Comunicado del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
En esta fecha se cumplen dos años de la ejecución extrajudicial de nuestro compañerito Humberto Morales Sántiz y el 5 de marzo se cumplirán tres años de la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, ambos crímenes de lesa humanidad que fueron responsabilidad del Estado mexicano durante el sexenio 2012 – 2018 representado por Enrique Peña Nieto.
Ante la impunidad que priva en estos crímenes y la indolencia de la autoridades gubernamentales, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) sale una vez más a las calles, plazas públicas y en cada espacio donde el pueblo preste el oído receptivo para manifestarle los efectos perniciosos que genera la impunidad y la estela de muerte que deja a su paso el terrorismo de Estado, por ello, damos inicio con la Jornada Nacional: ¡Ni perdón, ni olvido, ¡Juicio y castigo a los responsables!
Este esfuerzo parte de la premisa política de que las víctimas son hijos del pueblo y no merecen ser olvidados, mucho menos permitir que su historia, su nombre y su rostro sean borrados de la memoria colectiva producto de la indolencia y la impunidad como política de gobierno, máxime, cuando en el corto tiempo del gobierno de la nueva administración federal, las víctimas de ejecución extrajudicial y desaparición forzada contra el conjunto del movimiento popular, periodistas, defensores de derechos humanos y el pueblo no se detienen.
En pocos días de este sexenio la lista de víctimas de crímenes deleznables va en aumento, el rasgo peculiar del hecho estriba en el carácter selectivo, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones populares destacan recientemente por padecer la violencia institucional.
La criminalización e incriminación fue la respuesta a la que se enfrentaron los familiares y organizaciones populares en exigencia de justicia para sus seres queridos, la justicia es escamoteada por las autoridades a pesar que existe prueba irrefutable de la sistematicidad en la ejecución de violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado.
La ausencia que yace en la morada de nuestros compañeros es un ejemplo de miles que existen en el país con la particularidad de que los crímenes cometidos contra nuestros compañeros se debieron a motivaciones esencialmente políticas. Su ejecución implicó el grado de perversidad con la que el régimen peñista intentó doblegar la lucha por la tierra, su defensa y por el socialismo en México.
Los crímenes de lesa humanidad perpetrados en nuestra contra se debió a que reivindicamos la organización del pueblo con carácter independiente y la resistencia combativa, por solidarizarnos con las causas justas del pueblo, por tanto, la naturaleza de esos crímenes no son fortuitos, su causal es económico y político, constituyen factores explicativos de la política de la administración peñista contra el FNLS.
El Estado mexicano es responsable de la violencia que arrebata la existencia miles de hijos del pueblo, es el poder de la clase dominante la que objetiva el terror en la población con la intención de incrementar sus ganancias económicas, acontecimientos que expresan la magnitud de un gobierno antipopular que manifestó de esa manera el odio de clase contra el pueblo organizado y nuestra organización.
Es evidente la omisión, aquiescencia y comisión de las instancias procuradoras de justicia en el cometido de crímenes de lesa humanidad, las faltas al debido proceso son notables hasta el absurdo, omitir una serie de requisitos del protocolo pericial hasta pretextar que los familiares no coadyuvan en el proceso de investigación, nos refiere el descaro y la sistematicidad con la que se ejecuta la impunidad como política de gobierno.
El proceso jurídico sobre el caso de nuestros compañeros enfrenta el burocratismo y dilación en la investigación, los artilugios leguleyos para obstaculizar la justicia son palpables, aspectos que conducen a la impunidad, por ejemplo, en el caso de nuestro compañero Humberto se omitió deliberadamente realizar la autopsia de ley.
Esta omisión fue documentada, denunciada y presentada ante las instituciones del gobierno chiapaneco, lo que nos condujo a la exigencia para la realización de un peritaje independiente, hecho que implicó exhumar el cuerpo de Humberto y practicarle la autopsia de ley con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los hallazgos fueron contundentes, reafirmó nuestra tesis esgrimida en el caso, la causa de muerte de nuestro compañero fue en efecto, una ejecución extrajudicial.
En el caso de nuestro compañero Fidencio existen datos de prueba que yacen en torno a él que apuntan con claridad a los responsables materiales e intelectuales, testimonio documental que descubre una red de espionaje y contrainsurgencia organizada desde el gobierno estatal y federal con el propósito de crear el perfil de la siguiente víctima de un crimen de lesa humanidad.
