpe de Estado sus actos y decisiones carecen de legalidad, ya que en la jurisprudencia internacional aquellas disposiciones tomadas mediante el uso ilegítimo de la coacción carecen de valor. Esto en un juicio que deberá establecer y distinguir la ilegitimidad del origen de un gobierno y la consecuente ilegitimidad del ejercicio de sus nuevas disposiciones. Otro principio jurídico establece que «ante la violación de una obligación internacional se debe reparación.»
Las decisiones tomadas por un gobierno golpista pondrán en duda el valor de cualquier modificación a las leyes en materia de exploración y explotación petrolera, o del litio. También abre las puertas a la anulación de decisiones tomadas por Añez, las que por su naturaleza no corresponden a un gobierno de transición, como los cambios en las políticas exteriores del país, la reanudación de relaciones con Estados Unidos o el acercamiento a Israel. En suma, las medidas tomadas por la autonombrada presidenta Jeanine Añez y su séquito son fraudulentas porque son producto de un golpe de Estado.
Las voces de condena al golpe en el ámbito internacional son claras. Bernie Sanders uno de los principales candidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos afirmó el 17 de noviembre ante el periodista Jorge Ramos que «Morales hizo un muy buen trabajo aliviando la pobreza y dando voz a los indígenas de Bolivia. Cuando los militares intervienen, Jorge, eso se llama golpe de Estado».
Ya el 12 de noviembre en una elocuente presentación en Washington, el embajador uruguayo en la Organización de Estados Americanos (OEA), Hugo Cayrús, rechazó hoy el golpe de Estado ocurrido en Bolivia y criticó algunos eufemismos usados para hablar de los eventos en ese país. También puso en duda la capacidad de la OEA de defender a los gobiernos legítimos en la región.
El 1 de diciembre, en el Zócalo de México, el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador declaró enfáticamente que «Evo fue víctima de un golpe de Estado, y desde México para el mundo sostenemos democracia sí, militarismo no.»
El pasado 11 de noviembre, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández también declaró ante las cámaras de la televisión que «ha habido un golpe de Estado en Bolivia, para que nadie se confunda, para que hablemos claro y sin mentiras.»
El propio José Miguel Insulza, Ex-Secretario General de la OEA (2005-2015) también afirmó, refiriéndose a lo ocurrido en Bolivia el 10 de noviembre, que «de donde se lo mire, se trata de un golpe de Estado».
A estas declaraciones se van sumando distintos informes de organismos internacionales que van demostrando que en Bolivia sí hubo un golpe de Estado y que, efectivamente, el ejército asesinó e hirió a decenas de indígenas bolivianos.
Tanto Jorge Quiroga, el antiguo delfín del dictador Hugo Banzer, como el propio Mesa o Camacho, meros instrumentos del golpismo neoliberal, fracasarán en su intento de negar su responsabilidad histórica: que juntos echaron por tierra una democracia por la cual tantos bolivianos han dado su vida.