Las irregularidades visibles a lo largo del proceso jurídico nos dan la razón respecto a afianzar la conclusión de que el régimen anterior impulsó una campaña represiva y sistemática contra nuestra organización, por ende, en el ámbito de la legalidad es palpable la impunidad y la negación categórica al debido proceso para el juicio y castigo por nuestro compañerito y la presentación con vida de nuestro compañero Fidencio.
Los representantes tanto del ejecutivo federal como en la entidad chiapaneca, tienen responsabilidad en el crimen cometido contra nuestros compañeros. Fueron indolentes, simularon el diálogo y a nuestras exigencias de justicia respondieron con represión, hostigamiento y dilación, baste recordar los escenarios represivos el 27 y 29 de junio de 2017, el 30 de mayo de 2018 y el más reciente, la detención arbitraria de decenas de compañeros el 10 de octubre de 2018 en el estado de Michoacán.
La política del régimen durante la administración peñista contra los familiares y al conjunto del movimiento popular fue de carácter antipopular y prooligarca, cada crimen cometido significó un paso en la imposición de las políticas neoliberales, el medio para objetivarlo fue la política de terrorismo de Estado, empero, una nueva coyuntura emerge, el gobierno y sus medias económicas y políticas adquieren un matiz de forma pero en esencia el régimen se mantiene incólume.
Se constatan con los hechos recientes de violación a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, de represión contra el conjunto del movimiento popular, el indicativo de que la actitud del nuevo gobierno no corresponde con las exigencias del pueblo, todo muestra que la ruta política, jurídica e institucional alberga y tiene pocas variantes respectos de sexenios pasados porque hasta el momento no existe transparencia respecto a suprimir de su política el burocratismo, la dilación, la impunidad, la demagogia para el juicio y castigo a los responsables.
La retórica vertida recientemente por los voceros del régimen con relación a las desapariciones forzadas no responde a las exigencias de los familiares, organismos defensores de derechos humanos y organizaciones populares, no hay muestras claras por detener esta práctica mucho menos una condena enérgica, por el contrario, la militarización continuará, lo que implica el riesgo aún mayor de persistir el cometido de crímenes de lesa humanidad y la continuidad del terrorismo de Estado.
Afirmar que se «buscará» e «identificarán» los cuerpos hallados en las fosas clandestinas significa una evasiva para enjuiciar a los criminales de Estado, implica dar por muertos a los detenidos desaparecidos, son argumentos que allanan el terreno para «desaparecer a los desaparecidos» y condenar al olvido a las miles de víctimas por este flagelo.
La actual administración aún está a tiempo de hacer un viraje a su política de Estado, sólo que ésta debe ser en la vía de los hechos, no basta con arengas o retórica, la incertidumbre, la resistencia y la necesidad incasable de los familiares de las víctimas por juicio y castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y la presentación con vida de sus seres queridos son palpables y acuciantes.
La exigencia no se detendrá mientras no haya justicia y castigo o no se dé con el paradero, el acceso a la verdad, justicia pronta y expedita y la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, por esto, la Jornada Nacional: ¡Ni perdón, ni olvido! ¡Juicio y castigo! A los responsables a desarrollarse del 28 de febrero al 8 de marzo.
La Jornada de lucha es un medio para hacer válido nuestro derecho a organizarnos para continuar con nuestras exigencias, para no borrar de la memoria del pueblo las vejaciones que son objeto los hijos del pueblo. Constituye un esfuerzo por nombrar y dar voz a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de Estado. Porque el caso de nuestros compañeros no queden en la impunidad y se enjuicie y castigue a los responsables.
Invitamos a los medios de comunicación, pueblo en general, a los organismos defensores de los derechos humanos, a que estén atentos al desarrollo de las actividades políticas de la Jornada en los estados donde tenemos presencia y arraigo. Porque la ausencia de un ser querido no es una trivialidad, sino un acto inhumano del régimen, por tanto, quienes en un acto de empatía hacen el esfuerzo de asimilar la magnitud del fenómeno, sumarse a la lucha de los familiares y el pueblo organizado es una necesidad imperiosa.
¡Ni perdón, ni olvido! ¡Juicio y castigo a los criminales de Estado!
¡Presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!